Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Por considerar “crimen contra la democracia hondureña, la corrupción pública, la suplantación de la voluntad popular, fraude electoral y violación del derecho humano a la

vida”, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Coalición contra la Impunidad y la Mesa Nacional de Derechos Humanos, presentaron este jueves una denuncia ante una de las unidades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

La denuncia fue presentada ante la recién creada Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad en la Corrupción (UFECIC).

Las organizaciones expusieron en la denuncia, la existencia de una “estructura criminal” integrada por el actual presidente y candidato ilegal a la reelección, Juan Orlando Hernández, la comisión de campaña y el Comité Central del Partido Nacional, los tres Magistrados Propietarios de Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, Erick Rodríguez y Saúl Escobar.

El documento incluye al Consejo de Ministros que firmó el Decreto Ejecutivo PCM- 084-2017, el pasado 01 de diciembre y que desde la fecha por un periodo de 10 días suspende las garantías constitucionales a la ciudadanía. También vinculan a esta red a la Corporación Televicentro y la empresa Ingeniería Gerencial, ambas empresas se asocian en los procesos electorales del país. 

Por último, a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA), por su rol en el custodio y traslado del material electoral que, a criterio de las organizaciones “han tomado control” del territorio nacional, luego que a partir del 01 de diciembre se pusiera el toque de queda “con notorios y criminales excesos”.

“Es un curso criminal que ha desbaratado la institucionalidad del país y que también ha afectado derechos fundamentales de millones de personas, tanto de quienes fueron a votar como la que votó por la reelección”, dijo el abogado Víctor Fernández, al salir de la presentación de la denuncia.

En el caso de la implicación de una cadena de medios de comunicación, como Televicentro, que aparece señalada en la denuncia, Fernández explicó que se han beneficiado de manera insultante comparada con la miseria de este país, y mantienen una línea editorial "fundada en la mentira", creando condiciones adversas a los resultados electorales.

Paralelo a esta acción, a unos metros de la sede la MACCIH, en el boulevard Morazán, de Tegucigalpa, se desarrolló una concentración del Partido Nacional, en la que participó con un discurso el presidente y candidato ilegal, Juan Orlando Hernández.

Las organizaciones solicitan en la denuncia, se proceda al aseguramiento y secuestro de las 18 mil 128 actas electorales, el sistema informático de recolección y procesamiento del escrutinio de los votos.

De igual forma, la captura inmediata de las personas o grupos que se identifiquen como responsables de los hechos y delitos aquí denunciados, la ejecución de presentar requerimiento fiscal y la procuración de sanción conforme a derecho, asegurar la no repetición de los crímenes y la reparación de las víctimas.

La MACCIH no puede estar al margen de una crisis de DDHH

Al salir de la sede de la MACCIH, Víctor Fernández explicó que la denuncia entra en análisis. Aunque a criterio de los tres espacios que presentaron esta denuncia, “no debe necesitar de mucho análisis”, es visible la corrupción por lo que deben proceder al aseguramiento de la solicitud.

“Una institución como la MACCIH no puede estar al margen de una crisis de derechos humanos, generada por la corrupción pública en este país”, aseguró Fernández.

Solicitaron a la Misión que desde su mandato entienda la existencia de un acto de corrupción, ejecutado por funcionarios públicos que comienza con el Presidente de la república, el TSE, que avala con su silencio el desastre actual.

El también ex Fiscal del Ministerio Público hizo el llamado a la MACCIH a que rompan “con cualquier cálculo, que se inclinen por la justicia en este país”, para que posibles pactos o acuerdos al que llegue la clase política, implique el negocio de la impunidad.

“Ya hay personas muertas y personas violentadas en sus derechos, hay una afectación a la salud física y mental de los hondureños y hondureñas”, puntualizó el profesional del derecho.

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