Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Sorteando la criminalización, judicialización, detención y asesinatos se conmemoró este 3 de mayo  en Honduras el Día Mundial de la Libertad de Prensa,  un inicio de mes en el que también se celebra el reconocimiento al trabajo de la profesión periodística.


El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), durante el transcurso del año ha registrado una serie de agresiones a periodistas y comunicadores sociales, entre ellas se pueden mencionar el asesinato de un periodista Gabriel Hernández quien residía y desempañaba sus labores en la ciudad de Nacaome departamento de Valle.


Además la detención del comunicador Félix Pastrana, corresponsal de “Radio Namasigüe”, en el municipio del mismo nombre, cuando fue citado en calidad de testigo y fue detenido pero el mismo día fue puesto en libertad.


También se registró el encarcelamiento del director de Radio Globo David Romero, por los delitos contra el honor el cual fue condenado a 10 años de prisión.

Otro de los casos que C-libre registró fue la obstaculización de acceso a la información sobre crímenes durante crisis electoral de la que denunció el Ministerio Público.


C-Libre presentó el día de hoy un informe sobre las agresiones a la Libertad de expresión ocurridas desde el 01 de enero al 01 de mayo del 2019, dicho informe registra una serie de agresiones cometidas en los diferentes departamentos de Honduras, entre las que se ven reflejados los datos siguientes; 7 amenazas, 3 asesinatos, 2 censura directa, 8 criminalizaciones a la protesta pública, 1 detención arbitraria, 5 estigmatizaciones, 5 intimidaciones, 4 obstrucciones informativas, 5 procesos legales 3 uso abusivo del Poder del Estado.


Criminalizados y judicializados por el ejercicio periodístico


Uno de casos  más emblemáticos de agresiones sistemáticas y criminalización es el periodista Jairo López, quien con respecto a la conmemoración de este día  expresó: “Por  la persecución que tengo actualmente no sé si celebrar en el Día Mundial de la Prensa, no sé si es un demás decir que salir adelante y seguir informando a nuestro pueblo que lamentablemente las autoridades ven al periodista crítico como un enemigo, al final uno lo que ve es como ayudar a aportar o que el trabajo gubernamental sea diferente en esta nación”.


López, además de ser atacado constantemente por campañas de desprestigio, enfrenta un proceso penal por el supuesto delito de daños en contra de la Empresa Energía Honduras, por lo que exigió al Estado “basta ya de tanta persecución”.


“En mi caso que yo estoy judicializado tengo seis meses de estar firmando por algo que yo no he cometido, el gobierno debe ser tolerante, pero dejan mucho que desear, a mí me preocupa está situación porque me pone en riesgo a mí, a mi esposa y a mi niña”.


De su lado, Edgar Andino, otro de los periodistas de la zona sur que también ha sufrido criminalización y además recibió tres  atentados de asesinato, expresó para CONEXIHON “En Honduras no se puede disfrutar de una libertad de prensa cuando existen periodistas criminalizados, tal es mi caso con tres intentos de asesinato con agresiones no sólo a mi persona sino a mi familia, he sido perseguido por decir la verdad por denunciar actos de corrupción que han afectado y siguen afectando a Honduras”.


Andino agregó que “como medida de hostigamiento le han colocado vigilancia inclusive a mis hijos actualmente, es un compendio de sentimientos encontrados porque nos damos cuenta que querer hacer las cosas correctas en Honduras, querer informar con la verdad es un riesgo, lo único que hace el poder judicial es engavetar los casos de muchos compañeros asesinados por querer decir la verdad”.


“A veces los periodistas no tenemos una puerta para salir seguros con nuestras familias y así comenzar una nueva vida” finalizó Andino.

 

Estado debe redoblar esfuerzos


El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en un comunicado público pidió al Estado a que redoble los esfuerzos para la creación de un ambiente propicio y seguro para que las personas periodistas puedan llevar a cabo su labor y a la protección en el trabajo de personas periodistas en manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social.


Añadió que “observa con preocupación las agresiones, la violencia y las múltiples violaciones de derechos humanos a las que se exponen las personas periodistas como consecuencia del ejercicio de su labor” e instó al Estado al cumplimiento de su obligación de prevención de violaciones de derechos humanos, así como a la investigación efectiva de las violaciones ocurridas y a la garantía de un acceso a la justicia efectivo por parte de las víctimas de estas violaciones.


Adicionalmente, se hizo hincapié en la necesidad de reforzar el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de protección para personas periodistas para la protección y la respuesta inmediata ante agresiones que atentan contra su integridad.


El Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha mencionado que dada la importancia de la labor que cumplen las personas periodistas que cubren en estos escenarios de conflictividad social, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para las personas periodistas, sino que incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.


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