Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- De las cuatro ocasiones que se ha suspendido la audiencia inicial contra los policías que atacaron a defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, dos han sido porque la jueza Gabriela Gallo que lleva la causa, se reportó enferma.

La audiencia inicial fue reprogramada para este martes, donde los altos mandos policiales comparecen tras ser acusados de cometer al menos cinco delitos contra la integridad de cuatro defensores que acompañaban a ocho universitarios durante una protesta social, el 08 de septiembre de 2017.

Pasa el tiempo, y para los defensores Carlos del Cid, Ariel Díaz y las defensoras Hedme Castro y Tomy Morales, ahora que se han invertido los papeles y son ellos los y las demandantes, el proceso es largo. Caso contrario cuando fueron acusados y puestos tras las rejas por mas de 24 horas entre la noche del 08 de septiembre y la madrugada del 10 del mismo mes en 2017.

El 13 de diciembre de 2017, la Fiscalía Especial de derechos Humanos (FEDH), del Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal contra los tres oficiales de la Policía, esto tras meses de incidencia por parte de la Mesa Nacional de los Derechos Humanos, quienes públicamente repudiaron los actos de violencia contra Del Cid, Diaz, Castro y Morales y solicitaron que los uniformados fueran presentados ante la justicia.

Desde el pasado 28 de febrero, se inició un proceso contra Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub-Comisionado de Policía), Félix Adrián Colindres (Comisionado de Policía) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub comisionado de Policía), acusados por los delitos abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas.

Pese a la gravedad de los delitos por los que comparecen los tres policías, desde que inició la audiencia de declaración de imputado, les otorgaron medidas contrarias a la prisión preventiva.

Carlos del Cid, que integra el Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH), denunció que mientras los tres imputados gozan de libertad, su familia junto a él son objeto de persecución, amenazas por vía telefónica.

El pasado viernes, al notificarse de la suspensión de la audiencia convocada para ese día, Del Cid le expuso al Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras, Michel Forst, la colusión entre el Poder Ejecutivo, los operadores de justicia y en este caso, los tres policías imputados. Esto mientras el experto de la ONU presentaba sus recomendaciones tras 12 días de estadía oficial en el país.

“Ellos (operadores de justicia) se burlan de cualquier relator de DDHH que se encuentre en el país aunque el Relator Forst se reunió con el Presidente. Pero es desde el Poder Ejecutivo se giran las instrucciones para que se nos atropellen”, comentó el defensor de los derechos humanos. 

Por su parte, Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para una ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), no se deja el agotamiento tras las suspensiones de las audiencias, a las que a su juicio, son “tácticas dilatorias”.

“Nosotros pensamos que quieren agotar nuestra paciencia y evitar que continuemos porque hay muchas personas que se hartan de tanta burla del Poder Judicial”, denunció Castro.

En la misma línea, denunció Carlos del Cid una “colusión clara” entre los poderes Ejecutivo y Judicial para que “la situación de estos tres oficiales se mantenga oculta”. Mientras los policías imputados permanecen en libertad, a las víctimas les genere un estado de zozobra.

Durante el ciclo de las audiencias, ambos defensores afirman como tanto la parte legal y los propios policías cuentan con prebendas en las audiencias.

Del Cid y Castro aseguran seguir con esta causa hasta el final “hasta que se haga justicia y queremos ver a estos mandos policiales en la cárcel”.

Buscan justificar acciones de la policía

Para la abogada Kenia Oliva, quien integra el equipo legal privado de la parte acusadora, no existe igualdad en el acceso a la justicia en este país.

“Se le están dando demasiados privilegios a los acusados, llevan asesores, usan sus teléfonos, sus computadoras y demás artículos electrónicos como si fueran a sus oficinas”, cuestionó Oliva.

Denunció por ejemplo como la jueza Gallo, resta atención a las pruebas o “minimiza el hecho” que la acusación privada presenta; en cambio, cuando en el video aparece una acción de los defensores y los estudiantes, se levanta pide que se haga pausa y atenciona.

Otro de los puntos que Oliva cuestionó es la admisión, por parte de la jueza, de las personerías jurídicas de las organizaciones a la que los defensores de derechos humanos pertenecen.

Por parte del Estado, esto sería una violación al derecho a defender derechos, ya que de acuerdo con la Declaración de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras, aprobada hace 20 años cita que el ejercicio de defensoría puede realizarse individual o colectivamente.

“Por supuesto que nos causa duda de que realmente lo haga de forma maliciosa. Si fueran los defensores los acusados ya hubiese resolución”.

En esta audiencia que continua este 16 de mayo, espera que la justicia llegue y se declare un Auto de Formal Procesamiento con prisión preventiva ya que hay evidencia de que hubo tortura, física y psicológica, esto último aunque los jueces no le tomen atención, sostuvo la profesional del derecho.

Mientras este miércoles se reanuda la audiencia contra los tres oficiales de policía y tras diversos informes sobre la situación de derechos humanos en el país, se espera que la justicia obtenga la cura que la libre de la sala de emergencias de la impunidad en el país.

 

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