Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La diputada del Congreso Nacional (CN) María Luisa Borjas, enfrenta un segundo proceso, utilizando la figura de delitos contra el honor, luego de exponer públicamente presuntas violaciones a los derechos humanos derivados de actos de corrupción en Honduras.

La más reciente querella fue presentada por el diputado Mario Sorto Deras, del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), denunció por injurias y calumnias a su compañera del mismo partido político, Libertad y Refundación (LIBRE).

La diputada Borjas señaló la existencia de fraude en el proceso de elecciones primarias que se llevaron a cabo en Marzo 2021, y exigió respuesta a la Comisión de Delitos Electorales por candidatos a cargos de elección popular del partido Libertad y Refundación (LIBRE).

La abogada Kenia Oliva, defensora de la diputada, explicó que las implicaciones de las denuncias contra Borjas atentan contra  la libertad de expresión  por que se sigue usando el derecho penal para castigar a quienes evidencian casos de corrupción.

“Los casos que ha denunciado Borjas son de interés público de que ciertas personas han cometido delitos, por lo tanto las personas que ella denunció hoy enfrentan acusaciones penales inclusive se encuentran privadas de libertad, esto implica que el hecho de denunciar a la diputada es una forma de callar y que no se continúen con las investigaciones a los autores intelectuales”, sostuvo la abogada.

La experta en leyes consideró, que denunciar a las personas que se expresan sustentando sus verdades con evidencias contundentes puede “generar miedo y temor contra los, periodistas, comunicadores, defensores del medio ambiente y los derechos humanos, qué se dedican a denunciar públicamente casos de corrupción”.

La Comisionada en retiro de la Policía Nacional, María Luisa Borjas en el año 2017 se presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) con tres informes de la Secretaria de Seguridad.

Señaló a presuntos responsables de los asesinatos del “Fiscal de oro”, abogado Orlan Chávez, el Ingeniero Alfredo Landa Verde, ex Subdirector de la Dirección contra la Lucha por el Narcotráfico y la líder indígena ambientalista, Berta Cáceres.

Por lo tanto Camilo Átala Faraj, denunció a la diputada por el delito de calumnias constituvas de difamación, pero cuando le dieron la sentencia, el poderoso empresario accedió a pagar la conmuta de la sentencia contra Borjas de dos años y ocho meses de prisión.

Pretenden coartar a María Borjas

“He sido víctima de un sistema corrupto que puso en grave riesgo mi vida y la de mi familia, actualmente no solo pretende coartar mi participación política, sino que amenaza con privarme de mi libertad, la narcodictadura ha extinguido el estado de derecho, implica un peligro de privación arbitraria de la vida, por lo que no puede asumirse como un juego político”, comunicó en una carta la diputada al abogado de Atala

Además aceptó que el empresario Atala pagara la fianza de la sentencia de cárcel contra María Borjas y argumentó “estoy totalmente de acuerdo con que el señor Atala Faraj asuma esa responsabilidad, como promotor del ilícito proceso, y por ser una sanción a la que no me he hecho merecedora por no haber cometido delito alguno”.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su marco jurídico expone que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción. Y en debates sobre interés público se protegen la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública “como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población”.

“El Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”, establece el Sistema Interamericano.