Tegucigalpa, Honduras (Comunicado de Prensa CEJIL).- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.

Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.

Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.

Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.

Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.

Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(...) asegurar que los familiares (...) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.

Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.

En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.

Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.  


Organizaciones firmantes

8th Day Center for Justice
67 Sueños – Estados Unidos
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador
Amnistía Internacional
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania
Carea e.V – Alemania
Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Chinese Progressive Association – Estados Unidos
Climate Justice Alliance – Estados Unidos
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador
Collettivo Italia Centro América – Italia
Comité Campesino del Altiplano – Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala
Comité de Unidad Campesina (CUC) –  Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) –  Canadá
Common Frontiers – Canadá
Corporate Accountability Lab – Estados Unidos
Diakonia
Earthworks – Estados Unidos
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Francia América Latina – Francia
Front Line Defenders
Fundación para el Debido Proceso
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Greenpeace
Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos
HEKS / EPER
Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala
Human Rights Defenders Project – Estados Unidos
Indigenous Environmental Network
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación –  Austria
International Service for Human Rights (ISHR)
JASS Mesoamérica
Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Migrant Justice
“La Otra” Cooperativa –  Guatemala
MISEREOR –  Alemania
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) –  Estados Unidos
Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia –  Alemania
OXFAM
Peace Watch Switzerland
Plataforma Urbana – Guatemala
Prensa Comunitaria – Guatemala
Protection International
Red Comunitaria Guatemalteca –  Canadá
Right to the City Alliance – Estados Unidos
Rights Action
Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala
Share Foundation – Estados Unidos
Southern Maine Workers Center – Estados Unidos
Todos por Guatemala –  Canadá
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala
United Electrical Workers of America – Estados Unidos
United for Mining Justice –  Canadá
UPROSE – Estados Unidos
Women’s Organizing Network – Estados Unidos

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