Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La crisis política que ha vivido Honduras ha llegado a un punto de agudización provocado por la tardanza, manoseo y alteración de los primeros y únicos resultados
brindados por el pleno del Tribunal Supremo Electoral.
Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral favorecían por un margen de cinco puntos con el setenta por ciento de la carga electoral escrutada, al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, una semana después el conteo apunta al candidato oficialista con una ventaja de 52,347.
La Convergencia contra el Continuismo advirtió que existen dos posibles salidas a la crisis, la primera que implica el restablecimiento de la confianza y credibilidad en el proceso electoral y la segunda por lo contrario que apunta al agravamiento de la violencia.
Desde esta perspectiva de – una salida sangrienta de la crisis- “nos obliga a hacer un llamado urgente de acción y apoyo a los mecanismos de Protección Internacionales y al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para que realice visitas in situ, acompañe, observe y determine la gravedad de la situación a la que esta expuesta la ciudadanía”.
La organización también identifica como los principales focos de atención a los defensores de derechos Humanos, dirigentes populares y medios de comunicación comunitarios, y otras como radio Progreso y UNE TV.
“El cambio fraudulento de dicha tendencia a favor del candidato ilegal de la reelección, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, después de una supuesta caída del Sistema, ha dejado claramente sembrada en la población, la certeza de un descarado fraude electoral”, subrayaron.
A su criterio, “La respuesta represiva del gobierno, coloca en situación de vulnerabilidad al pueblo puesto que viola flagrantemente las libertades democráticas y garantías ciudadanas”.
Se trata de un decreto inconstitucional que establece el Estado de Sitio y que fue emitido en un momento crucial, cuando aún no se ha iniciado el proceso de revisión de actas y el cómputo general de los resultados y, que, por lo tanto, se convierte en un nuevo y sui generis golpe de Estado como otros que se han venido sucediendo durante los dos últimos gobiernos del Partido Nacional.
Las Fuerzas Armadas de Honduras obligadas por la Constitución de la República a garantizar la alternabilidad en el poder guardan silencio frente a este mandato y ahora se muestran diligentes para ejecutar un decreto ilegal en contra del pueblo.
“Este decreto, que no firmó Juan Orlando Hernández por ser candidato ilegal a la presidencia de la República y que no debió firmar el designado Ricardo Álvarez, por no ser legalmente depositario del poder, ha dado vía libre a los cuerpos represivos del Estado para cometer una serie de actos de violación a los Derechos Humanos como son las amenazas a los manifestantes, las detenciones ilegales, las torturas a los detenidos, los numerosos heridos y hasta asesinatos”, señalaron.
El propósito inmediato -del decreto, explicaron, “es impedir o contener la movilización popular e imponer al señor Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República, acción que conducirá a una agudización de la crisis y nos pondrá a las puertas de una catástrofe humanitaria en materia de Derechos Humanos”.
Para la Convergencia, esta acción “también es parte de la estrategia de inteligencia militar que se ha venido implementando, en la que se utilizan sicarios y provocadores infiltrados en las protestas populares para ejecutar acciones que atentan contra la propiedad privada o pública y luego culpar a los manifestantes contra el fraude”.
