Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Una nueva medalla cuelga en los uniformes de los tres policías. Podrán defenderse en libertad por los cinco delitos que se les acusa en perjuicio de cuatro defensores de derechos humanos y seis estudiantes universitarios, de acuerdo a lo que estableció la jueza número seis en Audiencia de Declaración de Imputado este miércoles en los juzgados de letras de Comayagüela.

En la audiencia que comparecieron Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub-Comisionado de Policía), Félix Adrián Colindres (Comisionado de Policía) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub comisionado de Policía), se les impuso como medidas sustitutivas a la prisión, presentarse a firmar cada viernes, deben estar bajo el cuidado de sus abogados, y la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas.

Los tres altos mandos policiales, son acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas en perjuicio de los defensores Carlos del Cid, Ariel Díaz, así como las defensoras Hedme Castro, Tomy Morales y ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El viernes 08 de septiembre de 2017,  más de 500 efectivos policiales y militares desalojaron violentamente una protesta pacífica del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en las instalaciones de la UNAH, en Tegucigalpa. Los defensores y las defensoras en mención, llegaron a documentar las violaciones a los derechos humanos contra la comunidad estudiantil y en horas de la tarde fueron retenidos, les rociaron gas pimienta en sus rostros y la unidad de trasnporte en la que se transportaban y posteriormente detenidos y trasladados a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Jefatura Metropolitana Uno, en el Barrio Los Dolores, en el centro de la capital.

Hasta el lugar de la Audiencia llegaron representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) y representación de las embajadas de México, Alemania, Estados Unidos y Canadá.

Cabe señalar que la Mesa Nacional de Derechos Humanos, en conferencia de prensa el martes anterior, exigió que estos policías fueran juzgados como la normativa penal lo estipula, que, por la gravedad de los delitos, debieron tener prisión preventiva.

Tanto la acusación privada y el Ministerio Público unificaron planteamientos y solicitaron que se les fuera aplicada la prisión preventiva, punto que no establecía el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), el 12 de diciembre de 2017.

¿Por qué no fue decretada la prisión preventiva?

A pesar de que existen videos, constancias médicas y testimonios de las víctimas, la jueza desestimó aplicar la medida de prisión preventiva contra los tres policías en la audiencia de este miércoles.

Omar Menjivar, uno de los defensores que conforma el grupo de abogados acusadores privados, expresó que estos elementos arriba mencionados son “pruebas suficientes”, por lo que junto al Ministerio Público solicitaron, además de la prisión, la suspensión de sus cargos.

En tanto, la abogada Kenia Oliva, quien también forma parte de la acusación privada de los defensores y defensoras, declaró que la jueza no valoró el requerimiento, los hechos planteados, tampoco los delitos por lo que son acusados.

“Sobre todo que los policías desempeñan cargos de dirección, es decir que ejercen poder coercitivo contra quienes pueden realizar investigaciones, en este caso; policías de menor rango, la norma procesal prevé para que estas personas no puedan manipular o eliminar algunas pruebas”, sostuvo Oliva.

Para la Audiencia Inicial, acreditarán los indicios racionales que indiquen la responsabilidad de los cinco delitos. “La pelea es si se les fijará la prisión preventiva”, señaló Menjivar.

Por el delito de abuso de autoridad, el articulo 349 numeral dos del Código Penal, será de tres a seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión. Igualmente, para la violación de los deberes de los funcionarios, de acuerdo al artículo 349 numeral tres de la normativa penal.

En tanto el delito de detención ilegal, el Código Penal en su artículo 333, numeral uno lo tipifica con reclusión de tres a cinco años, además de una multa de cincuenta mil a cien mil lempiras. El artículo 136 del Código en mención, establece que por el delito de Lesiones acarrea reclusión de uno a tres años.

Las torturas son penadas de acuerdo con la legislación vigente en su artículo 209-A con prisión de diez a quince años si el daño fuera grave y cinco a diez años si así no lo fuera.

Indignación ante decisión de jueza

Dentro del descontento por la decisión asumida por la jueza número seis, una de las víctimas del ataque policial, salió al paso para rechazar la defensa en libertad de los tres policías. A través de su cuenta en faceboook, la defensora de los derechos humanos y coordinadora de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, escribió:

“Ayer la juez 6 consideró que los tres oficiales que torturaron, detuvieron y ejercieron abuso de autoridad, contra 8 estudiantes y 4 defensor@s debían quedar en libertad con medidas sustitutivas a la prisión. Nuestros abogados hicieron excelente trabajo, no se pudo hacer que se cumpliera la Ley ante un Poder Judicial coptado por un Gobierno dictatorial y corrupto”.

Será hasta el 13 de marzo, que se conocerá el futuro de los tres altos oficiales de policía. Mientras tanto recibirán el goce de sus derechos, al margen de la gravedad de los delitos por los que son acusados.

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