Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La organización Abogados sin Fronteras Canadá (ASF) presentó este miércoles el proyecto "Justicia, Gobernabilidad y Lucha contra la Impunidad en Honduras" (2018-2023), cuyo objetivo es aumentar el acceso a la justicia hacia víctimas de violaciones de los derechos humanos y ofrecer apoyo a las organizaciones de sociedad civil hondureñas.

Con el apoyo de la agencia de gobierno Global Affairs- Canadá y un fondo de 11,6 millones de dólares canadienses, el proyecto va orientado al apoyo hacia los actores de la justicia “para fortalecer su papel como pilares del buen gobierno y garantes de la justicia”, explicó ASF por medio de un comunicado divulgado en su página web.

Asimismo, el proyecto contempla desarrollar una jurisprudencia que incorpore buenas prácticas tanto nacionales como internacionales, en materia de derechos humanos.

Esto “ayudará a crear un marco legal que contribuya a la protección efectiva de los derechos humanos de los más vulnerables e intensifique la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expuso la organización canadiense.

De acuerdo con el director general de ASF, Pascal Paradis, la experiencia de esta organización internacional en América Latina, África y el Caribe muestra que, una representación legal fortalecida de las víctimas y personas vulnerables impulsa la lucha.

Abogados sin Fronteras-Canadá tiene presencia en Honduras desde 2013, particularmente desde el Programa de Cooperación Voluntaria de Canadá en colaboración con el Comité de Familiares Detenidos de desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de los Investigación promoción y Derechos Humanos Honduras (CIPRODEH).

“Al ayudar a nuestros socios hondureños a llevar los casos ante los tribunales que destacan la discriminación y la violencia sufridas por las mujeres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, se fomentan los procesos de reforma y las transformaciones que tienen un impacto duradero”, dijo Paradis.

Al final de este proyecto, las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente mujeres y niñas, se beneficiarán de un mejor acceso a un abogado especializado. Las organizaciones de la sociedad civil estarán mejor equipadas para defender al Estado y exigirle que cumpla con sus obligaciones.

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