San Pedro Sula, Honduras (Conexihon).- La Coalición contra la Impunidad, condenó este miércoles las campañas de desprestigio contra liderazgos del movimiento social y popular del país; así como dirigentes

de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y exigió una investigación oportuna este tipo de acciones que ponen en riesgo sus vidas.

El pronunciamiento de la Coalición, coincidió con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especial de derechos Humanos, en la ciudad de San Pedro Sula, por la reciente campaña de desprestigio contra Víctor y Martín Fernández, representantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a quienes maliciosamente se les vincula con el asesinato de Wilmer Paredes, el 01 de enero de 2018.

Durante la crisis post electoral, en diferentes puntos del país, circulan campañas de desprestigio contra líderes y lideresas sociales, periodistas, así como defensores y defensoras de los derechos humanos. 
En Tegucigalpa, la campaña de desprestigio señala a dirigentes de la Alianza de Oposición, conformada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y el partido Innovación y Unidad- Social demócrata (PINU). 

En el departamento de Atlántida, iba dirigida contra personas que ejercen participación activa en las comunidades.

Continuaron en El Progreso, departamento de Yoro el 30 de diciembre de 2017, contra el director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno; el diputado Bartolo Fuentes, Araminta Pereira y Karina Flores, Roberto Rivera, entre otros(as), y en una segunda ocasión el 06 de enero de 2018, se les  vinculó al tráfico de armas en contubernio con agentes policiales depurados. 

Mientras que en la ciudad de Choluteca, aparecen como responsables de “hechos de violencia” los periodistas Jairo López y Ariel D´Vicente.

La Coalición contra la Impunidad, detalló que cuenta con 63 casos de defensores, defensoras y liderazgos sociales en situación de riesgo en todo el país. Siendo Cortés (17 casos), Atlántida (29 casos) y en Yoro, específicamente la ciudad de El Progreso (10 casos), quienes presentaron cifras altas.

“Evidenciamos y denunciamos el comportamiento de instituciones como el Ministerio Público (MP), el cual frente a los riesgos denunciados no ha actuado pronta y oportunamente, la Dirección Policial Investigación (DPI), que en al menos cinco de los casos ha puesto obstáculos para la recepción de las denuncias, limitando con ello el acceso a la justicia para las víctimas”, planteó la Coalición en un comunicado leído este día. 

También se refirió al papel del Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, quien “se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado”, con respecto a cerca de cuatro casos documentados que fueron presentados a esta instancia.

En dos de estos casos, el Mecanismo de Protección “resolvió  desconociendo la importante labor” de cinco defensores y defensoras, denunció la Coalición.

Peticiones de la Coalición contra la Impunidad

•    Se investiguen pronta y eficazmente los hechos denunciados que ponen en riesgo la vida de  hombres y mujeres valiosas para este país, y garantice el castigo de los responsables en ese sentido, exigimos que el Ministerio Público asuma su papel y actúe oportunamente.

•    Se reconozca por parte de las distintas instituciones y en particular el Mecanismo de Protección de la Ley de Defensores/as, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia la condición de defensores y defensoras de las personas en riesgo, insten la investigación eficaz de los hechos y actúen en consecuencia para proteger sus vidas.

•    A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, particularmente al CONADEH que actúen de manera pronta a fin de mitigar los riesgos que enfrentan los y las defensoras y líderes sociales objeto de ataques en la actual coyuntura.

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