Por: Gissel Grández

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Las fuerzas militares en Honduras son las causantes del 81 por ciento de casos de tortura en el país de acuerdo con las cifras registradas por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT) durante 2017.

Durante ese periodo el CPTRT recibió 95 denuncias sobre tortura, la mayoría de personas en privación de libertad en los centros penitenciarios, 78 de ellas cometidas en cárceles de máxima seguridad.

También fueron señalados la Policía Nacional Preventiva con nueve casos; la Dirección de Investigación Policial (DPI), con cuatro; la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y la Policía Penitenciaria con dos casos cada uno, mientras que los miembros de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) y guardias de seguridad privada tienen un caso.

“Quien ejerce la tortura es el Estado a través de las autoridades estatales y servidores públicos, miembros de la Policía Nacional y del Ejército. En los últimos tiempos se ha visto que es la Policía Militar la que frecuentemente está haciendo uso de esta práctica”, relató la médico y defensora de los derechos humanos, Lucy Pavón, del CPTRT.

Según un informe presentado por el CPTRT después de la detención, que generalmente sucede en la calle, los detenidos son trasladados a postas, cárceles, o circulan en vehículos aparentemente sin rumbo, lo que puede dar lugar a que se produzca  una desaparición forzada.

La defensora de los derechos humanos también mencionó, “si tuviéramos autonomía en el Poder Judicial se cumpliría el estado de derecho, pero como vemos que no existe entonces aquí se hace lo que una persona ordena”. 

“Si el Fiscal General hace lo que la persona que está enfrente del Ejecutivo ordena no hay justicia, por eso nadie cree en nuestro sistema de justicia  en el Ministerio Público, la Fiscalía General y mucho menos en la Fiscalía General de los Derechos Humanos”, comentó.

Métodos de tortura

El uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y gas pimienta en espacios abiertos sobre todo durante la protesta social tiene graves consecuencias para la salud de las personas igualmente cuando se hace uso de ellas en espacios cerrados como en las cárceles, establece el documento.

Otras de las formas de tortura habituales son: la colocación de una bolsa plástica en la cabeza, choques eléctricos, disparos con arma de fuego y con balas de goma en diferentes partes del cuerpo, apuntar con el arma, cerrajear el arma, colocar a las víctimas en posiciones incomodas durante horas y pararse sobre ellos, desprendimiento del cabello, golpes continuos en los oídos, plantas de los pies, arrastres, amenazas a muerte, persecución, insultos y humillaciones, entre otras.

Uso de chorros de agua desde tanquetas contra manifestantes, como forma de tortura.

Pavón explicó que cuando una persona recibe tortura física va impuesta también la psicológica, el daño que se produce es invalidar a la persona, humillarla y quebrantar su dignidad entre otras amenazas.

Además la doctora  dijo que “las personas sobrevivientes de tortura tienen consecuencias psicológicas como el  miedo, el terror, ideas de persecución y en muchos casos hay delirios, trastornos en el sueño y en el apetito”.

De igual forma, están las consecuencias sociales como la desintegración familiar, problemas de pareja y en muchos casos pérdidas de trabajo y trastornos estudiantiles.

La especialista considera que no sancionar correctamente a los torturadores “significa impunidad y lo que está haciendo el Estado es mandando un mensaje de que si defendemos los derechos nos pasará lo mismo”.

Sectores desprotegidos son los más vulnerables

La tortura en el país es una realidad que afecta en especial a sectores con mayor vulnerabilidad concluyó el reciente 22 de junio una misión internacional integrantes de organizaciones de derechos humanos que provienen de Argentina, Guatemala y Suiza.

La misión contextualizó que en el país los tratos crueles e inhumanos se presentan en el momento de la detención, traslado y privación de libertad en posta policial o militar, mediante golpes, asfixia seca o húmeda, amenazas, abusos sexuales, privación de salud médica y periodos de incomunicación.

Así como en los centros penitenciarios la capacidad del albergue es de 10.908 privados de libertad, sin embargo en el mes de junio de 2018 la población hacinada supera el doble de su capacidad con más de 20 mil personas.

Y en el manejo de protestas y desalojos, con uso excesivo de fuerza, tal y como evidenciaron las decenas de muertes y centenares de heridos en la crisis post electoral.

El Estado carece de estadísticas

La misión solicitó datos estadísticos de tortura a la Secretaria de Derechos Humanos, la Dirección General de Medicina Forense y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), pero estos no fueron proporcionados lo que a su juicio indica una grave falta de transparencia.

Las instituciones responsables de recibir las denuncias por tortura, dar seguimiento y judicializar a los perpetradores no lo realizan,  lo que da cabida a  que se  produzcan altos niveles de impunidad y que se siga produciendo la tortura, señalaron integrantes de la misión internacional.

La ausencia de condenas por el delito de tortura genera un clima de impunidad y denota la falta de respeto y reconocimiento a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de la administración de justicia, lamentó Liliana Hernández, de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad. 

Uno de los casos fue el dirigente estudiantil, Nery Gómez, fue víctima de tortura, él recuerda que fue golpeado, insultado y amenazado por fuerzas de seguridad del Estado de Honduras, durante la crisis post electoral.

“Esposado de pies y manos me dijeron por aquí te vamos a tirar, y vamos a decir de que vos te tiraste por que querías huir”, relató el universitario.

Millitares desalojando protesta.

El artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes estipula que los Estados tienen la obligación de prevenir la tortura, velar por las víctimas que están en su gobierno, obtengan reparación, compensación y rehabilitación lo que incluye los medios para lograr la rehabilitación más completa posible.

Medidas contundentes

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que bajo ninguna circunstancia se justifica la tortura, ya sea durante una guerra, amenazas de guerra, periodo de inestabilidad política interna o cualquier situación de emergencia o seguridad nacional.

La Constitución de la Republica en su artículo 68 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y que nadie deberá ser sometido a tortura, toda persona deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente a todo ser humano.

 

 

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