Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Dos años han pasado muy lenta y dolorosamente para el periodista, corresponsal del portal brasileño www.desacato.info y voluntario de diferentes organizaciones de derechos humanos, Ronnie Ezequiel Huete Salgado.

El asilo otorgado por el gobierno de Estados Unidos le permite el resguardo de su vida, pero no aminoran el proceso de desarraigo de su tierra y su familia, sumado a las dificultades de permanecer en un país, sin respaldo alguno. “Aquí la vida es sumamente difícil Washington es una ciudad en la que no sueles tener amigos, es un lugar al que aún no puedo acostumbrarme, cuando sales del país en estas condiciones es muy complejo poder seguir con tu vida, hace dos años he perdido mi vida, ahora estoy luchando por sobrevivir”, indicó.

Desde Washington, Estados Unidos, tras conocer que este viernes, 29 de junio, su agresor, un exoficial de la Policía Nacional, Guido Arístides Zúniga, enfrenta una audiencia por el delito de lesiones, no alivia su dolor y teme que el Estado hondureño podría dejarlo en libertad y proteger a su agresor, tras cometer un grave atentado a la libertad de expresión.

Huete fue detenido por miembros de la Policía Nacional mientras daba cobertura al desalojo de estudiantes en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posteriormente acusado injustificadamente por los delitos de privación injusta de la libertad y daños, junto a 19 estudiantes.

Dos años años después, en la operación denominada “Odiseo VI” la Fiscalía de Derechos Humanos y agentes de la ATIC capturaron en Tegucigalpa al expolicía Guido Arístides Zúniga, por el delito de lesiones en perjuicio del periodista Huete Salgado.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), “En Honduras operan unas 706 empresas de seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardas, cifra que supera en más del doble la cantidad de elementos que tienen juntos la Policía Nacional y el Ejército.” Por lo tanto, relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, según la información disponible, y también se hace énfasis en que la mayoría de los propietarios de esas empresas son ex oficiales de la Policía y el Ejército. ONCAE. (2015). Contrato Difusión Directa. Tegucigalpa.

La violencia contra el comunicador

En las primeras audiencias uno de los defensores procesados solicitó que como medio de prueba se requiriera el vídeo de seguridad completo del edificio administrativo, ya que la ex-rectora, Julieta Gonzalina Castellanos, había enviado a los juzgados un vídeo recortado y editado para criminalizar a los imputados.

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, se negaron a facilitar información de las “más de 70 cámaras del edificio administrativo”, al juez, Armando Ramón Valdez, quien lleva la causa de los 20 estudiantes criminalizados por la toma de ese edificio, el pasado 25 de mayo del presente año.

Luego de la captura de los 19 estudiantes universitarios y del periodista Ronnie Huete, las autoridades presentaron ante los medios de comunicación, varios vídeos editados para justificar la criminalización y también fueron presentados como pruebas ante los jueces por parte del Ministerio Público (MP).

No obstante, tras el nombramiento de Francisco Herrera, como Rector Interino de la UNAH la representante de la Fiscalía le solicitó que enviase el vídeo de seguridad completo, y ante el temor de caer en desobediencia contra el Estado, el video fue puesto en manos de la fiscalía. 

El principal imputado, aunque no el único responsable de propinarle una fuerte golpiza a Huete, es el subgerente de ESPA. Aunque los representantes legales de Huete, consideran que el jefe de Seguridad, exmilitar y supuesto miembro del escuadrón 3-16, Roger Aguilar, podría estar involucrado en las acciones de captura, detención, tortura del grupo.

“Este vídeo evidencia los golpes con que fue sometido Ronnie Huete por parte de los guardias privados de ESPA, también como estos guardias golpean las paredes del edificio pretendiendo dañarlas para incriminar a los estudiantes del MEU”, indicaron.

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Los hechos

De acuerdo con los estudiantes, el comunicador “ingresó al edificio administrativo en el momento en que se desata la represión contra los estudiantes que se encontraban en el edificio, fue sometido a tortura mediante gas lacrimógeno y golpes, tirado a la fuerza al suelo por los guardias de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), quienes también le robaron el teléfono celular; en la fotografía principal de esta nota se puede apreciar a los guardias encapuchados, algunos semidesnudos (sin camisa) y con garrotes en mano, los cuales golpearon al periodista y a los estudiantes, las puertas y paredes también fueron sometidas a golpes; todo esto se puede constatar en el vídeo de seguridad del edificio administrativo”.

El desalojo inició a las dos de la madrugada del 25 de mayo, fecha en que -irónicamente- se conmemora el día las y los periodistas en Honduras. El corresponsal fue golpeado, por varios miembros de la empresa privada que custodian la Universidad y “le robaron su teléfono celular”. Instantes después fue subido a una patrulla y supuestamente "requerido para investigación", según constató entonces el abogado del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Carlo Jiménez.

Los delitos que se le imputaron a Huete y los estudiantes fueron: privación injusta de la libertad y daños, de los cuales fueron declarados completamente inocentes, el 1 de septiembre de 2017.

De acuerdo a la Declaración de Principios de Libertad de Expresión “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Jiménez informó que el periodista fue detenido, a pesar de la recomendación expresa del Al corresponsal fue golpeado por miembros de la empresa privada que custodia la Universidad y miembros de la policía nacional, quienes según denunció “le robaron su teléfono celular”.

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

“Nos personamos al edificio junto al juez y su secretaria para poder analizar la infraestructura y para poder ingresar a la sala de control de mando de las cámaras, que según informes que se tienen está en el onceavo piso, pero al llegar al edificio los encargados nos llevaron al sótano y nos improvisaron un cuarto donde supuestamente se dirigen las cámaras y cuando quisimos ver los vídeos dijeron que ya estaban borrados”, manifestó el abogado Mario Rojas de C-Libre.

Según el abogado Rojas, con esa negativa se evidenció la mala fe de las autoridades de la UNAH al no haber proporcionado ni siquiera con una orden judicial los vídeos de los hechos del día de la toma del edificio”.

Rojas, además reveló, “que tiene conocimiento que edificio administrativo cuenta con más 70 cámaras, por lo que los supuestos daños pudieron haberse captado por cualquiera de las cámaras y esos vídeos no fueron presentados”.

La visita del juez y los abogados fue atendida por un guardia de seguridad, pero después llamaron a un ingeniero pero que en realidad no es ese su trabajo para explicar de una manera técnica los supuestos daños.

Cabe destacar que C-Libre solicito a través de uno de sus periodistas copias de los videos de las cámaras de seguridad de los días 24 y 25 de mayo del año 2017, y la respuesta según Oficio RU-No. 554-2017 firmado por la Rectora de la UNAH fue que “la información requerida de los videos de las cámaras de seguridad del Edificio Administrativo…se debe abocar al Ministerio Publico ya que son evidencia de los hechos acontecidos”.

Organizaciones de derechos humanos, estudiantes y el periodista Ronnie Huete también fueron víctimas de una campaña de estigmatización desde una página en la red social Facebook, creada para atacar al Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en el marco de las protestas estudiantiles. De acuerdo con la denuncia, la página (https://www.facebook.com/unahestudiantesoficial/), usurpa el nombre de una página creada por estudiantes universitarios denominada “UNAH Estudiantes”, para informar las acciones del movimiento estudiantil y que cuenta con al menos 122 mil seguidores en la red social.



Trabajo periodístico de Ronnie Huete

El periodista ha trabajado durante 15 años en diferentes medios de comunicación televisivos y escritos, como docente en las carreras de periodismo y comunicación en las principales universidades de Honduras, como consultor en al menos cuatro organismos internacionales y como voluntario en diferentes organizaciones, consideramos que tiene vasta experiencia laboral necesaria para desempeñarse en diferentes funciones como comunicador y en la coordinación de proyectos de cooperación.

Huete Salgado fue articulista voluntario del periódico digital Conexihon.hn, corresponsal de Desacato.info y trabajó en el área de relaciones públicas del Mecanismo Nacional de Prevención en Honduras (CONAPREV) en Tegucigalpa.

En marzo de 2015, Huete Salgado, recibió amenazas por parte de jóvenes recluidos en el centro de menores RENACER, de Tegucigalpa. En esa oportunidad el comunicador ingresó al recinto para obtener tomas (video), tras unas semanas de estar sin la seguridad correspondiente, los jóvenes menores infractores habían tomado las instalaciones “bajo su propia ley”.

“Lo que querían hacerme saber era que ellos estaban en contra del traslado de un grupo de reos desde la Penitenciaría Nacional en el valle de Támara, a quienes en la prensa nacional se les presentó como “Los Toros”, sin embargo, ellos insistieron en que ese grupo no eran de alta peligrosidad y que los habían trasladado a la cárcel de máxima seguridad porque quienes controlaban realmente en ese centro penitenciario eran Los 18, miembros de la Mara 18”.

En 2015 durante los meses de junio y julio, el periodista desarrolló labores de acompañamiento en derechos humanos de forma voluntaria, informando sobre la situación del estado de riesgo en el que permanecía un grupo de personas en huelga de hambre, instaladas a inmediaciones de Casa Presidencial, para demandar la instalación de una Comisión Internacional que investigara los graves casos de corrupción especialmente en el escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se involucraron altos funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, entre ellos personas cercanas al Presidente, Juan Orlando Hernández, y del Partido Nacional. Hecho que llevó a la muerte de cerca de 3,000 personas.

Según reportes del periodista, la zona era constantemente asediada por policías y militares, que inclusive se colocaban en las azoteas de los edificios cercanos con francotiradores, en un franco afán de intimidación.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

“La Comisión reitera que las actividades de promoción y protección de los derechos humanos no deben ser criminalizadas y los Estados no deben impedir a los defensores de derechos humanos disfrutar de sus derechos humanos o justificar su estigmatización”, según una Resolución Aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).


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