Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon).- Por no ser consensuada debidamente con los pueblos indígenas en Honduras y responder a otros intereses el anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) fue rechazada durante la asamblea realizada este jueves 16 por el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH).


La asamblea estuvo conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta

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“Condenamos este ante proyecto porque es una iniciativa del Estado de Honduras en contubernio con empresarios nacionales, extranjeros y organismos financieros internacionales para legalizar y legitimar el despojo de las tierras ancestrales, bienes comunes, culturas, espiritualidades, y la gente de esos territorios”, establece el comunicado público divulgado ese día.


Además indica que “la ley es una iniciativa racista cuya existencia sólo puede entenderse en el marco de una institucionalidad al servicio de la dictadura cuyo fin es el exterminio de nuestros pueblos, nuestras sabidurías, lenguas y dignidad”.


Para la líder miskita, Marlen Jackson el hecho que la ley no se haya presentado en su idioma materno es una forma de exclusión y discriminación, por eso rechazan absolutamente la Ley de CPLI.


El Gobierno de Honduras sostiene que está incentivando la Ley CPLI con el afán de cumplir con el artículo 6 del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, de acuerdo a lo establecido en el resumen del proceso de construcción de la Ley.


El 5 de mayo de 2015 se creó la “Mesa Técnica Interinstitucional para el Convenio 169”, conformada solo por instituciones gubernamentales, para definir las acciones de la elaboración del anteproyecto, pese a que el mismo estipula que se “dialogó con Inclusión”.


En el proceso fue notoria la ausencia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).


La coordinadora de la Mesa Sectorial del Pueblo Lenca, Rosario García Rodas, aclaró que se retiraron del dialogo porque la ley violenta sus derechos y la autodeterminación de los pueblos, pues no fue tomado en cuenta de que si permitían que la ley fuera emitido al Congreso.


El comunicado de las organizaciones indígenas también señala que “en este anteproyecto de Ley se refieren sistemáticamente a diálogos y negociaciones bajo el control del Estado, los pueblos indígenas no estamos dispuestos a dialogar y a negociar nuestros territorios, para nosotros y nosotras la tierra no es un medio de vida, para nosotros y nosotras los territorios significan vida comunitaria y colectiva”.


El artículo 6 de la CPLI establece la creación del Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) será nombrado o removido por el presidente de la República.


Para el dirigente maya-chortí, Danilo Espino, el hecho que el Gobierno nombre al representante de los pueblos indígenas choca con la autodeterminación “en nuestras comunidades ya tenemos nuestros representantes legítimos”, subrayó.


Del pueblo tolupan, Consuelo Soto, afirmó que la normativa “no respeta ni el convenio 169, mucho menos las leyes que ellos hacen y aprueban, esa ley es una mentira y una falsedad, nosotros los pueblos indígenas también tenemos los títulos ancestrales que nos han violado, y le dan las tierras a los terratenientes”.


“El pueblo garífuna se ha manifestado y ha dicho no a esta pretensión del Estado, de un desalojo sistemático, que se viene practicando en contra de la población, la ley es lesiva para poder seguir con esa línea dictatoría y no escuchar al pueblo desde que la ley habla del no al veto no está el derecho de poder reclamar si están en desacuerdo”, subrayó, por su parte, el líder garífuna, Selvin López.


Una de las partes más significativas que no está incluido en el anteproyecto es lo que se refiere al derecho a veto, es decir la posibilidad de las comunidades indígenas de oponerse a una decisión en la que no están de acuerdo, emitida por un órgano estatal.


En este sentido, los pueblos indígenas condenan que de fondo la Ley pretende excluir y saquear los territorios que habitan ancestralmente y advirtieron que “donde vayan sus proyectos de muerte encontrarán la resistencia llena de vida, de justicia y de inspiración por sus hermanas y hermanos que como Berta Cáceres los acompañan en los caminos”.

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