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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Casí, dos semanas llevan desaparecidos Snaider Centeno, Suami Aparicio, Rafael Juarez, Milton Martinez, Gerardo Roches y el allegado a la comunidad Junior Juarez, quienes fueron secuestrados de la comunidad el pasado sábado18 de julio de 2020, a las 5:00 a.m. por desconocidos  que vestían como agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Los supuestos agentes de seguridad del Estado llegaron a la comunidad en tres carros estilo Hilux (comúnmente utilizados por la fuerza de seguridad), ello a pesar de que los fines de semana, sábados y domingos nadie circula, debido a la pandemia del Coronavirus que restringe con un toque de queda a la población hondureña, decretado en el PCM-021-2020.

Desplazamiento forzado del territorio

La Coalición Contra la Impunidad Honduras, comunicó que existen indicios suficientes para identificar un patrón de violencia sistemática en contra de la población garífuna, una política de exterminio y desplazamiento para asegurar que sus paisajes, sus playas, sus territorios y toda su riqueza cultural estén a disposición plena del capital turístico.

“Se trata de ataques y crímenes en contra de liderazgos comunitarios, personas claves en las resistencias en contra del extractivismo y en la defensa de sus territorios ancestrales. Esta ola de crímenes y desapariciones no es nueva en Honduras, así como tampoco lo es la impunidad que ha cobijado a los criminales que han puesto en marcha esta política”, explicaron en una conferencia de prensa.

Agregaron que no se trata de raptos o secuestros comunes, sino que se enmarcan en un patrón de ejecución, en un perfil de víctimas y en un patrón de manejo de las investigaciones que asegura la impunidad de estos crímenes que tienen un nombre: desapariciones forzadas, por lo tanto exigen que no esté a cargo de la investigación la DPI, en vista de que los testimonios respecto de los hechos coinciden en un aparente involucramiento de dicha institución y existe un amplio antecedente de actos criminales en lo que esta se ha visto involucrada.

Protección y título comunitario

Se sumaron a lo planteado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), para que la unidad especializada de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, sean parte activa de la investigación.

Pero sobre todo demandamos respuestas integrales que aseguren la protección de la población garífuna y se cumpla la sentencias dictadas por la Corte IDH de extender un título de propiedad comunitaria, como único medio real de mitigar las fuentes de los riesgos que enfrentan constantemente.

Comunicados de la policía

Cuatro días después del secuestro de los hijos de la comunidad garífuna, la Policía Nacional (PN) de Honduras emitió un comunicado especificando que ya están investigando el caso con otros entes estatales como el Ministerio Publico (MP) y la DPI.

La PN, informó el sábado 25 de julio que encontraron pertenecías de líderes garífunas secuestrados, los hallazgo se realizaron en una hacienda ubicada en el sector  Lomas del Carmen,  San Pedro Sula, Cortés, hallaron el pasaporte de Snider Centeno, tarjeta de identidad de  Milton Martínez, una loción de vidrio marca Polo, dos ticket de reclamo de maleta de vuelo de la empresa AVIANCA y armas de fuego.

La OFRANEH, exigió que no dejaran el libertad al sospechoso criminal, determinado con el alias el “gringo”, capturado el 22 de julio en la colonia Las Palmas en el municipio de Tela, en posesión de indumentaria militar, esposas para inmovilizar personas, tres armas de fuego, ya que consideran pruebas suficientes para que esté recluido en prisión preventiva.

El dos de julio, el presidente del patronato, Snaider Centeno, firmó un acta en una asamblea general para que se pudiera realizar casetas y la posta comunal, anunció que “la comunidad garífuna dice no a la plataforma porque cuenta con entidades municipales y gobiernos que han querido desbaratar nuestra comunidad garífuna, matándola y criminalizándola por ser acreedores de nuestras tierras ricas para producir nuestros alimentos”.