Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición contra la Impunidad anunció este jueves su acompañamiento el Juicio Oral y público contra los ocho implicados en el asesinato de Bertha Cáceres, programado para este 17 de septiembre, donde ya se muestran “una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso”.

Dentro de los obstáculos e ilegalidades, la Coalición expuso la negación de información la falta relacionada a la causa a las víctimas y la acusación privada de la familia Cáceres como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.

Asimismo, condenaron campañas de desprestigio contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que Berta co-fundó en 1993, por parte de un bufete privado en representación de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).

Por último, la Coalición contra la Impunidad instó al Tribunal de sentencia “a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos”.

A continuación, Conexihon reproduce íntegro el Comunicado de la Coalición contra la Impunidad.

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

ANTE EL JUICIO DE LA CAUSA BERTA CÁCERES

 

La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la causa Berta Cáceres, programada para el 17 de septiembre de este año, ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia de la siguiente manera: 

PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante   durante el desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso. 

SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso. 

TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). 

CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aun contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry  Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA. 

QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.

SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato. 

SÉPTIMO:  Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.

FINALMENTE:  Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos. 

 

Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018

 

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