Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon).- Gran despliegue de fuerzas de seguridad del Estado, mantienen rodeado por tercer día y cerrado parte del Bulevar Morazán, cerca de las instalaciones de Radio Globo, con el objetivo de capturar al periodista y director de la emisora, David Romero, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio una resolución para que suspendan la ejecución de la sentencia condenatoria.

Este 21 de marzo la CIDH resolvió otorgar  la Medida Cautelar No. 75-2019, a favor del periodista Romero Ellner, ya que reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, contenidos en el artículo número 25 de su reglamento.

Sin embargo la Secretaria de Comunicaciones y Estrategias del Gobierno de la Republica comunicó ayer martes, que el caso del periodista “no es un asunto contra la libertad de expresión” y que la orden de captura será ejecutada.  

“Estamos en un Estado donde nuestras garantías no valen nada, aun mostrándoles los carné de periodista y la identidad no nos dejan pasar, nos están registrando, esto pasa aun sabiendo que somos comunicadores sociales, es una violación a los derechos humanos que fomenta el régimen de JOH, impidiéndonos ingresar al trabajo, los policías deberían estar cuidando en los barrios y colonias, como que si fuera un gran delincuente el que está dentro de radio globo, esto indigna”, reprochó la periodista Gilda Silvestrucci.

Es un ataque a la libertad de expresión lo que se siente expresó la periodista cuando se dirigía a transmitir su programa en “La Plaza”, que transmite por las mañanas en Radio Globo al llegar este miércoles a la cabina, se indignó al ver lleno de policías y que de forma intimidante le impidieran hacer su trabajo.

Operativo polical bolquea el Bulevar Morazán para capturar al periodista  

 David Romero es un periodista crítico de los actos de corrupción en el país.  Reveló con evidencias la participación del ilegal reelecto presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el millonario saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del que murieron más de 3 mil personas.

El periodista fue condenado a 10 años de prisión en marzo de 2016, por seis delitos constitutivos de difamación. En enero del presente año, la Sala Penal ratificó la condena contra el periodista, dejando sin lugar un recurso de casación presentado por su cuerpo legal.

Hace aproximadamente dos semanas se libró una orden de captura contra el periodista, pero el lunes 25 de marzo, decidió salir de la clandestinidad y fue a su programa “Interpretando la Noticia”. Momentos después de salir al aire, llegaron miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), encabezados por su director, Ronmel Martinez al edificio para capturar a Romero Ellner.

De igual forma, en el programa, alertó sobre las intenciones para capturarlo y denunció tener amenazas de muerte. Con lágrimas en su rostro, denunció y responsabilizó al régimen de Juan Orlando Hernández si algo le pasa a su vida. Añadió que aún tiene más actos de corrupción que divulgará.

Sentencia amenazante a la libertad de expresión

Refiriéndose a la sentencia, el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, anunció que es una pena arbitraria con consecuencia a la libertad de expresión a nivel personal y colectivo, es una normativa amenazante lo mismo pasa con el acceso a la información pública porque hay un clima hostil para las voces críticas en el país.

Además, dijo, “la permanecía de antimotines genera un efecto intimidante están impidiendo el derecho de circulación de la ciudadanía, el gobierno tiene decisiones arbitrarias y selectivas porque no hemos visto esos despliegue policiales a personas corruptas incluso hemos visto una disparidad en investigar las denuncias que hizo Romero”.

“Por decir que el gobierno tenía un complot para asesinar a la ex vice presidenta de Honduras  -Lorena Herrera- quieren encarcelar al periodista, nosotros pedimos que se despenalice los artículos que hablan de la calumnia y difamación para tener libertad de expresión y las personas que se sientan ofendidas pueden poner su denuncia por la vía civil y no por lo penal así nadie puede ir preso por decir algo, los periodistas están siendo acosados por esta normativa”, subrayó el diputado del Congreso Nacional, Jorge Cálix.  

La CIDH exige la despenalización de los delitos contra el honor y ha declarado su incompatibilidad con la Convención Americana y señaló que existe un “efecto amedrentador” en la condena contra el periodista. La Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH (RELE-CIDH), en su informe de 2018, con respecto a Honduras, evidenció su preocupación “por la idea de mantener o incorporar figuras penales incompatibles con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión”.

 


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