Tegucigalpa, Honduras (Conexihon)-. En la noche de este lunes, en la sexta reunión preparatoria al diálogo político, con representantes del bipartidismo (Partido Nacional y Liberal), personajes que representan la otrora candidatura de Salvador Nasralla, funcionarios del gobierno y el coordinador Residente de Naciones Unidas, Igor Garafulic, se discutió el tema de Derechos Humanos durante la crisis post electoral.

Previo a este anuncio hecho en una pequeña rueda de prensa y ratificado por un comunicado de la oficina de la ONU en Honduras, el presidente ilegalmente reelecto, Juan Orlando Hernández, días antes mostró su molestia por los últimos informes en los que se señalan violaciones a los derechos humanos, entre ellas más de 20 muertes por razones políticas.

En declaraciones que difundió una televisora local, Hernández hizo un pedido a la Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), María Soledad Pazo, donde pomposamente aseguró que no sólo el Estado violenta derechos humanos.

En su alocución, Hernández acusó a las organizaciones no estatales “que vulneran, que atropellan, que violentan los derechos fundamentales de las personas y el defensor de los derechos humanos que no mire eso, está sumamente equivocado”.

El malestar de Hernández ocurre en el contexto en que organismos de naciones unidas en materia de derechos humanos le hacen serios señalamientos sobre violaciones a garantías, específicamente entre noviembre de 2017 y febrero de 2018.

En su informe preliminar presentado el pasado 11 de mayo, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Situación de Defensores, Michel Forst lamentó la estigmatización, criminalización y el asesinato de defensores y defensoras en Honduras.

Vea: Relator Michel Forst: “Colusión entre poderosos intereses han convertido a Honduras en país peligroso para defensores”

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país (OACNUDH), 72 horas después, hizo publico su informe anual 2017 y llamó a las autoridades hondureñas a desmilitarizar las funciones públicas e investigar las violaciones cometidas durante la crisis post electoral.

Vea: OACNUDH llama a desmilitarizar funciones públicas, investigar violaciones post electoral y derogar el 335-B

El punto tres del comunicado, habla sobre la “necesidad de seguir apoyando” lo que llaman una propuesta de Decreto Ejecutivo y que éste sea el canal que lleve a la creación de una Comisión de “Verificación” de violaciones a derechos humanos.

Pasado el reclamo público de Hernández, en la reunión de la mesa de pre diálogo, estuvo presente la Secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva y el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

Sin embargo, el pasado miércoles, el propio Díaz expuso en un Boletín de prensa del Ministerio de la Presidencia, que no están apoyando ninguna creación de ninguna Comisión, porque para eso ya existe un Ministerio Público y la Policia Nacional. 

El término “Verificación” es cuestionado por figuras relacionadas con el tema de derechos humanos en el país y piensan que al final sólo es un intento para “lavar la cara” a demandas internacionales por los hechos de criminalización, muerte e imposición de presidente al margen de la voluntad popular y la propia Constitución de la República.

Edy Tábora

Una limpieza con aroma a Golpe de 2009

Para el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, este gobierno desde ya niega las violaciones a los derechos humanos y por eso no es extraño que utilice o hable de una “Comisión de Verificación”.

“Es una propuesta del libreto que se maneja desde el Golpe de Estado de 2009, para solucionar o dar respuesta a presiones internacionales que demandan investigación de violaciones a derechos humanos”, expuso Tábora.

Durante noviembre de 2017 hasta febrero de 2018, hubo diversas acciones de represión contra diversos sectores de la población hondureña. Para el caso, C-libre, organización dedicada a la defensa de libertad de expresión, reportó 59 agresiones a este derecho, de las que 30 ocurrieron contra periodistas y comunicadores sociales.

La línea, de acuerdo con el profesional del derecho, va por una estrategia para “limpiar la cara del gobierno” y de esta manera demostrar que se está sometiendo a investigación los crímenes post electorales.

“Ni sanción a los responsables ni una respuesta real a las violaciones a los derechos humanos se hará con una propuesta en la que participe el gobierno”, detalló el titular de C-Libre.

El también ex Fiscal de los Derechos Humanos recordó que, luego del golpe de Estado de junio de 2009, al instalarse y ofrecer un informe la Comisión de la Verdad, esta presentó cosas importantes, pero luego de presentados estos hallazgos, no existe ni investigación ni sanción a los responsables de este hecho.

Señaló además que Honduras carece de una reforma estructural para contener que se produzcan violaciones a los derechos humanos.

Borrar la crisis para instalar un país impune

Bertha Oliva

“Pensar en un diálogo con algo fabricado para lavar y borrar a las víctimas me parece algo fuerte”, expuso Bertha

Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Oliva puntualizó que desde el COFADEH existe el convencimiento que no hay voluntad para superar la crisis, “lo que hay una estrategia para borrar la crisis, pero borrarla para cometer más actos delictivos y convertir a Honduras en un país impune”.

¿Hay o no hay presidente? Es la discusión que debe surgir y definirse en estas rondas de pre dialogo, acotó la defensora de los derechos humanos.

Durante la crisis post electoral, la organización defensora fundada en 1982, contabiliza 34 asesinatos contra ciudadanos y ciudadanas por razones políticas, de las que 21 responsabilizan a la Policial Nacional del Orden Público (PMOP).

Cuestionó que en una discusión en la que quienes “ponen las reglas son los violadores de la Constitución” es una situación difícil, no sólo por su papel como opositor (opositora) al régimen (de Hernández), sino por oponerse a la violación de nuestra Constitución, camino que inició con la reforma al artículo 239 del texto Constitucional y que fue seguido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que lo inscribió y lo impuso en el Poder Ejecutivo.

Desde el COFADEH se han impulsado espacios para denunciar violaciones a los derechos humanos, como la conformación del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, dónde se denuncia las condiciones de presos políticos, que surge a mandato de la Convergencia contra el Continuismo, donde se presentaron diversas acciones para impedir la candidatura a la ilegal reelección de Hernández.

De acuerdo con ambos entrevistados, a pesar de los diversos informes que evidencian violaciones a partir de la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández por parte de organismos nacionales e internacionales, este se mantiene en su discurso y se lavará la cara llena de sangre, criminalización y violación de la ley, para imponerse.

 

 

0
0
0
s2sdefault

Más Leídos