Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Un grupo de defensores y defensoras, representando diferentes puntos del país, presentó este lunes ante el Ministerio Público (MP), el “Espacio de Verificación del Sistema Nacional de Protección”, para fiscalizar la institucionalidad encargada de los planes de protección, investigar y sancionar a los responsables de las agresiones a las y los defensores de derechos humanos.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, denunciaron acciones que restringen su labor por parte de funcionarios públicos, empresarios y el resurgimiento de escuadrones de la muerte.

“Producto de nuestra labor de defender Derechos Humanos somos víctimas de campañas de desprestigio, estigmatización, vigilancias, procesos penales ilegales, amenazas, hostigamientos y asesinatos”, denunciaron los defensores y defensoras en un plantón realizado frente a las instalaciones del MP.

En la lectura de un comunicado, condenaron que su ejercicio de defensoría lo realizan el marco de un “gobierno dictatorial, usurpador del poder público… que ha cooptado la institucionalidad, destruido la democracia y el Estado de Derecho”.

Señalaron al Estado de Honduras que, como única acción en respuesta para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, fue la aprobación -en 2015- de la Ley de Protección Defensores y Defensoras de derechos humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

“A tres años de vigencia, el Estado hondureño continúa en deuda para un cumplimiento efectivo de la referida ley, no ha contribuido a disminuir el riesgo al que nos enfrentamos cada día”, mencionaron las organizaciones.

En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericanan de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para América Central y América del Sur, hicieron un llamado a los Estados y a la sociedad en su conjunto para que redoblen sus esfuerzos en la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región.

"Nuestros organismos han documentado con gran alarma un aumento de casos de amenazas, hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, criminalización, tortura, e incluso desapariciones forzadas y homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos en la región... Los Estados deben tomar medidas concretas, adecuadas y eficaces en materia de protección, prevención, investigación y acceso a la justicia para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su importante función social con libertad y seguridad", expusieron tanto la CIDH como OACNDUH

El plantón se realizó el día que se cumplió 70 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 20 años del instrumento de Naciones Unidas para Defensores y Defensoras.

Control del Estado en conformación de Sistema Nacional de Protección a defensores

Carlos del Cid, es uno de los defensores que, por realizar su trabajo es víctima de campañas de desprestigio y actualmente enfrenta un proceso penal por encubrimiento.

“Es increíble que el mismo Estado que se supone debe brindarnos cobertura en defensa a nuestros derechos, a nuestra labor de defender derechos, es el que nos acusa en los tribunales de justicia por hacer esa acción de justicia”, expuso Del Cid, quien forma parte de Acción Ecuménica por los Derechos Humanos.

Del Cid, Ariel Díaz y Tomy Morales (Defensora y Periodista), fueron brutalmente agredidos en septiembre de 2017, mientras monitoreban la situación de derechos humanos de los y las estudiantes de la Universidad nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por agentes policiales dentro del Alma Mater.

Luego de una denuncia hecha por un grupo de organizaciones que conformaron la Mesa Nacional de Derechos Humanos, se requirió a los policías Juan Manuel Aguilar Godoy Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez Palma, por los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas.

Sin embargo, el pasado 01 de junio, la jueza Gabriela Gallo decretó “sobreseimiento definitivo” en favor de los policías. Del cid recordó una parte de la sentencia en la que la togada aseguró que los defensores “se habían extralimitado en sus funciones”.

Para el defensor, el Mecanismo de Protección, el cual coordina la aplicación de medidas de protección nacionales, tiene una falencia en la conformación de su Consejo Nacional, donde existe una desigualdad ya que más de 10 dependencias del Estado la conforman y apenas dos organizaciones de sociedad civil tienen presencia.

Entre las secretarías está la de Seguridad y Defensa. Y estas fuerzas policiales y militares son quienes cometen agresiones contra quienes defienden el territorio, los bienes comunes, agreden periodistas y comunicadores sociales “es por ello que sobre este mecanismo y su conformación y su efectividad hacia la población”. Le falta alguna palabra a la cita directa

Es nada, pero ¿Por qué nos sometemos al mecanismo? -se preguntó el defensor- para dejar un precedente real, de que nos acercamos a la protección que el Estado ofrece, para que cuando se produzcan las acciones de violencia exista un registro que diga y que se hicieron una serie de acciones, pero en el campo poco o nada hacen para que nos garantice el defender derechos humanos.

Somos satanizadas, criminalizadas por defender DDHH en nuestros territorios

El modelo extractivista implementado en el país, de acuerdo con lo expuesto con las organizaciones que conforman el Espacio de Verificación, ha provocado proyectos sin consulta amparados en la secretividad, concesiones de los bienes comunes y criminalización a quienes ejercen resistencia, por las acciones criminales por parte de las empresas propietarias y el Estado que no respetan las consultas, declaratorias, debidos procesos y convenios internacionales que amparan la autodeterminación de los pueblos.

Estos proyectos, iniciados por ciertos dueños del país y trasnacionales, vienen a violentar los territorios. “Quienes hacemos resistencia en los territorios, somos blanco de amenazas, discriminación y criminalización”, cuestionó la defensora María Felícita López.

López, defensora e integrante del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), el Estado en lugar de reconocer y proteger la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos “se criminaliza, se sataniza su trabajo”.

En el departamento de La Paz existe un control de sectores ligados al Partido Nacional de Honduras, para la instalación de proyectos hidroeléctricos, denunció López. El río Chinacla, Sasagua, la hidroeléctrica en Marcala, sin consultarle al pueblo lenca, defensor de sus bienes y su territorio, como lo establece el convenio 169 de la OIT. 

A raíz de esto, como defensora ha sido objeto de amenazas no solo por el hecho de ser defensoras, sino porque desde el Estado quieren “invisibilizarnos como defensoras de la tierra”. Además, las acciones violentas hacia mujeres defensoras de derechos humanos se ven en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con las estudiantes.

Cifras que manejan organizaciones feministas y defensoras de los derechos de mujeres, en 2018 registran más de 280 casos. Para López, este el resultado del porque no existe justicia para las mujeres.

Exigencias del Espacio de Verificación

• Monitorear en terreno, el real cumplimiento de las medidas de protección, otorgadas a defensores y defensoras en el país.

• A las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar de orden público (PMOP) que no continúen agrediendo a las y los defensores de derechos humanos, que por el contrario cumplan con su rol de proteger la vida de todos y todas; y que respeten el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país.

• Al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, a que cese la criminalización a las distintas acciones de resistencia, de encarcelar a líderes y lideresas sociales y que se comprometa, desde su recién creada Fiscalía Especial para Protección de periodistas y defensores, a llevar tras las rejas a quienes nos violentan, sin importar militancia política, clase social o su nivel de influencia en la vida nacional.

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