Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Un video narró por sí solo los abusos sufridos, las victimas acompañaron con sus testimonios. De esta forma, la Mesa Nacional de Derechos Humanos, exigió cárcel para tres policías que cometieron abusos contra defensores, defensoras y estudiantes universitarios, contra quienes se señaló audiencia de declaración de imputado mañana miércoles 28 de febrero.

La acción legal a la que acudirán los policías surgió luego de varias acciones de incidencia de las organizaciones que conforman la Mesa de DDHH, y que concluyó con el requerimiento presentado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) del Ministerio Público el 12 de diciembre de 2017.

Comparecerán en calidad de imputados Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub-Comisionado de Policía), Félix Adrián Colindres (Comisionado de Policía) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub comisionado de Policía), sobre ellos recaen los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, en contra de los y las defensores de los derechos humanos y universitarios.

Los uniformados actuaron en contra de Ariel Díaz de la Juventud por los Derechos Humanos (JDH); Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Hedme Castro, de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa); y Tomy Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), el pasado 08 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La Mesa de DDHH señaló a través de un comunicado, que el Poder Judicial tiene en sus manos demostrar objetividad para sancionar a los oficiales de la policía como corresponde. Esto implica el asegurar el resarcimiento de los derechos violados y “combatir la impunidad con la que estos agentes han actuado contra la ciudadanía que ejercen su derecho a defender derechos”.

Sin embargo, la Mesa de cuestionó que en el requerimiento se diera espacio para solicitar medidas contrarias a la prisión preventiva “sin tomar en cuenta la gravedad de los delitos y las penas a aplicar”.

El origen de este proceso penal surgió el viernes 08 de septiembre de 2017, fecha en la que más de 500 efectivos policiales y militares desalojaron violentamente una protesta pacífica del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en las instalaciones de la UNAH, en Tegucigalpa.

En el referido desalojo, que se ejecutó al amanecer, hubo más de 20 detenciones contra estudiantes, siete requerimientos con orden de captura y en horas de la tarde, estos tres policías rociaron gas pimienta a un micro bus en el que se encontraban las defensoras, los defensores y los estudiantes universitarios.

Por este mismo hecho, se denunció la semana anterior, al ex director de la Policía Nacional, Félix Villanueva, quien por medio de una operación llamada “APOLO III”, diseñaron un plan de desalojo el 05 de septiembre de 2017, tres días antes de este hecho sin contar con orden judicial.

¡No más impunidad en violaciones a derechos humanos!

Para el director ejecutivo del Comité Por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, el camino en base a la ley que les espera a estos tres policías es la cárcel.

“Que sean enviados a un centro penitenciario, hay que nombrarlos como delincuentes por haber cometido delito contra defensores de derechos humanos”, expresó Tábora en la conferencia de prensa de la Mesa de DDHH.

Tanto Colindres, Aguilar Godoy y Vásquez Palma, tendrán una pena mínima de 100 años, por estar acusados de 12 de tortura, 12 de detención ilegal, uno de abuso de autoridad, uno de omisión a deberes de funcionarios y uno de lesiones, de acuerdo con la revisión de lo establecido en la normativa penal vigente, consultada por Tábora y el resto de la defensa privada de los defensores y defensoras.

El surgimiento de la Mesa Nacional de Derechos Humanos es la lucha contra la impunidad a partir de estos casos de abusos policiales contra compañeros y compañeras que defienden derechos humanos, recordó Edy Tábora.

Recalcó que deben de presentarse acciones penales contra la fiscal María de los Ángeles Barahona el 19 de octubre de 2017  y contra la jueza Karla Maldonado, presentada el 28 de septiembre de 2017, ambas denuncias interpuestas por la Mesa Nacional de DDHH. 

Tábora solicitó a los distintos medios de comunicación su ayuda para lo que consideró “el romper este cerco de impunidad”, así como estar pendientes del desarrollo de la audiencia de mañana miércoles, en donde se puede dejar un precedente de respeto a la labor de la defensa de los derechos humanos o si un alto cargo pesa para coronar una estrella de impunidad más en sus uniformes policiales.

Finalmente, la Mesa Nacional de Derechos Humanos convocó a las diferentes organizaciones, a un plantón en las afueras de los Juzgados de Letras de lo Penal a la una de la tarde,como acción paralela al desarrollo de la audiencia de imputados contra los agentes policiales.

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