Tegucigalpa, Honduras (Conexihon.hn).- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), presentó recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la vigencia del nuevo Código Penal.

Dicho recurso de inconstitucionalidad fue presentado vía acción contra decreto legislativo número 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, por violentar preceptos constitucionales.

En tal sentido, C-Libre exige a la CSJ ordene su inconstitucionalidad e inaplicabilidad y además que se envíe al Congreso Nacional (CN) para que se remitan los antecedentes.

Al respecto el abogado y periodista Saúl Bueso y además presidente de la junta directiva de C-Libre, expresó “Hemos presentado este día un recurso de inconstitucionalidad en virtud del decreto que dio vida al nuevo código penal adolece de varias anomalías, por otro lado, violenta derechos constitucionales, por ellos solicitamos se declare nulo este decreto constitucional”.

Por otra parte la también periodista y directora de C-Libre, Amada Ponce, dijo  que existen al menos cinco elementos de irregularidad con la entrada en vigencia del nuevo código penal “Hay al menos cinco elementos que recoge este recurso, no fue consultado por la Corte Suprema de Justicia para interponer las acciones que generan el código penal, de acuerdos con las actas del Congreso Nacional, varios artículos no fueron aprobados de forma tal que hicieron falta votos para que fueran aprobados hay una diferencia de entre seis a diez votos”.

“Existen diferentes acciones que se debieron haber discutido en el Congreso Nacional es decir la interpretación de la forma de reconsiderar un artículo, otro de los elementos el más importante es que no existe elementos con las fechas que fueron aprobadas es decir se dispensaron dos debates y las fechas en las que tuvieron que ser aprobados en el Congreso no estaban sesionando, es importante estos elementos para considerar la inconstitucionalidad por forma” añadió, Ponce directora de C-Libre.

Conexihon visibilizó  el rechazo de la población y organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales antes de entrada en vigencia, por la violación a la libertad de expresión que implicaba el nuevo código penal ya que mantiene la penalización de los “Delitos contra el honor” y por criminalizar la protesta social, a la vez porque careció de socialización con esos sectores. 

A pesar de la petición de varios legisladores del CN auto-convocados en sesión virtual y cumpliendo la mayoría de votos para aprobación de la abrogación del Código Penal, dicha decisión no fue respetada por el Gobierno y el mismo entró en vigencia en el mes de junio.