Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Con sus abrigos puestos para cubrirse del frío la noche de ayer fuera de los Juzgados de lo Penal, un grupo de estudiantes y padres de familia esperan la libertad para tres universitarios, en prisión desde el viernes anterior.

Así como la solidaridad del estudiantado universitario se encuentra a la expectativa, también lo está un camión con el logo del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Cerca de las siete de la noche, los estudiantes Carlos Eduardo Hernández, Rolando Melghem y Misael Martínez, se les decretó sobreseimiento definitivo por el delito de incendio agravado; proceso iniciado por el Ministerio Público luego de la quema de tres unidades de transporte en el Boulevard Suyapa el pasado jueves.

"No están solos, no están solos", "Carlos Misael y Rolando, por ustedes estamos luchando”, era el grito de uno, dos, diez; de sus compañeros y compañeras quizás no de aulas pero si del mismo centro de estudios superiores, donde en los últimos tres años, ha levantado mas de 200 procesos penales contra sus estudiantes.

Paradojicamente, en horas de la mañana, la balanza de la justicia se inclinó hacia dos diputados al Congreso Nacional por el oficialista Partido Nacional. Sara Medina y Antonio Rivera Callejas se presentaron ante el juez que conoce su caso, acusados por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC) falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno e inmediatamente les fueron decretadas medidas contrarias a la prisión preventiva.

Mientras que el viernes 07 de diciembre, en su audiencia de declaración de imputado, los tres universitarios fueron enviados a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, en Támara, Francisco Morazán.

Tras dos días en los que se llevó a cabo la audiencia inicial a los estudiantes, pruebas como la revisión de las cámaras del sistema 911, fueron esenciales para que los jóvenes recuperaran su libertad, informó su equipo de abogados.

 Arbitrariedades y violencia contra estudiantes

Una vez concluida la audiencia, con la resolución que favoreció a Hernández, Melghem y Martínez, uno de los abogados defensores, Carlo Jiménez, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), denunció acciones arbitrarias de los entes de justicia, así como acciones de violencia contra los estudiantes.

“Los muchachos fuera de los que paso en el proceso, fueron víctimas de acoso, maltrato físico y psicológico tanto en los juzgados por parte de los policías que resguardaron como en la Penitenciaria Central”, detalló Jiménez.

A pesar de estos hechos, las pruebas presentadas por los abogados defensores de los estudiantes, como ser testimonios y y pruebas audiovisuales, lo que Jiménez calificó como determinante.

Luego que, en el requerimiento presentado el pasado jueves, el Ministerio Público solicitó cárcel, en esta ocasión, para las conclusiones, cambió su discurso y solicitó un sobreseimiento aunque provisional y no definitivo, contó el abogado defensor de los estudiantes.

Solicitaron un sobreseimiento, explicó el profesional del derecho, al no poder vinculara a los jóvenes en los hechos de la quema de los autobuses, pero al solicitarlo de forma provisional, querían continuar realizando mas investigaciones contra los jóvenes.

“Las inspecciones hechas al 911, pudimos demostrar contundentemente que ninguno de los jóvenes estaba en el lugar de los hechos cuando se incendiaron los buses”.

Todo este proceso contra los univeristarios refleja, a criterio de Jiménez, arbitrariedad cuando existen intereses políticos y económicos de por medio, al mandar a prisipon a cualquier ciudadano o ciudadana sin motivo y los funcionarios públicos que deben ser garantes de un debido proceso y demás garantías incumplen y dejan pasar este tipo de hechos.

Testigos protegidos incurren en falso testimonio

Con el papel de los testigos protegidos, el abogado Jímenez presentó una denuncia en la audiencia, contra los dos testigos protegido presentados por el Ministerio Público (MP), al formular conclusiones, por el delito de falso testimonio.

Aseguró que dichos testigos protegidos “se prepararon, se pusieron de acuerdo y elaboraron una narrativa para inculpar a los jóvenes”. Por ello, el Minsiterio Público debería de proceder de oficio, o al trascender la liberación de los jóvenes, debe darse por enterado de que existe una posible comisión de un delito y deben investigarlo.

De acuerdo con el artículo 385 del Código Penal hondureño, será condenado de tres a cinco años de prisión al “testigo, perito o interprete que en su deposición, informe traducción o interpretación, hecha ante autoridad competente, falsee total o parcialmente la verdad”.

Con la liberación de los universitarios, concretada hasta la tarde de este 13 de diciembre, la pregunta es ¿Quién ocasionó la quema de los autobuses? O queda confirmada la estrategia de continuar la criminalización contra el sector estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en un país donde unos son obligados a entrar y otros pasan rápidamente por “La casa de la justicia, donde la balanza hace peso en favor de políticos, empresarios y personajes con poder e influencia.

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