Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Voces del Sur presenta “Informe Sombra 2019” sobre la Implementación de la Meta de Desarrollo Sostenible 16.10.01 hacia la agenda 2030, el cual refleja las agresiones sobre libertad de expresión, libertad de prensa, y acceso a la información en América Latina.

Voces del Sur (VDS) es un proyecto dirigido por 10 Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS), que defienden la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en 10 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, y Brasil, siendo el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) el representante de Honduras.

Según informe en 2019, se reportaron 2.521 alertas en ocho países de América Latina, VDS en el año 2018 reportó 734 alertas de los mismos países. Tanto de manera regional como local, la información nos habla sobre un rápido deterioro en la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en el contexto de creciente represión y restricciones. Esta situación habla de la alta vulnerabilidad de estas libertades fundamentales en América Latina y como socaban de manera seria la paz, justicia y democracia en la región, bloqueando la Agenda 2030.

 VDS manifiesta que el Indicador 16.10.01 está enraizado en el entendimiento que las violaciones contra periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos no solo tienen un aterrador efecto inmediato, pero también consecuencias transformadoras para el ejercicio de las libertades fundamentales de todas las personas y la construcción de sociedades pacíficas y justas.

 Para reflejar los datos en el informe, VDS ha diseñado 12 indicadores regionales en común para mejorar el reporte, dichos indicadores son descritos en el informe de la siguiente forma; Asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, agresiones y ataques, discurso estigmatizante, acceso a la información, procesos judiciales, uso abusivo del poder estatal, marco jurídico contrario a estándares y restricciones de internet.

 El Estado es el mayor agresor

En el caso de Honduras el número de alertas que se reportaron en el 2018 fueron 80 y en el 2019 131, teniendo una variación de sesenta y cuatro por ciento, el informe también refleja que de las alertas reportadas el setenta y uno por ciento de las víctimas son reporteros, y el mayor agresor es el Estado con un sesenta y cinco por ciento.

En cuanto al tipo de perpetrador el estatal cometió la mayor parte de agresiones con un total de 85, el no estatal 32 y el desconocido 14.

En América Latina en el 2019 los países miembros reportaron 2521 alertas, con un incremento de doscientos cuarenta y tres por ciento comparado al año 2018. Dicho informe revela que 1096 del total de alertas 2019 fue a causa de abuso del poder del Estado.

Dicho informe también refleja una cifra alarmante en cuanto a los asesinatos cometidos contra periodistas fueron seis en el 2018 y nueve en el 2019, el total de los datos del año 2019 fueron registrados en Honduras, siendo siete periodistas y dos de sus familiares.

“La realidad más horripilante reside en el aumento en la gravedad de los casos, especialmente en los asesinatos de Paúl Alexander Reyes John, hijo de los periodistas Walter Reyes y Nancy John, Maribel Bolian quien estuvo casada con el periodista Buenaventura Calderón, así como de los periodistas Gabriel Hernández, Santiago Carbajal, Edgar Joel Aguilar, Kerin Francisco Cerna, Buenaventura Calderón, Johana Alvarado y José Arita” indica VDS en el informe.

Sobre los asesinatos de periodistas cometidos en Honduras el informe describe que cerca de 80 periodistas han sido asesinados en Honduras desde el 2001, más del 90% de estos terribles crímenes se mantienen en la impunidad, y que los procesos de Investigación para identificar a los perpetradores intelectuales y materiales y llevarlos ante la justicia es una farsa.

VDS, prevé “Es razonable esperar que la impunidad continuará en aumento en 2020 ya que los crímenes cometidos contra periodistas en 2019 no han sido resueltos o han sido resueltos insatisfactoriamente. El leve incremento en las violaciones perpetradas por agentes no estatales y actores desconocidos puede ser una señal de una tendencia peligrosa y preocupante”.

Incremento de agresiones

En la descripción agresiones y ataques, Honduras refleja un incremento del cien por ciento en comparación con las agresiones cometidas en el año 2018, siendo los datos 46 en 2018 y 92 en el 2019.

Además el informe revela que los procesos judiciales en Honduras aumentaron en seiscientos por ciento, registrando un caso en el año 2018 y siete en el 2019. “En 2019, se registraron siete alertas relacionadas con procesos judiciales contra periodistas en Honduras, un incremento de 600% desde 2018. Esta situación podría empeorar con la aprobación de un nuevo código penal para 2020. Se espera que el nuevo código mantenga la denominación de 1984 de “crímenes contra el honor”— difamación y calumnia—como ofensas penales”.

“La información de 2019 muestra una evolución trágica y previsible de la situación reportada en 2018 donde la norma fue agresiones y ataques, acoso, intimidación, hostilidad institucionalizada hacia la prensa. En ese sentido, los prospectos para 2020 son premonitorios. La situación de las libertades fundamentales en el país continúa deteriorándose a una tasa alarmante, cambiante y violenta y está agravada por una rampante impunidad” detalla el informe.

Entre las recomendaciones de Voces del Sur plasma en el informe poner fin a la impunidad y esclarecer mecanismos efectivos de protección para periodistas “Es imperativo que la sociedad civil hondureña y la comunidad internacional monitoreen de cerca la situación de la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en el país con miras al futuro. Poner fin a la impunidad y establecer mecanismos efectivos de protección para periodistas son prioridades de primer orden. De igual manera lo es derogar el nuevo código penal propuesto”.

Cabe recalcar que el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), presentó el mes pasado un recurso de inconstitucionalidad contra la vigencia del nuevo código penal, hasta la fecha C-Libre refleja un dato estadístico de 114 alertas.


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