Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La audiencia inicial contra 12 personas criminalizadas de la comunidad de Guapinol se desarrollará en un sistema de justicia “que no es igual para todos”, denunciaron este miércoles representantes de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

En rueda de prensa en Tegucigalpa, Miguel Martín Zumalacárregui, director de la Oficina de la OMCT en Bruselas, denunció que la justicia hondureña funciona “a dos velocidades” con la criminalización hacia los defensores y la defensora de Guapinol; sin embargo, cuando han sido atacados por la defensa de los bienes comunes y presentan acciones legales, las investigaciones no avanzan en lo absoluto.

“Es preocupante igualmente la decisión de que el proceso haya sido trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa, los cuales fueron concebidos para conocer casos de estructuras criminales que están provocando altos índices de muerte en el país”, denunció la OMCT en una acción urgente publicada este día.

“Quienes se asocian para defender derechos humanos son delincuentes”. Es el mensaje que envía la justicia hondureña ante la criminalización que enfrentan más de 12 defensores y defensoras de la comunidad de Guapinol, dijo el representante de la OMCT.

Desde el fin de semana se encuentran en prisión 12 defensores y una defensora de los bienes comunes que defienden el río Guapinol, ante los intereses de la empresa Inversiones Los Pinares S.A en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Luego de presentarse voluntariamente ante un juez de jurisdicción nacional, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, requeridos por los delitos de usurpación y daños, se conoció la existencia de otro requerimiento por cinco delitos, esta vez contra 32 personas, incluyendo los ya criminalizados.

Ante esto, la defensa legal de los pobladores recusó al juez Carlos Irías de León y el caso fue trasladado para Tegucigalpa, donde se desarrolló el sábado la audiencia contra los criminalizados y criminalizada.

El representante de la OMCT llamó a las autoridades judiciales a que se respete el derecho al debido proceso para las 13 personas que mañana jueves se enfrentan al juez Víctor Méndez, en audiencia inicial.

“Si se aplicara la justicia, de forma imparcial, las 13 personas y las 32 personas en general tendrían que ser liberadas y cesar la criminalización”, puntualizó Miguel Martín.

Un Poder Judicial plegado a las órdenes del Ejecutivo

Luego de iniciar -desde el año 2015- un proceso de lucha en defensa del río Guapinol, los liderazgos y organizaciones que conforman el comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos se han encontrado constantemente con obstáculos judiciales.

Esta falta del derecho a la justicia genera un obstáculo, una muestra más del control que tiene concentrado desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, expuso la Coordinadora de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), Hedme Castro.

“Esperamos que recapaciten -los jueces- que no se pleguen al Poder Judicial ya que recibirán el escrutinio público nacional e internacional. Como ACI PARTICIPATIVA seremos los primeros en denunciar si continúa la criminalización hacia Guapinol”, detalló Castro.

En un informe presentado en diciembre de 2018, ACI PARTICIPA denunció la situación de violencia por la defensa de los bienes comunes de Guapinol, comunidad con aproximadamente 600 habitantes.

Entre 2012 y 2013, fueron aprobados y modificados desde el Congreso Nacional un decreto que reduce la zona núcleo del Parque Nacional “montaña de Botaderos”, renombrado como Parque “Carlos Escaleras Mejía” en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), señalando la responsabilidad del Estado hondureño en el asesinato del líder ambientalista, asesinado en 1997.

Como resultado, existe daños en el Río Guapinol, que abastece de agua a cerca de seis comunidades, una creciente militarización en la zona, campañas de desprestigio contra organizaciones de la zona y ahora un escenario de criminalización por parte de intereses de la empresa minera y el aparato judicial.

Acciones solicitadas por la OMCT

1- Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial- en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso permitiendo que el proceso se lleva a cabo privilegiando la libertad de los 31 defensores del derecho al agua en Honduras;

2- Poner fin a la utilización de figuras delictivas como la asociación ilícita para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;

3- Garantizar el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y evitar el uso de la prisión preventiva, la cual, en el contexto hondureño está siendo utilizada para la desmovilización social en violación a los estándares internacionales;

4- Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

5- Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;

6- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

7- De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

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