Washington, EE.UU (Conexihon).-  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó el pasado viernes su repudio por el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, ocurrido el 25 de febrero del año en curso. Ambos indígenas tolupanes, integraban  la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. 

Por su importancia, Conexihon coloca íntegro el Comunicado de Prensa de la CIDH

 

CIDH repudia asesinato de indígena tolupan beneficiario de medidas cautelares, y su hijo, en Honduras

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su repudio ante el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 19 de diciembre de 2013, tras analizar la situación de riesgo que enfrentaba junto a otros integrantes del MADJ producto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensores del medio ambiente y pueblos indígenas. 

En su Resolución 12/2013 la Comisión determinó que miembros del MADJ, y entre ellos, Salomón Matute, se encontraban en una situación de grave riesgo. Por ello, la CIDH solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal y que investigaran las fuentes de riesgo, entre otros aspectos. Tras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situación de riesgo, existe un deber especial de protección por parte del Estado. La implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse y evitar la eventual responsabilidad internacional del Estado.

Según información pública, el 25 de febrero de 2019, Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute habrían fallecido producto de heridas con armas de fuego. De acuerdo con lo informado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) se iniciaron investigaciones de oficio y realizaron diligencias de seguimiento del caso, entre las cuales se informó que la Policía Nacional Preventiva detuvo a una persona que sería sospechosa del crimen. 

La Comisión no cuenta con información concreta que indique que al momento que se perpetuó el asesinato, Salomón Matute contara con medidas implementadas por el Estado para su protección. En 2018 la Comisión convocó al Estado de Honduras en los periodos de sesiones 167o en Bogotá, Colombia, y 169o en Boulder, Estados Unidos, a efectos de monitorear la implementación de las medidas cautelares. Según había sido informado por el Estado a la Comisión, se había solicitado el 20 de octubre de 2017 a la Dirección General del Sistema de Proteccion que considerara el traslado de la situación de los beneficiarios de la medida cautelar al Mecanismo de Protección. Según informó el Estado, dicho trasladó se habría realizado el 23 de marzo de 2018 dado que los beneficiarios serían población objeto de la Ley de Proteccion para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. La Comisión ha procedido a solicitar información de manera inmediata a Honduras para conocer sus observaciones en relación con los hechos ocurridos.

La Comisión hace un llamado al Estado de Honduras a investigar la muerte de los líderes indígenas de manera diligente, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que el crimen haya tenido como móvil sus actividades como defensores de derechos humanos. La CIDH urge asimismo al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de estas medidas cautelares. 

La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. La Comisión insta a Honduras a que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, integridad y la seguridad de todas las personas defensoras derechos humanos en el país. En este sentido, la CIDH urge al Estado a realizar los ajustes al Mecanismo de Proteccion de Honduras que resulten necesarios con miras a garantizar una protección idónea y efectiva de las personas defensoras.

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