Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Mesa Nacional de Derechos Humanos, interpuso una denuncia este martes ante la Inspectoría de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la jueza Gabriela Gallo, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

El motivo de la denuncia, es por la resolución que la jueza en mención emitió el viernes anterior, que dicta sobreseimiento definitivo a los oficiales de policía Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar Godoy y Marlon Agustín Vásquez Palma, acusados por los delitos de Tortura, Lesiones, Detención ilegal, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes universitarios.

Las acciones de la jueza Gabriela Gallo, son calificadas por la Mesa de DDHH como “arbitrarias y vergonzosas”, plasmadas en el expediente 3054-2017, del Juzgado de Letras de lo Penal, dónde se encuentra la resolución a favor de los altos oficiales de Policía Preventiva.

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Por ello, la Mesa pide que se examine la conducta de la jueza Gallo y en caso de comprobarse que no actuó conforme a Derecho o al estar al margen de la Ley se establezca la respectiva sanción administrativa en su contra.

De acuerdo con el posicionamiento de la Mesa de DDHH la resolución de la jueza Gallo “está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro, Ariel Díaz y ocho estudiantes”.

La denuncia interpuesta, argumenta que, durante la lectura de la resolución, el pasado 01 de junio, la jueza Gallo utilizó un lenguaje que irrespetaba la condición de defensores y defensoras de los derechos humanos.

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Hedme Castro, una de las defensoras afectadas, sobre este punto aseguró que la jueza “nos discriminó de todas las formas posibles, nos dijo mentirosos, violentos”. En referencia que en uno de los párrafos de la resolución, los defensores debieron tener carácter de “veedores” y para la jueza se volvieron parte del conflicto y le faltaron el respeto a la autoridad.

La resolución que deja en libertad a los policías sólo fue “para cumplir órdenes y era de dejar en libertad a estos oficiales, es decir revertir la imputación de los delitos, por eso es condenable su actitud”, detalló Castro.

En la denuncia, la Mesa de DDHH solicitó se tome declaración a representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), de embajadas e instituciones internacionales, cuyos nombres aparecen en el acta.

Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas, expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas al Acceso a la Justicia, el Debido Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatales responsables.

De no prosperar esta acción, Hedme Castro, dijo que seguirán agotando las instancias hasta encontrar justicia en este caso.

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