Tegucigalpa/Ginebra (Conexihon)-. Las autoridades hondureñas aun no dan respuestas por las desapariciones forzadas tanto de los años 80, como la última de un joven durante la crisis posterior al proceso electoral de noviembre de 2017.

Por lo que, organizaciones que conforman la Coalición contra la Impunidad, presentaron un informe sobre el tema, con motivo del Examen a que es sometido el Estado hondureño desde este 22 y 23 de mayo ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Mientras que, posterior al proceso electoral en la que el Tribunal Superior Electoral (TSE), impuso en la presidencia al ilegalmente reelecto Juan Orlando Hernández, y durante las acciones de protesta de la ciudadanía agrupada en la Alianza de Oposición contra la Dictadura en las que hubo detenciones ilegales, asesinatos políticos y desapariciones forzadas, con ello regresando a la década de los 80.

La Coalición contra la Impunidad exige respuesta al Estado por la captura y posterior desaparición de Manuel de Jesús Bautista de 23 años, capturado por miembros de la Policía Nacional del Orden Público (PMOP), durante una jornada de protestas el 03 de diciembre de 2017 en Naco, departamento de Cortés.

Información que recopiló el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su informe sobre desaparición forzada en el país, Bautista junto con otras dos personas, fueron detenidas y fuertemente golpeadas. “les lanzaron gas lacrimógeno para impedirles visibilidad”.

La detención contra Bautista ocurrió durante en el marco del decreto Ejecutivo PCM-084-2017, aprobado por el Consejo de Ministros en la noche del 01 de diciembre, dos días antes de la captura y posterior desaparición del joven. En esta fecha el toque de queda estaba vigente a partir de las seis de la tarde.

Por este hecho, se han interpuesto acciones ante la Fiscalía de Derechos Humanos de San Pedro Sula, siempre en el departamento de Cortés. Una de ellas, una denuncia por detención- desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista, misma que a la fecha no existen avances que conduzcan a conocer dónde está el joven y quienes fueron los responsables del hecho en su contra, planteó el COFADEH en su informe.

El COFADEH presentó un escrito ante la Jueza Ejecutora de San Pedro Sula, Gladis Reyes y ante el Juez Ejecutor de esa misma ciudad Fredi Gallo, en la que solicitó información sobre los resultados del Habeas Corpus presentados en favor de Bautista.

“La única respuesta es silencio e indiferencia y la falta de interés de las autoridades en este caso” denunció la organización de derechos humanos.

La Coalición, en un comunicado difundido este martes entre sus puntos denunció la “inefectividad asegurada por la ley para la investigación de denuncias de desaparición forzada, cometidas por personal militar en el país”.

Igualmente puntualizó la ausencia de una legislación especializada en la materia, mientras que denunció la existencia de “conductas discriminatorias y estigmatizantes por parte de cuerpos de seguridad del Estado en la atención de casos de desapariciones de mujeres”, así como tipos penales incongruentes contra lo que establece la convención sobre desaparición forzada.

Por lo que la Coalición, en su informe alterno, presentará una serie de recomendaciones para que el Estado hondureño implemente normativas administrativas y penales “congruentes” contraídas en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada.

En Honduras, entre 1979 a 1993 se ha registrado 184 casos de desaparición forzada en el país, luego de la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que, desde la política de gobierno estadounidense, buscaba acallar voces de liderazgos del movimiento social y popular, solidarios con los procesos de liberación en el Centro y Sur América.

De estos, sólo dos casos han sido juzgado y condenado el Estado hondureño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 1988, en los casos de Ángel Manfredo Velásquez (desaparecido en 1981) y Saúl Godínez Cruz (desaparecido en 1982).

En la audiencia de este día, las autoridades estatales expresaron que están implementando mejores instrumentos para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia por los casos de desaparición forzada. Pero del 2015 a la actualidad continúan estas prácticas violentas por razones políticas, como el líder sindical Donatilo Jiménez, en abril del 2015,

Por el caso de Jiménez, se  han realizado exhumaciones sin dar resultados y su familia, en lugar de encontrar justicia, enfrenta un  juicio oral y público por injurias y calumnias contra autoridades del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), donde laboraba y de ahí desapareció el líder sindical.    

Acudieron al examen en representación de las autoridades hondureñas, integrantes del Congreso Nacional, Ministerio Publico (MP), la recién creada Secretaría de Derechos Humanos, entre otros, quienes mencionaron una cifra inferior a la que el ex titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Leo Valladares Lanza registró en su informe “Los hechos hablan por sí mismos”, el cuan registra que son 184 las víctimas de esta práctica en la década de los 80´s en el país.

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