Tegucigalpa/París (Conexihon).- Poner fin a las acciones judiciales y hostigamientos hacia Eduardo Urbina, líder universitario hondureño refugiado en Costa Rica, es una de las exigencias que hizo este miércoles, el Observatorio para la Protección de los defensores de Derechos Humanos.

El observatorio, que es programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), tiene conocimiento de la situación de Urbina, entre ellas su estatus de refugiado en aquella nación centroamericana, acción tomada con satisfacción por este organismo, luego de lograr su estatus como refugiado político.

Sin embargo, mostró su preocupación por el proceso penal iniciado por el Ministerio Público (MP), debido a la quema de un camión militar en una protesta el pasado 15 de diciembre. Cinco días antes, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en honduras (COFADEH), había sacado a Urbina por denunciar amenazas contra su vida.

Cabe señalar que el COFADEH, lleva la defensa del joven universitario luego de que se le incoara el proceso en su contra. El 22 de marzo se presentaron una serie de documentación y un escrito que ponga fin a la acción penal ante el Ministerio Público, sin tener respuesta de este ente, denunció su coordinadora general, Bertha Oliva.

El 17 de diciembre, el Juzgado de Letras de lo Penal, con sede en Comayagüela, emitió una orden de captura contra Eduardo Urbina, quien era acusado “con pruebas suficientes” por los delitos de incendio agravado en perjuicio de la Secretaría de Defensa, atentado y uso de explosivos o material de guerra, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

A pesar de encontrarse fuera de Honduras, Eduardo Urbina estuvo detenido cerca de un mes (desde el 26 marzo hasta el 23 de abril de este año), en dos centros penitenciarios de Costa Rica.

Desde las autoridades hondureñas se emitió una alerta internacional ante INTERPOL, a raíz de la acción judicial en su contra efectiva el 17 de diciembre de 2017 (siete días después de la salida de Urbina del país).

El estatus de refugiado fue por fin aceptado por las autoridades costarricenses el 17 de abril de este año. Un análisis de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica aceptó la situación de riesgo de Urbina “por su rol como activista político, dirigente estudiantil, y defensor de los derechos humanos en Honduras”.

“El estatus de refugiado eliminó el proceso de extradición que pesaba en su contra, y prohíbe al Estado costarricense expulsarlo o deportarlo”, puntualizó el Observatorio de la OMCT y la FIDH.

El Observatorio destacó que estos hechos se enmarcan en una campaña sistemática de ataques públicos, verbales y físicos contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Honduras.

Entre el 26 de noviembre al 27 de enero, se registran más de 30 personas asesinadas por razones políticas, de las que 21 de ellas tiene responsabilidad la Policía Militar de Orden público (PMOP), de acuerdo a cifras que maneja el COFADEH.

Mientras que Brigadas de Paz Internacional (PBI), registró 35 incidentes contra defensoras y defensores, periodistas y comunicadores sociales entre el 26 de noviembre de 2017 al 21 de enero de 2018.


Peticiones del Observatorio referente al caso Eduardo Urbina

i. Poner fin a todo tipo de criminalización en contra del Sr. Eduardo Urbina, del Movimiento Estudiantil de la UNAH y las personas defensoras que en él participan, así como en contra de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;

ii. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Eduardo Urbina, que permitan su retorno al país, así como la de todas las personas defensoras en Honduras;

iii. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

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