Por: Jennifer Funes

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- 2019 se convirtió en un año de terror que invadió a los periodistas y comunicadores sociales que ejercen su profesión en los departamentos  de Copán (occidente) y Cortés (norte) Honduras.

Cuatro de los siete asesinatos de comunicadores sociales ocurrieron en estos dos departamentos. De acuerdo con el registro del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) los periodistas fueron ejecutados en Valle (1), Cortés (2), Copán (2), Gracias a Dios (1) y Olancho (1).

En los últimos once meses, la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
denunció el incremento de la violencia, las agresiones físicas, la intimidación y amenazas especialmente en estos dos departamentos.

En promedio las agresiones se registran una mensualmente para Cortés y una bimensualmente para Copán, es decir, cinco alertas públicas emitidas en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre en el Occidente y diez más en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre para Cortés.

Asesinatos contra periodistas                       

El primer hecho violento ocurrido en Cortés dejó como víctima al periodista Santiago “Santi” Carvajal, quien fue atacado a tiros el viernes 5 de julio, falleciendo en la madrugada del día siguiente en un hospital de San Pedro Sula. "Santi" presentaba en un programa de un canal local de Puerto Cortés y había denunciado en sus redes sociales que era objeto de censura por parte de funcionarios públicos de la municipalidad.

Otro caso es el del periodista, Edgar Joel Aguilar, ocurrido el sábado 31 de agosto en la entrada municipio de nueva Arcadia. Cuando el periodista se encontraba en una barbería, desconocidos entraron al local y comenzaron a dispararle hasta quitarle la vida.

El tercer asesinato fue del comunicador social, Kerin Francisco Cerna (29), el viernes 11 de octubre, frente a su casa de habitación a las 11:45 p.m. cuando desconocidos dispararon en tres ocasiones contra el presentador de televisión en la ciudad de Ruinas, indicó RAPCOS.

El asesinato del periodista, José Arita, en Puerto Cortés, ocurrió la noche el 25 de noviembre. Según información de la prensa local, Arita recién salía de presentar su programa “La Hora de la Verdad”, en Puerto Visión, Canal 12 y tras detenerse a realizar una compra, fue atacado a balazos por desconocidos,  quienes huyeron en un vehículo turismo, entre la segunda y tercera calle, frente al Casino Porteño.

“El asesinato del presentador, José Arita, es un sombrío recordatorio de las mortales consecuencias provocadas por la inacción de las autoridades en el combate a la impunidad en Honduras”  (…) El Gobierno hondureño debe tomar serias medidas para enjuiciar a los asesinos de Arita y para poner fin a la violencia mortal contra aquellos que intentan mantener informada a la ciudadanía”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del (CPJ), desde Nueva York.

Las amenazas recibidas parecen no cesar, muestra de ello es que el corresponsal de Hable Como Habla (HCH), en la zona occidental, Santiago López, beneficiario de medidas de protección por parte del Mecanismo Nacional de Protección permanece en zozobra, lo cual resulta alarmante para las organizaciones de derechos humanos.

López, desde el 2016, ha sido víctima de amenazas y extorción, por lo que interpuso una denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) presentada el 19 de septiembre ante el Ministerio Público, tras las amenazas recibidas por parte de una funcionaria local.

“Yo corro riesgo, salgo con mis hijos y pienso que vendrán de esa estructura criminal que me amenazó a muerte y le puede quitar la vida a mis hijos o a mi persona”, pormenorizó Lopéz.

En la emisión matutina del noticiero de HCH, López expresó que la quema de su motocicleta          fue un hecho más, después que denunciara la amenaza de muerte que recibió.

El mismo patrón de quema de vehículos se repitió esta semana en contra de Elder Cortés, propietario de un canal de reciente creación en Santa Rosa de Copán.

La violencia contra periodistas y la impunidad de estos crímenes continúa afectando seriamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa en Honduras aumentando el riesgo de los profesionales de la comunicación y sus familias.

Extractivismo, corrupción y narcotráfico

De acuerdo con la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, “todas las estrategias de seguridad implementadas por el Estado, la violencia y la criminalidad va en aumento en Honduras lo que hace indicar que la tasa de homicidios será mayor a 42 personas por cada cien mil habitantes en 2019”, aseveró en declaraciones a medios locales.

Para el IUDPAS, la sociedad hondureña “se ha visto impactada por varios hechos que incrementan los niveles de desconfianza y profundizan la deslegitimidad del gobierno”, especialmente en lo referente a la militarización de la seguridad pública y del Estado, lo que califican como un “fracaso del Estado democrático”.

Ambos departamentos son considerados parte de las principales rutas del narcotráfico en Honduras, Copán, es la cuna del poderoso cartel semi desarticulado de Los Valle-Valle. Ahí las operaciones del crimen organizado se manifiestan casi a diario. Por lo que, su ubicación fronteriza con Guatemala, lo convierte en el escenario del tráfico de drogas, personas, armas y otras modalidades del crimen transnacional.

En 2019, el Ministerio Público realizó la Operación Dinastía, en las que se allanaron lujosas viviendas para obtener información en torno a evidencias de la comisión de tráfico de drogas, lavado de activos y delitos conexos.

En febrero del mismo año, mediante la Operación Zeus se le decomisaron bienes al exalcalde de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón (AA), que enfrenta juicio en Estados Unidos por señalamiento de tráfico de drogas.

El cartel era el enlace hondureño del cartel de Sinaloa, México, y uno de los principales emporios del narcotráfico y del “lavado” de dinero del Triángulo Norte de Centroamérica, fue desbaratado por unidades de la DEA—agencia antidroga de Estados Unidos—y de la Policía de Honduras, tras una intensa cacería en contra de sus cabecillas.

En esta zona, la censura se ha impuesto alrededor de dos temas especialmente, nadie quiere divulgar información alguna sobre el narcotráfico, pero tampoco sobre la minería.

La concesión minera ha tenido numerosos impactos ambientales, políticos y sociales en la comunidad de Azacualpa, Copán. El proyecto extractivista de la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), provocó, inicialmente, el desplazamiento forzado de tres aldeas en el municipio La Unión (San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa), sin embargo, existen muchos medios de comunicación que reciben publicidad por parte de la misma.

Otra de las formas de violencia manifestadas en estos departamentos es el aumento de los asesinatos múltiples o masacres que coincidentemente se produjeron en su mayoría en el departamento de Cortés. El 36% de las más de 60 masacres.

La RAPCOS, considera que existe un “efecto amedrentador para la prensa”, pues temen que las bandas o grupos organizados les impidan realizar la cobertura de la denominada “nota roja”.

En esta zona, considera RAPCOS de Cortés, las entrevistas con funcionarios de la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Corporación Municipal o el Ministerio Público son de mucho riesgo, -subrayaron-.

Con el inició de este nuevo año, la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS) de C-Libre, anunció que continuará impulsado la visibilización de la situación de riesgo y las agresiones, exigiendo además medidas de prevención mediante la documentación el registro y seguimiento de violaciones.

 


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