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Washington, D.C. (Conexihon).- Cientos de organizaciones de sociedad civil nacional e internacionales, exhortaron al gobierno de Honduras y Colombia, para que garanticen los derechos humanos de los defensores, líderes sociales, comunidades étnicas y campesinas amenazadas por grupos armados durante la pandemia del COVID-19, que registra un aumento de la vulnerabilidad de los defensores en medio de la crisis sanitaria.

San Pedro Sula, Cortés (Conexihon).- La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), condenó públicamente que las transnacionales maquiladoras han explotado por 30 años a la población trabajadora hondureña, especialmente a las féminas obreras que denunciaron suspensión de contratos por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Exigieron un alto a la violencia laboral en la maquila, ¡empleo sí, pero con dignidad!, subrayaron, en un comunicado, emitido el 1 de mayo, en conmemoración al Día Internacional del Trabajo.

Trabajadores sin vacaciones

Reprocharon, que el Ministro de Trabajo, Carlos Madero, autorizó a “los empleadores y trabajadores del sector privado para que mediante acuerdo entre las partes convengan que los días feriados señalados en el artículo 339 del Código de Trabajo se consideren como otorgados y gozados por parte de los trabajadores durante el período de vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la propagación del COVID-19”.

En el pronunciamiento la CODEMUH, explica, “que la autoridad responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley y los derechos humanos laborales de las trabajadoras(es) no debió haber salido sirviendo la mesa al sector empresarial para que violente los derechos de las obreras(os), y luego porque manda a la población obrera a negociar con la pistola en la cabeza, porque la decisión ya estaba tomada. Carlos Madero le arrebató las vacaciones a las obreras(os) de la maquila ¡los derechos adquiridos no son negociables!”, sostuvieron.

Suspensión de contratos laborales

Lamentaron que en medio de la pandemia del coronavirus las maquilas transnacionales, suspendieron masivamente los contratos de trabajo, por ocho semanas y otras hasta por 120 días.

Enérgicamente, evidenciaron que el gobierno de Honduras, aprobó el Decreto 33-2020, el cual contempla el pago de la “aportación solidaria” de L.6,000.00 mensuales, pero no es obligatorio para las empresas adherirse a este famoso programa y las que se han adherido, cuando las trabajadoras les consultan a sus jefes, estos les responden, “no sabemos, lo que nosotros vamos a depositar son L.2,500.00, de los L.3,500.00 que le corresponden al gobierno no sabemos nada”. Mientras tanto las trabajadoras(es) tienen que pagar alquiler, servicios públicos, alimentación y otros.  

En crisis y sin derechos

Denunciaron al Gobierno de Juan Orlando Hernández y al Ministro del Trabajo, porque aparte de la crisis provocada por el COVID-19, las obreras(os) enfrentan la crisis generada por las autoridades del trabajo, que protegieron a las transnacionales y vulneraron derechos fundamentales, como; el derecho a la vida, salud, estabilidad laboral, además, les arrebataron los derechos adquiridos, colocándolas en mayor riesgo y en una profunda crisis económica y emocional.

En el departamento de Cortés, hay 863 casos confirmados por coronavirus, representando el 73.3 por ciento del foco de contaminación del país.

Por lo tanto la cuarentena no les permite retornar a sus aldeas y caseríos, describieron que algunas de las trabajadoras son mujeres jóvenes,  que dejaron sus comunidades del área rural y se trasladaron a la ciudad en busca de empleo para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, “pero lamentablemente su situaciones se volvió peor”, expresaron.

Exigen, que se garanticen las vacaciones, los feriados y la estabilidad laboral a las trabajadoras(es); y que el Instituto Hondureño de Seguridad Social continúe brindando la atención y el proceso a las obreras(os) que tienen en trámite sus Dictámenes de Reubicación Laboral y de Calificación de Enfermedades Profesionales.

Sobreviviendo a la explotación

CODEMUH, subrayó que la maquilas, producen para vender en Norteamérica y Europa, y  que las trabajadoras sobreviven no solo a las pandemias como la del coronavirus, sino que también sufren al hambre, incertidumbre, pánico, discriminación, violación a los derechos humanos, “por ser mujeres y por ser trabajadoras”, apuntaron.

Narraron, que después de dar su pulmón a los patronos, sobreviviendo a salarios y jornadas de trabajo ilegales para obtener las altas metas de producción,  quedan con daños a su salud provocados por el trabajo.

Por lo tanto, concluyeron que, “las maquilas transnacionales, además, de explotar a las obreras(os) no pagan ningún tipo de impuesto, esto les ha permitido acumular enormes cantidades de riquezas y muy bien podrían mantener el salario a sus trabajadoras(es) durante la crisis provocada por el COVID-19”.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Después de registrarse el primer privado de libertad, de 58 años de edad, fallecido por COVID-19 el 20 de abril, en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), comunicó que el “Estado crea condiciones de contagio”.

“Es importante suspender la aplicación del PCM-021 del 2020 en virtud del grave riesgo al guardar el distanciamiento recomendado”, de acuerdo al CPTRT y en base a los registros policiales, se ha documentado que entre el 16 de marzo al 20 de abril en Ocotepeque fueron detenidas y hacinadas 706 personas y en Santa Rosa de Copan 408 personas.

El CPTRT, también señaló, que el personal policial de las postas no usa mascarillas exponiéndose a contagios innecesarios y sostuvieron que “es inaceptable que sea el propio Estado quien este creando condiciones de contagio con este tipo de operativos”.

Emergencia en “EL Pozo”

El Juzgado de Ejecución ordenó este martes 28 de abril, aislamiento de todos los privados de libertad, decretando emergencia en “El Pozo”.

El Tribunal como parte de las medidas de prevención y protección del virus, sostuvo que los reos no han salido a audiencias y el personal de seguridad no ha sido rotado y ha permanecido encerrado en la cárcel de máxima seguridad.

Además, evidenciaron la falta de información de cómo se produjo el primer contagio de Coronavirus en ese centro penal, aunque no descartan que pudo darse mediante el ingreso de alimentos, según mencionó la titular del Juzgado de Ejecución Penal.

Cárceles hacinadas= infección masiva

La directora de Asociación Paz, (ASOPAZ), Claudia Ferrari, exteriorizó en una entrevista para Conexihon.hn, que “es preocupante que el Instituto Nacional Penitenciario (INP), brindé la información del fallecido, cinco días después, nosotros hemos enviado una solicitud para poderles enviar gel de manos, mascarillas, guantes, kits de pruebas rápidas, para las cárceles de Santa Bárbara y Morocelí, porque entendemos que el gobierno no tienen  plata para eso y aún no hemos recibido algún tipo de contestación”.

Así mismo, la presidenta de la Asociación de Familiares Privados de Libertad, Delma Ordoñez, exigió a las autoridades del INP y de la Secretaria de Salud intervengan “El Pozo” y procedan aislar a las personas que tuvieron contacto son alrededor de 90 personas que estaban en el mismo módulo y 14 personas que estaban cerca del fallecido, también la importante acción de fumigar el centro penal.

También, anunció, “hemos estado tratando de hacer inca píe de que no fuera a pasar pero las autoridades no han tomado ninguna acción, hasta estos días que se mira el problemas están reaccionando a poder a dar una solución, nos preocupa que esto suceda en Támara donde son más de siete mil privados hacinados y si las autoridades no toman acciones rápidas estamos pensando en que puede suceder una infección masiva”.

Libertad para presos políticos

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos ha recalcado la importancia de que los defensores del río Guapinol puedan defenderse en libertad, así como lo ha recomendado la Organización de Naciones Unidas de excarcelar para evitar el contagio del virus.

Por su parte la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), denunció públicamente que la reforma  realizada el pasado 24 de abril, por el Congreso Nacional al artículo 184 del Código Procesal Penal, va contra de los parámetros internacionales a “los principios de presunción de inocencia, de legalidad penal y de inviolabilidad de la defensa entre otros”.

Concluyeron que estarán vigilantes que esta reforma procesal penal no sea utilizada con malintencionados propósitos de salvaguarda personajes del espectro político con procesos penales pendientes, o que ya hayan sido condenados por casos de corrupción o de violación de derechos humanos.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-La comunidad de El Paraíso, en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras, exige justicia ante el abuso de autoridad por parte de la Policía Militar de Orden Público (PMOP),  quienes en medio de un retén le quitaron la vida al joven Marvin Rolando Alvarado de 33 años de edad.

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