Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Virtual “COVID-19: Nuevos Retos para las Voces Libres”, es nombre del foro virtual organizado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y Abogados Sin Fronteras Canadá a realizarse  la semana del 26 al 30 de octubre del presente año.

El foro contará con la participación del recién nombrado relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) Pedro Vaca, así como representantes nacionales e internacionales de organizaciones de Derechos Humanos, expertos en acceso a la información pública, radios comunitarias y periodistas.

Los temas centrales del foro serán las limitantes existentes en acceso a la información pública, criminalización de la protesta y las agresiones a la libertad de expresión, entre otros temas que se han recrudecido en el marco de la Pandemia COVID-19.

La dinámica del foro será el debate virtual a través de la plataforma zoom con retrasmisión completamente en vivo por las redes sociales de C-Libre, lo que permitirá la retroalimentación de la comunicación entre los expertos y el público participante.

El foro se habría programado de forma presencial a inicios de 2020, pero justamente la llegada del COVID-19 que declaro “estado de emergencia sanitaria”, desde el 10 de febrero en Honduras a través del Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, conllevo a un replanteamiento en la forma del evento.

Sumado a ello es oportuno resaltar que a partir de ese estado de emergencia el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), anunció la suspensión de los servicios que se brinda a los ciudadanos y a los trabajadores de la institución.

Posteriormente, el 16 de marzo, el PCM-021-2020, suspendió una serie de garantías constitucionales, entre las que se encontraba la libertad de expresión, prevista en el artículo 72 de la Constitución de la República, este decreto también limitaba el derecho a la libre circulación de personas y el derecho de organizar concentraciones sociales.

Ambos decretos marcaron el inicio de una nueva etapa de retos y desafíos relacionados con el acceso a la información pública, libertad de expresión, libertad de prensa y la libertad de información, entre otros.

Libertad de expresión y asociación

La entrada en vigencia del Código Penal en junio de 2020 y en un contexto de pandemia, representa una seria amenaza para la libertad de expresión y acceso a la información pública, que criminaliza la protesta social y afecta el ejercicio periodístico con la creación de nuevos delitos, pese a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Desde la suspensión de garantías constitucionales, hasta la fecha C-Libre ha contabilizado 120 agresiones contra trabajadores de medios de comunicación, en las que destacan golpes, destrucción de equipo, privación injusta de su libertad, despidos hasta el asesinato de dos periodistas y un camarógrafo, para C-Libre las fuerzas policiales han actuado con mayor agresividad hacia la prensa.

Durante el confinamiento, en Honduras se evidenció un importante freno de la protesta sin embargo estas fueron creciendo lentamente, sectores como trabajadores públicos y defensores de Derechos Humanos salieron a las calles por diferentes exigencias, mismas que tuvieron consecuencias como criminalización hasta despidos.

Limitaciones al Acceso a la Información

El estado de emergencia por COVID-19 ha dejado al descubierto las deficiencias de los Estados, no solo en materia de salud, sino también en la falta de transparencia y en la capacidad para gestionar de forma adecuada los recursos económicos, en Honduras organizaciones como el CNA Y FOSDEH han evidenciado en sus informes la falta de transparencia en cuanto al manejo de fondos que ha tenido el Estado en compras y adquisiciones en tiempo de pandemia.

Durante la crisis sanitaria de la COVID-19 el IAIP debe reflexionar como han generado en los distintos sectores sociales que incluso antes de la pandemia, ya se veían afectados por las limitaciones para acceder a sus derechos fundamentales, algunas de las restricciones en Honduras han sido el poco acceso a la información pública de forma oficiosa, las pocas respuestas que los oficiales de acceso a la información pública proporcionan en temas generales, sean estas, parte o no del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), más allá de la información proporcionada por el portal especializado denominado Emergencia COVID19.

Según el primer y segundo informe de verificación del portal especializado de transparencia denominado “Emergencia COVID-19” brindados por el IAIP, releva que “Hay instituciones que continúan con el incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Otro de las limitantes en cuanto al tema de acceso durante las medidas estatales implementadas por la pandemia por COVID-19, ha afectado la defensa que realizan  los defensores y defensoras ubicadas en los distintos territorios, a los cuales se les ha limitado su acceso a la información pública, se les ha vulnerado diversos derechos como el de participación, así mismo las condiciones de confinamiento que impidieron la libre circulación.

A pesar del confinamiento instituciones gubernamentales como el Ministerio de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), permitió que empresas presentaran solicitudes de licencias ambientales, también se les autorizó a continuar con sus operaciones pese a que sus permisos ambientales estuvieran vencidos, dichas acciones evidencian la vulneración al acceso a la información y a la consulta previa de las comunidades.

El extractivismo ha estado a flote durante tiempo de pandemia, tal es el caso de las Zonas de Especiales de Desarrollo (ZEDES), tema que ha vuelto a resurgir con la instalación de estas en diferentes zonas del país, en base a ello los defensores y defensoras del territorio han realizado marchas evidenciando la violación a sus derechos en sus territorios.


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