Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), observó con preocupación el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado –policiales y militares– en la represión de las protestas, lo que derivó en muertes, detenciones y heridos.
Además, de la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema para el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión, explicó la RELE-CIDH en el informe anual volumen II sobre la situación de la libertad de expresión en el año 2019.
El año pasado se reportaron al menos seis asesinatos de comunicadores sociales que aún no han sido identificados sus autores materiales o intelectuales. Además, numerosos comunicadores y periodistas abandonaron el país por amenazas e intimidaciones que recibieron por ejercer su labor informativa.
Periodistas asesinados en 2019
- El 17 de marzo fue asesinado el periodista Gabriel Hernández de 54 años, que dirigía el programa “El Pueblo Habla” de Valle TV, además corresponsal de Radio Globo, era conocido por sus fuertes críticas en contra del alcalde.
- El 5 de julio fue asesinado el presentador de televisión Santiago Carvajal, activista por los derechos de la comunidad LGTBI.
- El 31 de agosto el periodista y comunicador Edgar Joel Aguilar, corresponsal de la señal televisiva nacional Canal 6 y de la televisora local Cable Mar TV.
- El 1 de noviembre fue asesinado el periodista Buenaventura Calderón, uno de los coordinadores del noticiero “Ecos de la Mosquitia”, en la Radio KupiaKumi, de Puerto Lempira.
- El 21 de noviembre fue hallado el cuerpo de la comunicadora y presentadora de televisión del Canal 45 de Catacamas (Olancho), Johana Alvarado.
- El 25 de noviembre en Puerto Cortés, departamento de Cortés, fue asesinado el periodista José Arita, quién habría sido atacado cuando salía de las instalaciones de Puerto Visión Canal 12, tras finalizar su programa “La Hora de la Verdad”.
“La Relatoría Especial observa con preocupación que se trataría del sexto asesinato contra personal de prensa en 2019 e insta al Estado hondureño a investigar los casos de forma completa, efectiva e imparcial, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística”, señala el informe.
Así mismo, subraya, “el asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura y que la impunidad contribuye a la autocensura de la prensa”.
Protesta social
Durante el año se desarrollaron intensas protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. En la represión también participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia, explica el informe.
En abril comenzaron a realizarse manifestaciones masivas en Honduras en protesta por la aprobación de reformas para reestructurar los sistemas de salud y educativo, impulsadas por el Gobierno. La Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación, rechazaron las reformas porque entendían que derivarían en una privatización de los servicios y en el despido de funcionarios públicos.
De acuerdo con la organización Comité por la Libre Expresión (C-Libre), del 4 de marzo al 25 de junio, hubo al menos 346 protestas en todo el país.
El 27 de mayo la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad difundió un comunicado en relación a la convocatoria de los gremios de Salud y Educación a continuar las protestas. La Secretaría indicó que sus funcionarios estaban “facultados conforme a ley, a proceder al desalojo de manifestantes que persistan en bloquear ejes carreteros y que con acciones vandálicas destruyan la propiedad pública y privada y pongan en riesgo la integridad física de la población”. Asimismo, instó a “todos los sectores de la sociedad a recurrir al diálogo y evitar acciones constitutivas de delito”.
Criminalización de la protesta
Organizaciones defensores de la libertad de expresión cuestionaron el contenido del mensaje, al entender que la Secretaría “estigmatiza la protesta social” al definirla como “acciones vandálicas”.
De igual forma, el discurso del secretario de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en una entrevista habría amenazado con realizar capturas a manifestantes: “[n]o importa a quien, no importa a quien tengamos que ir a arrestar, lo vamos a hacer”.
El 20 de junio el presidente, Juan Orlando Hernández, informó en rueda de prensa que ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener las protestas y “garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población”. La medida fue aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
En este contexto, la Relatoría Especial recibió información sobre graves agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación que cubren las protestas. Asimismo, se han reportado diversas denuncias de actos de violencia y hostigamiento contra manifestantes y defensores de derechos humanos que participan en las protestas
Asesinatos
Algunos de los asesinatos perpetrados supuestamente por miembros de seguridad del Estado, que ocurrieron en el marco de las protestas por la defensa de la salud y educación son:
- El 11 de abril falleció Wilfredo de Jesús Moncada, de 17 años, como consecuencia de un disparo presuntamente realizado por efectivos de las fuerzas de seguridad desde una motocicleta, durante la represión de una manifestación
- 20 de junio, Eblin Noel Corea Maradiaga, estudiante de 17 años, habría sido ejecutado por un miembro del Ejército en la localidad de Yarumela, La Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero en señal de protesta.
Detenciones y detonaciones
La Relatoría Especial, además informó sobre acciones represivas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones convocadas por estudiantes, en ocasiones incluso dentro de los centros educativos. Como consecuencia del accionar policial y militar, estudiantes habrían resultado gravemente heridos y otros habrían sido detenidos
Por ejemplo, el 24 de junio elementos de la Policía Militar habrían ingresado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y habrían disparado contra decenas de personas que se estaban manifestando en el área de acceso.
La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades.
La Comisión ha señalado que “resulta en principio inadmisible la penalización pese de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión” y que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”.
Mecanismo de protección es insuficiente
Sobre el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la RELE informó que algunos casos periodistas en situaciones de riesgo y bajo amenazas habrían encontrado insuficiente la protección que otorga.
“Esta situación habría forzado a varios periodistas a abandonar el país. Uno de los casos más graves es el del periodista Leonel García Guevara, que habría abandonado el país tras el asesinato de su colega Gabriel Hernández en marzo; ambos habían recibido amenazas de muerte. García Guevara habría solicitado medidas de protección urgentes al Mecanismo de Protección, las cuales le habrían sido inicialmente negadas.
Código Penal
Concluyeron en el informe alertando sobre el nuevo Código Penal que entrará en vigencia el 10 de mayo, sostuvieron que “la aplicación del derecho penal para sancionar expresiones referidas a funcionarios públicos es desproporcionada cuando se trata de un discurso protegido, como la información o expresión sobre asuntos de interés público, y viola el derecho a la libertad de expresión”.
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