Nueva York, EE.UU (Conexihon).- Con la vigencia del nuevo Código Penal, el cual mantiene la penalización de los “delitos contra el honor”, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), cuestionó el papel del Congreso Nacional y de Juan Orlando Hernández para hacer modificaciones necesarias y proteger la libertad de expresión.
 
El pasado 25 de junio, venció la “vacatio legis” (Vacación de la Ley) y con ello la vigencia del nuevo texto jurídico en materia penal, mismo que careció de socialización con los diferentes sectores sociales del país, entre ellas, organizaciones de derechos humanos.
 
En una declaración pública en la página web del CPJ, su coordinadora para Centro y sur américa, Natalie Southwick, manifestó que, tanto los legisladores y el presidente Juan Orlando Hernández “tuvieron suficiente tiempo para hacer lo correcto” y efectuar las modificaciones necesarias al nuevo Código Penal”.
 
De forma contundente, la Coordinadora del CPJ dijo que “nos decepciona que Honduras haya desperdiciado la oportunidad de sumarse al creciente consenso regional en el sentido de que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en las causas por injuria y calumnia, y de poner fin a la criminalización del periodismo”.
 
El presente Código, publicado el pasado 10 de mayo de 2019, no incluye el delito de difamación, pero sí la injuria y calumnia, que se sancionan con penas de multa o con penas de prisión de hasta un año.
 
Cabe recordar que, el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, en agosto pasado se reunió con la representación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), y se comprometió a despenalizar los delitos contra el honor. Promesa sin cumplir hasta hoy.
 
Por otra parte, diputados del oficialista Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, manifestó en rueda de prensa el pasado 20 de febrero que “personalmente no estoy de acuerdo en que se despenalice la injuria y la calumnia… algunos hacen calumnia, hacen injuria, le dicen de todo a un ciudadano particular y ¿cómo se defiende uno?”.
 
Un mes antes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la injuria, calumnia y difamación, deben mantener las penas “conforme a la redacción del actual Código Penal vigente (Decreto 144-83), en su artículo 251” y que reportó en una alerta, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 
 
El pasado 08 de junio, organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, donde expresaron su preocupación por mantener las figuras de delitos contra el honor en la nueva normativa y las referentes a criminalizar la protesta social.
 
La misiva, firmada por Articulo 19, PEN Internacional y su Centro PEN Canadá, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Reporteros sin Fronteras (RSF) y por Honduras, el Centro PEN en el país y la Asociación por l Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); instaron al Poder Legislativo a suspender, revisar y realizar un proceso de consulta del nuevo Código Penal antes de su puesta vigencia, a lo que hicieron oídos sordos.