Tegucigalpa, Honduras (Cobnexihon).- Un contexto de violencia, criminalización, asesinatos e impunidad, persisten en Honduras, según el Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (RELE-CIDH), Edison Lanza, que visitó el país por sexta ocasión.
Durante la visita académica, el relator manifestó su preocupación por los siete asesinatos de comunicadores sociales ocurridos en el 2019: “Sigue siendo un grave problema la impunidad en los asesinatos a periodista; se debe hacer cumplir al Estado con determinar quiénes son los autores intelectuales y sancionarlos”.
Además, dijo, “la raíz de la violencia se ataca si la fiscalía resuelve los casos de violencia, hostigamiento, asesinatos, se debe encontrar a quienes son lo que hacen esas amenazas y sancionarlos”.
Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas ofrecidas por la abogada Kenia Oliva del Espacio Verificador del Sistema Nacional de Protección, de las 200 denuncias registradas ante la Fiscalía para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), solo se han presentado 15 requerimientos fiscales y se cerraron 67 casos en los últimos dos años.
De igual forma, exigieron respeto y protección al ejercicio de defensoría, al tiempo de demandar investigación para los 20 asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos ocurridos en el año 2019. (Ver nota del10 de diciembre frente al Ministerio Público).
El Espacio Verificador del Sistema Nacional de Protección, asegura que las agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos son consecuencias de la impunidad y penalización que persisten en un país, donde los tres poderes del Estado muestran desinterés en generar un discurso para el pleno goce de expresar libremente ideas y opiniones en el país, así como lo evidencia los delitos contra el honor.
Congreso debe despenalizar delitos
Con la publicación del Nuevo Código Penal, en mayo de 2019, se reforzó la penalización de la injuria, calumnia y difamación; lo que incluye delitos en redes sociales y atentar contra el sistema financiero.
El Congreso Nacional, desde septiembre de 2019, viene prometiendo la despenalización de los delitos contra el honor luego de una serie de reuniones con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). Sin embargo, opiniones particulares como la del diputado Antonio Rivera Callejas, quien se muestra en desacuerdo de dicha despenalización.
Además, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin tomar en cuenta lo que plantea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en opinión enviada al Poder Legislativo, planteó que las penas deben mantenerse igual como la normativa vigente que estipula de uno a tres años de cárcel.
En su último informe de país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso su preocupación por mantener o incorporar figuras penales “incompatibles con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión”.
“La utilización de mecanismos penales para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana”, dijo la CIDH en su informe.
“Los estándares interamericanos especifica la despenalización de estos delitos con otras alternativas como el derecho a réplica o el derecho a rectificación, respuesta y a tramitar cuando haya pruebas de que fue por dañar su honor a un juicio civil, el Congreso Nacional debe despenalizar estos delitos”, explicó el relator Edison Lanza.
Ley de Secretos es Inconstitucional
Otra de las limitaciones al derecho de libertad de expresión que mencionó el relator es la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida como “Ley de Secretos”, puesto que niega el acceso a la información pública.
Por lo tanto Edison Lanza apunta que es importante “la impugnación a la Ley de Secretos porque no coincide con los estándares internacionales ya que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad puede declarar cualquier información reservada hasta por 25 años, hay personas que le quitan a los periodistas las libertades para hacer periodismo porque están bajo un clima violento”, argumentó.
La normativa permite ocultar información sobre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Tasa de Seguridad y Partida Presidencial y condena a quien revele información con cuatro a siete años de cárcel, además del pago de multas entre 100 mil a 500 mil lempiras de sanción.
En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que esta ley “impone severas restricciones al derecho de acceso a la información pública, incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado en esta materia y que deben ser derogadas”.
