Tegucigalpa, Honduras (Especial para Conexihon)-. Organizaciones ambientalistas hondureñas, de diferentes partes del país, realizaron un intercambio de experiencias el 20 de marzo de 2018, sobre la lucha contra la minería metálica con organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en Tegucigalpa. 

La reunión fue promovida por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) con el apoyo de OXFAM.

Diferentes pueblos y comunidades hondureñas viven bajo acoso estatal, por la defensa del territorio, en contra de empresas y proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló “las constantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y garífunas”, por las deficiencias de un régimen legal de minerales y las debilidades de la institucionalidad pública.

El mismo informe indica que muchas de las concesiones mineras otorgadas por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeominh), han sido otorgadas en zonas protegidas, zonas arqueológicas o en afectación directa de cuencas hidrográficas afectando directamente a las comunidades.

Según Fosdeh la explotación minera aporta una mínima parte al producto interno bruto del país, lo que comprado con los conflictos sociales en las comunidades y la afectación al medio ambiente es más el daño que los beneficios.

El Salvador una experiencia de éxito

La Mesa Nacional frente a la minería Metálica en El Salvador ((MNFM), manifestó que para la prohibición de la explotación minería metálica, fue una lucha que duró al menos 12 años, desde el año 2005 al año 2017.

Miguel Edgardo Mira, recordó que una de las acciones más importantes fue la definición del objetivo político de la articulación, luchar en contra de la minería metálica.

El defensor del medio ambiente, recordó que uno de los momentos más difíciles de la lucha ocurrió en el año 2009 con el asesinato de los “mártires ambientalistas del departamento de Cabañas, Ramiro Rivera, Dora Sorto y Marcelo Rivera”.

Mira comentó que durante ese tiempo, las empresas mineras sometieron a su país al chantaje, amenazando con demandas en tribunales internacionales, lo que se concretó en el año 2009, cuando la empresa canadiense Oceana Gold, demandó a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por un monto de 250 millones de dólares.

Gracias al trabajo de la Mesa y del gobierno, la empresa perdió la demanda ante el CIADI y le ordenó el pago de US$8 millones por los gastos incurridos en el proceso a favor del gobierno de El Salvador.

En abril del año 2017 entró en vigencia la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su reglamento a partir del mes de junio de ese mismo año.

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