Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Mesa Nacional de Derechos Humanos, mostró su rechazo a la decisión de otorgar medidas contrarias a prisión preventiva a los tres policías acusados por cinco delitos cometidos contra defensores y estudiantes universitarios, en audiencia de declaración de imputado el pasado 28 de febrero.

A través de un comunicado la Mesa de DDHH condenó la decisión tomada  por la Jueza Gabriela Cristina Gallo, en el caso que se les sigue a los oficiales Juan Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez Palma, sobre quienes recaen los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas.

Esta serie de delito ocurrieron contra la integridad de las defensoras Tomy Morales (quien también es periodista), Hedme Castro, así como de los defensores Carlos del Cid y Ariel Díaz y ocho estudiantes quienes el 08 de septiembre de 2017 fueron rociados con gas pimienta, detenidos y procesados luego de un desalojo con más de 500 efectivos policiales a una protesta pacífica estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de honduras (UNAH).

A los policías procesados se les impuso como medidas sustitutivas a la prisión, presentarse a firmar cada viernes, deben estar bajo el cuidado de sus abogados y la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas, en la audiencia del 28 de febrero de este año.

Para la Mesa de Derechos Humanos las actuaciones de la jueza “fueron cargadas de contenido de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas”. Además el espacio denunció que hubo acciones de discriminación durante la audiencia.

Sobre la representación del Ministerio Público (MP) en la audiencia fue reprochada por las organizaciones de derechos humanos aglutinadas en la Mesa al considerar que “no tuvo la diligencia correspondiente” lo que pone en peligro la sanción que corresponde a los agresores, pues el rango del cargo o los grupos a que estos representan no deben ser motivo de intimidación ante la justicia.

“Rechazamos de la Secretaría de Seguridad las acciones de protección en favor de los policías encausados en detrimento de las sanciones que corresponden y del juicio mismo”, sostuvo en el comunicado el espacio que aglutina más de 30 de organizaciones de DDHH, a raíz de haberles premiado con el nombramiento en mejores puestos dentro de la institución policial, lo que la Mesa considera que “mandan un mal mensaje a los mismos integrantes de la policía alejándoles más de su misión”.

Demandas de la Mesa de DDHH

 1) A la Corte Suprema de Justicia proceda contra la jueza Gabriela Cristina Gallo y que no siga conociendo de la causa. Que vele por la independencia judicial y el no sometimiento a ningún poder fáctico.

2) Al Ministerio Público revisar su accionar en razón de asumir con propiedad este asunto que impacta en la vida del Estado hondureño por sus implicaciones y repercusiones.

3) A la Secretaría de seguridad que suspenda toda acción de privilegio, protección e injerencia en favor de los policías procesados, pues va en contra de todo el sistema de justicia.

4) Solicitamos a las distintas embajadas y organismos internacionales, con presencia en nuestro país, que tienen en su mandato de nación el respeto irrestricto de los derechos humanos, su solidaridad activa por la vigencia de estos principios universales.

5) Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras, a mantenerse vigilante y tomar acciones en este emblemático caso que afecta al mundo de los derechos humanos.

6) Al Relator de la Comisión Interamericana sobre defensoras y defensores de derechos humanos tomar nota de esta comunicación y desarrollar las acciones de urgencia que precisan.

7) Al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana, como ya lo hemos pedido en las audiencias pasadas de la CIDH, que en su visita de este mes de abril, conozca en terreno de este caso para las medidas que correspondan.

Audiencia inicial que puede dejar precedente

Un día antes de llevarse a cabo la audiencia de imputado contra los tres policías, la Mesa de DDHH hizo un llamado a quien conocería la causa, de que por la gravedad de los delitos, los encausados debían continuar el proceso con prisión preventiva.

En la conferencia de prensa del 27 de febrero, en un comunicado la Mesa dijo que “el Poder Judicial tiene en sus manos demostrar objetividad para sancionar a los oficiales de la policía como corresponde”.

Sin embargo, con el otorgamiento de las medidas contrarias a prisión, será hasta en la audiencia inicial de este 13 de marzo, que el equipo legal de los defensores y defensoras acredite con sus pruebas, que los altos oficiales de la Policía respondan con cárcel por los delitos por los cuales se les acusa.

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