Tegucigalpa, Honduras. – Preocupados por el trato que el gobierno de Honduras les da a los ocho de los defensores del agua de Guapinol retenidos en prisión preventiva durante más de un año, miembros del Congreso de los EEUU envían carta al Departamento de Estado para que presione al gobierno de Honduras y proteja a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente privados de libertad.
De igual manera hace un enérgico llamado para que se aborde de forma urgente, las campañas coordinadas de amenazas e intimidación de los medios de comunicación contra ellos, e investigar y procesar a los responsables de sus asesinatos.
A continuación la carta textual, tomado del sitio web: https://www.guapinolresiste.org/post/miembros-del-congreso-de-los-eeuu-condenan-prisi%C3%B3n-preventiva-instan-protecci%C3%B3n-en-caso-guapinol
El honorable Michael R. Pompeo
Secretario de Estado
El Departamento de Estado de los Estados Unidos
2201 C Street, N.W.
Washington, D.C. 20520
Estimado Secretario Pompeo:
Escribimos para expresar nuestra preocupación por el trato que el gobierno hondureño da a los activistas de derechos humanos conocidos como los «Defensores del Agua de Guapinol». Estos activistas están luchando por la supervivencia de sus comunidades protegiendo a los recursos naturales de la minería de hierro a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Ocho de los Defensores del Agua de Guapinol han sido retenidos en prisión preventiva durante más de un año. Cinco más corren el riesgo de ser detenidos después de que la Corte de Apelaciones revocó sus sobreseimientos e inexplicablemente reinstauró los cargos. También estamos profundamente preocupados que los EE.UU. aún no ha denunciado el asesinato el 13 de octubre del activista comunitario Arnold Joaquín Morazán Erazo, el último de un horrible patrón de asesinatos de defensores del medio ambiente en Honduras.
Pedimos al Departamento de Estado que presione al gobierno de Honduras para que proteja a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, que aborde las campañas coordinadas de amenazas e intimidación de los medios de comunicación contra ellos, e investigar y procesar a los responsables de sus asesinatos.
Los Defensores del Agua de Guapinol son líderes con el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa, Honduras. Están acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad en relación con las denuncias presentadas por la empresa minera Los Pinares, pero hay razones de peso para creer que estos cargos se presentaron en represalia por su labor, reconocida internacionalmente, de protección de los recursos del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Un informe de septiembre de 2020 de la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia determinó que la Fiscalía ha presentado «cero pruebas que apoyen la medida extrema de privación prolongada de la libertad e integridad del líder de la comunidad «.
Las ocho personas detenidas no presentan riesgo de fuga; por el contrario, se presentaron voluntariamente a las autoridades judiciales y están dispuestas a ofrecer una fianza para garantizar sus libertades. Además, la detención injustificada expone a estos defensores del agua a un mayor riesgo de contraer COVID-19 en las superpobladas prisiones hondureñas.
Honduras es uno de los países más peligrosos y mortíferos para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Según un informe reciente de Global Witness, casi 150 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras con una impunidad casi total en el último decenio, y en 2019 Honduras tuvo el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente del mundo. Estamos indignados y consternados por el hecho de que el Departamento de Estado no haya condenado estos actos ni haya presionado al gobierno hondureño para que ponga fin a este patrón de asesinato, violencia, acoso, intimidación y criminalización.
El 13 de octubre, Arnold Joaquín Morazán Erazo, un líder de la comunidad que ha enfrentado enjuiciamiento penal por sus esfuerzos para proteger las cuencas hidrográficas locales y oponerse a la minería en el Parque Nacional Carlos Escaleras, fue asesinado en su casa de Guapinol. Días antes de ser asesinado, Los observadores de los derechos humanos hondureños informaron de un aumento de los riesgos e intimidación por parte de casi 50 agentes militares y policiales fuertemente armados que vigilaban la comunidad. El asesinato del Sr. Morazán se produjo un día después de que el Parlamento de la UE seleccionara a los protectores de las aguas de Guapinol encarcelados y a Berta Cáceres como finalistas para el Premio Sájarov de Derechos Humanos 2020.
Mientras que el representante en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las misiones diplomáticas europeas y el gobierno de Canadá denunciaron públicamente el asesinato, los Estados Unidos no han dicho nada. Lamentablemente, este es sólo el último ejemplo de la vergonzosa negativa de la Administración Trump a condenar enérgicamente los asesinatos extrajudiciales de los defensores de los derechos humanos.
Instamos al Departamento de Estado a tomar las siguientes medidas:
Condenar públicamente el asesinato del Sr. Morazán y otros defensores de los derechos humanos, denunciar sus asesinatos directamente a los niveles más altos del gobierno hondureño y pedir que los responsables rindan cuentas;
Instar al gobierno hondureño a que garantice la protección y la seguridad física de los defensores del medio ambiente de Guapinol y sus familias;
Asegurar que los representantes de la Embajada de los Estados Unidos asistan y supervisen las próximas audiencias judiciales en los casos contra los defensores del agua de Guapinol;
Solicitar al gobierno hondureño que proporcione una justificación válida para continuar privando de su libertad en prisión preventiva a los Defensores del Agua de Guapinol por delitos que no requieren la medida y sin pruebas para justificarla;
Reevaluar la certificación del Departamento de Estado, del 7 de mayo de 2020, de que el Gobierno Central de Honduras está «protegiendo los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de la oposición y la independencia de los medios de comunicación».
Los Estados Unidos deben trabajar para poner fin a la impunidad generalizada del asesinato del Sr. Morazán y otros defensores del medio ambiente y del agua en Honduras y garantizar la protección de los derechos al debido proceso de los defensores del agua de Guapinol que se enfrentan a la detención y el enjuiciamiento.
Esperamos su respuesta a estas peticiones.
Atentamente,
Jamie Raskin MIEMBRO DEL CONGRESO
Joaquín Castro MIEMBRO DEL CONGRESO
Adriano Espaillat MIEMBRO DEL CONGRESO
Jan Schakowsky MIEMBRO DEL CONGRESO
Albio Sires MIEMBRO DEL CONGRESO
James P. McGovern MIEMBRO DEL CONGRESO
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