Investigaciones

Parque eólico de Santa Ana, el monstruo que nunca duerme

Por: Thirzia Galeas

Santa Ana, Francisco Morazán (Conexihon).- Este proyecto eólico “es una pesadilla”, sus aspas no se detienen. Se ha convertido en un monstruo instalado bajo “falsas promesas” cuyo ruido mantiene en permanente alerta a los pobladores de Santa Ana, al sur de Francisco Morazán.

Así lo aseguran pobladores de las comunidades que están siendo afectados desde la instalación de dicho proyecto, cuyo impacto acústico sobreviene cuándo el viento incide sobre las palas de los aerogeneradores, aunque también hay otros ruidos generados por los mecanismos internos.

La compañía responsable es Energía Eólica de Honduras Sociedad Anónima (EEHSA) que inició sus operaciones en el año 2011 con muchas expectativas y promesas para los pobladores del municipio, fue aprobado por autoridades del gobierno bajo la denominada generación de “energía limpia”.

Santa Ana es considerada uno de los asentamientos indígenas Lencas de Honduras, de mucha importancia, muestra de ello son las “cuevas pintadas de Ayasta” nombre que dieron los pueblos originarios, dentro de ellas se visibiliza el arte rupestre.

De acuerdo con los pobladores, -en un inicio- el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y otras organizaciones locales denunciaron la instalación del parque eólico, así como una serie de irregularidades alrededor del proyecto y manifestaron sus inconformidades, pero las autoridades hicieron caso omiso al reclamo.

Recientemente denunciaron a Conexihon que “como sucede regularmente la corrupción en Honduras la alcaldía que debía de actuar como veedor ante tal proyecto, tomó un papel errático en la socialización del proyecto al dar prebendas a algunos para hacer frente a otro grupo que luchaba por defender su territorio ancestral y que por tal razón estaba en contra de la implementación del proyecto eólico”.

En el año 2015, la alcaldía de Santa Ana fue denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por malversación de dinero que fue aportación por parte de la empresa eólica, serían 8 millones de lempiras dinero que no pudo justificar.

Convenio 169

Según pobladores de la zona dicho proyecto solamente se socializó con las personas dueñas de los predios donde están instalados las torres que generan la energía eólica.

Es visible los daños que a raíz de la instalación del proyecto ha ocasionado la tala del bosque en la zona, producto de ello ha surgido la migración de aves y la proliferación de plagas. Según resolución de aprobación del proyecto acuerda de estricto cumplimiento la plantación de diez (10) árboles por cada uno (1) que fuese cortado, hasta la vez según pobladores no se ha hecho efectivo dicho acuerdo.

Aproximadamente son 400 metros los que separan las torres a las casas de habitación de los pobladores, debido a ello están surgiendo efectos secundarios dentro de los cuales se identifican los siguientes: enfermedades respiratorias, visuales y auditivos.

El ruido que genera las torres según identificamos es audible a una distancia de 5 kilómetros que separa una comunidad a otra, situación por la cual perjudica no solo a los aldeanos donde están instaladas las torres sino la población de las aldeas aledañas.

La pesadilla

Antonio Cruz, presidente del Consejo Indígena Lenca de uno de los caseríos de Santa Ana, Francisco Morazán, relató que ha tenido que vivir actualmente con el proyecto eólico.

“Antes cuando vivíamos en paz no existía ruido o problemas con sombras en el día por lo menos en la comunidad habían aves o conejos en los patios a raíz de la llegada del proyecto de energía eólica no se escuchan pájaros”.

“Desde la llegada del proyecto ha sido como un maltrato humano les he manifestado (a EEHSA) nuestra preocupación por el ruido aunque estemos dormidos el oído está captando. La empresa no ha dado resultados y como comunidad no ha tenido ningún beneficio, sabemos que en el futuro nos va a afectar, los niños van a ser los que van a sufrir es una parte que nos preocupa”.

“Estamos organizados nos reunimos cuatro juntas directivas el consejo indígena, patronato, junta de agua y caja rural de la comunidad con los representantes de la empresa y planteamos todos los problemas que nos afectan, pero no dan solución”. “Con la sombra han prometido poner ventanas con vidrios polarizados y para los ruidos mejoras en los techos para mitigar ruido”.

Promesas no cumplidas

Cruz, enfatizó “el proyecto vino con un montón de ilusiones para las personas, al final los arrendamientos ellos pusieron el precio al predio de que iban a necesitar de a cómo iban a pagar, nosotros no solo culpamos a la empresa sino al gobierno central y municipales porque son los que deben garantizar que todo proyecto no venga a perjudicar sino a beneficiar”.

“El desconocimiento, nunca pensamos porque ellos venían a decir les vamos hacer carreteras esto va a mejorar las comunidades van a tener mejoras en turismo y hasta hoy no hay nada, solo tenemos puesto esos generadores que nos sacrifican día y noche, el único momento que vivimos en paz es cuando están apagados los generadores para nosotros es como que nos despertamos de un sueño cuando están apagados”.

“Para nosotros no es recomendable que se implementen estos proyectos en comunidades habitadas” puntualizó, Cruz. “Nosotros hemos presentado en base al convenio 169 para reclamar nuestros derechos y exigimos que se nos dé una respuesta de lo que estamos pasando, nosotros necesitamos apoyo legal ya agotamos todos los diálogos con la empresa y no ha habido respuesta”.

Engañados

“La socialización la hicieron solo con las personas que necesitaban el arrendamiento con las personas dueñas del predio donde están ubicadas las antenas nunca se hizo con la comunidad”.

“Se les hizo el reclamo de que ellos no podían poner precio al arrendamiento pero ellos pusieron en las cláusulas del contrato de arrendamiento que tenían que cumplir con cada una de esas cláusulas unas de ellas dicen que el arrendatario tiene que cumplir con 20 años de arrendamiento, y si un dado caso que el dueño del predio quisiera vender tenía que hacerle la consulta a la empresa, a la gente la engañaron con un pago en dólares y no lo han cumplido, ponían a firmar a las personas antes de leer el documento y les hice el reclamo que no debían de llamar individualmente a firmar a las personas porque somos una comunidad”.

“Para nosotros no ha habido beneficios sino problemas. Hay temporadas que parece que estuviéramos en un cuarto frío tenemos problemas de salud como rinitis problemas respiratorios por las altas temperaturas que provocan la función que hacen esas antenas de energía eólica”.

“Desde el 2005 presentamos inconformidades y hasta hoy no hemos recibido respuestas -detalló´- pero los generadores están en los cuatro puntos cardinales de la comunidad, mi casa está a 400 metros de los generadores nunca se percataron en que nos podía perjudicar no midieron la distancia que tenía que tener ese proyecto para las comunidades, y como le digo los gobiernos no se preocupa aquí no nos van a resolver nada tendremos que buscar ayuda a medios internacionales porque aquí en Honduras no tendremos respuesta”.

“Es preocupantes los otros proyectos que quieren implementar en otras comunidades y queremos hacerles saber a esa gente que no les vaya a pasar lo que nosotros estamos sufriendo”, finalizó Cruz.

Ruido

Otro de los afectados es Ramón Matute presidente de caja rural del grupo lenca de la comunidad de Cofradía del municipio de Santa Ana. Él nos relató que considera “incomparable lo que nosotros vivíamos antes a lo que vivimos ahora, las torres están instaladas no es una canción que nos traen es un ruido, a veces somos muy pacíficos al oponernos de que instalen las torres. Ellos (la empresa EEHSA) han firmado algunos compromisos pero no han cumplido”.

“Lo que estamos previendo al final son los daños que van a repercutir en nuestras familias. El problema mayor es el ruido somos personas de escasos recursos y no podemos mitigar ese ruido, está en el margen de la ley de vivir tranquilo, hemos estado en una lucha constante de pelear en la mitigación de ruido con la empresa eólica”.

“Nosotros siempre hemos deseado una oportunidad con algún grupo de derechos humanos para que nos ayuden a solucionar la problemática de la comunidad” solicitó, Matute.

Es importante recalcar que aldeanos del caserío de Mesa Grande comunidad de Nueva Arcadia lucharon contra la instalación de las torres en su aldea, tuvieron que enfrentarse con muchas adversidades, pero lograron la lucha, a pesar del logro ahora algunos de los integrantes de dicha comunidad sufren con la irracional problemática de enfrentarse ante órganos gubernamentales por ser acusados de usurpación de tierras y señalados por la empresa por oponerse al “desarrollo”.

En el caserío de Mesa Grande, comunidad de Nueva Arcadia, Santa Ana el alcalde, Jorge Alberto Sandréz, influyó en la conformación de un nuevo Consejo Indígena identificado por los pobladores como “paralelo” que apoyaba la instalación del proyecto, indicaron.

Litigio por la tierra favorece a la comunidad indígena

Dicho grupo ha mantenido un litigio desde 2012, para que las tierras puedan ser tituladas a su nombre y así favorecer a la empresa, pese a que los habitantes defensores cuentan con una certificación ancestral, que data desde 1950 y autenticada ese mismo año por el Instituto Nacional Agrario (INA).

De acuerdo con el recurso presentado para que se declare sin lugar las impugnaciones presentadas por el grupo opositor y con el fin de que se respete el Convenio 169 de la OIT se está a la espera de una resolución sobre el otorgamiento del título definitivo de la propiedad.

Dicho documento señala que en su numeral cuarto que las investigaciones de campo se determinaron que el control de ingreso a la comunidad está regulado por los pobladores de Mesa Grande ya que cuentan con una puerta de alambre de púas intermedio del predio que garantiza el uso adecuado de los recursos naturales sin afectar el ingreso. También se constató que no existe ningún tipo de infraestructura orientado a la generación de energía eólico.

Finalmente establece que el 14 de junio de 2017 la División de Servicios Legales emitió el Dictamen N° 285-2017 en el que recomendó declarar sin lugar todas las actuaciones realizadas por la ONG de Arcado Flores.

Desde que se incoó el expediente por el control territorial del predio se presentaron diligencias ante esa institución seis veces, de los cuáles cuatro dictámenes claramente han manifestado que se continúe la titulación a favor de la comunidad indígena lenca de Mesa Grande.