Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 20 presos en cárceles del país producto de su oposición a la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, motivó a diferentes

organizaciones sociales y de derechos humanos a conformar el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y presentarse ante la opinión pública este jueves en Tegucigalpa.

Este comité surge dos meses y medio después de ocurrido el proceso electoral (26 de noviembre de 2017), donde la ciudadanía reclamó el triunfo a nivel presidencial de Salvador Nasralla, candidato de una alianza de partidos de oposición, y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revirtió y consumó la ilegal reelección del nacionalista Juan Orlando Hernández.

Como objetivo principal, el Comité Nacional exige “de manera coordinada, precisa y comprometida” la liberación inmediata de todas las personas que están encarceladas por participar en las acciones de rechazo a la imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas.

El Comité planteó la urgencia de actuar para la libertad de -hasta ahora- 22 personas presas, pero “sin abrir avenidas a perdones o negociaciones anticipadas con la banda criminal que ha secuestrado el Estado”.

Las cárceles donde se tiene registro de las 22 personas presas son: El Centro penal de Tela, en el departamento de Atlántida, Centro Penal de Morocelí, departamento de El Paraíso (La Tolva), Centro Penal de El progreso, departamento de Yoro y Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo).

Hasta la fecha, cifras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), revelan que existe 22 presos políticos (una mujer), 80 personas criminalizadas judicialmente y 38 asesinatos por razones políticas.

Las ocho organizaciones que integran el comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras son: Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH).

Le siguen, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Coalición contra la Impunidad, Red Internacional de Derechos Humanos que tiene su sede en Estados Unidos y Canadá, Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Convergencia contra el Continuismo, Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH) y Vía Campesina, pero se espera la integración de otras.

Protestar se ha convertido en delito

Para la Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, es necesario colocar donde corresponde a quienes hoy se encuentran como presos políticos por protestar, condenar y repudiar “el peor acto que se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2017”.

“Protestar se ha convertido en un delito en nuestro país y organizaciones con trayectoria por la defensa de la libertad y la vida no podemos seguir en quietud y silencio ante la embestida que tenemos. Peor cuando quieren imponer su verdad absoluta, desde quienes cometen el delito de detener ilegalmente a nuestros presos y presas”, sostuvo Oliva.

Registro de presos políticos en las diferentes cárceles del país. Fuente: COFADEH

En el comunicado, el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos mencionó que las organizaciones que lo conforman han vivido momentos críticos en las décadas de los años 70’s, 80’s y 90´s y actualmente, enfrentaron los indebidos procesos, el uso desmedido de la fuerza, ocultamiento y desaparición de liderazgos sociales y ejercido litigio internacional luego de enfrenta los efectos de los diferentes golpes al país en los últimos ocho años.

También denunciaron las diferentes opiniones surgidas, tanto desde el gobierno como del Partido Nacional, en las que acusan a la ciudadanía opositora y liderazgos de los partidos políticos de oposición de “robarse las elecciones junto a las maras”.

Lo anterior fue reafirmado por el ex candidato a diputado por el Partido Nacional y capitán retirado Billy Joya, denunciado por organizaciones de derechos humanos por su participación en la década de los 80’s en casos de desaparición forzada en el país.

Joya, quien goza de la impunidad en el país, afirmó en un foro televisivo que “esos que llaman presos políticos los vimos saqueando, quemando y destruyendo la propiedad privada de hondureños trabajadores e inocentes”.

Al respecto, el Comité Nacional puntualizó que tiene conocimiento de quienes asesoran la Mesa de Crisis post electoral son “los asesinos del batallón de la muerte 3-16 que toman decisiones al interior de la dictadura actual, quienes han reclamado beneficios y amnistías por sus crímenes”.

Ante el escenario descrito, este Comité hará uso de los mecanismos informales de denuncia y las estrategias de alianza con actores internacionales y lograr el objetivo de obtener la libertad de quienes se encuentran presos por razones políticas.

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