Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Ministerio Público (MP) dejó plantada a la familia y equipo legal de Berta Cáceres, así como al Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

James Cavallaro, en una sesión de trabajo el pasado jueves para evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares.

En un documento, las víctimas directas del crimen contra la lideresa indígena Berta Cáceres, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), rechazaron esta acción de parte del Estado de Honduras.

Las organizaciones puntualizaron que la sesión fue convocada por el comisionado James Cavallaro, quien viajó especialmente a Tegucigalpa para dar seguimiento al proceso, iniciado en el 2016, cuando la CIDH estimó necesario otorgar medidas especiales de protección, expresa el texto.

“Para nosotros esta visita era un momento importante, en dónde esperábamos encontrar respuesta a las preguntas que le hemos planteado a Honduras en repetidas ocasiones. Esto demuestra que el Estado no quiere resolver qué paso con mi mami", declaró Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres.

Por su parte, Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México de CEJIL, expuso que este acto de ausencia del Ministerio Público “confirma la falta de transparencia en el caso de Berta Cáceres y que no existe voluntad política para llevar una debida diligencia que permita esclarecer la autoría intelectual de este crimen”.

Sobre la investigación del caso de Berta Cáceres y la protección para sus familiares y dirigentes del COPINH, Aguiluz, lamentó la ausencia de funcionarios de la Fiscalía General con capacidad de decisión, “porque la posición de la familia ha sido que si no está presente el Ministerio Público no queremos hablar con el estado porque ya llevamos muchas reuniones de trabajo en las cuales el Ministerio Público no se presenta; y eso no puede seguir ocurriendo”.

Un día antes de la reunión con el Relator de País de la CIDH, el equipo legal y la familia de Berta Cáceres, así como el COPINH, se presentaron ante el Ministerio Público para reiterar la demanda de acceso a la información y ser partes del proceso, declarado en “secretividad” días posteriores al asesinato de Cáceres el 02 de marzo del 2016, en su casa de habitación ubicada en La Esperanza, Intibucá a unos 180 kilómetros al occidente de Tegucigalpa.

Berta Cáceres, por sus riesgosa labor como coordinadora del COPINH, era beneficiaria de Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH, las cuales eran monitoreadas por CEJIL, sin embargo, el mismo Estado de Honduras manifestó no haberlas cumplido.