Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público (MP), emitió un dictamen a favor de declarar la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto ejecutivo PCM-052-2019, que otorga presupuesto a los militares para la agronomía.

El PCM-052-2019, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de octubre de 2019, y el mismo detalla la creación de una estructura organizativa y administrativa para el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), bajo el mando de las Fuerzas Armadas quienes asumen bajo esta línea, tareas relacionadas con el desarrollo agrícola.

El Decreto otorga, una asignación superior a los cuatro mil millones de lempiras a los militares, adscritos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, a través de la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola, en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.

Bajo este contexto la Coalición Contra la Impunidad Honduras (CCI) señala que: “El PCM violenta la Constitución de la República en el Artículo 274 párrafo primero y el Articulo 344, donde especifica la invasión de las funciones de otras instituciones que están legalmente definidas y de manera ilegal el Poder Ejecutivo le otorga funciones y presupuesto que no le corresponde a las Fuerzas Armadas (FFAA)”.

De igual forma, Bladimir López del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Sostuvo para Conexihon, que el PCM es inconstitucional porque la Constitución de la República de Honduras, establece que la instancia encargada de promover e impulsar el proceso de reforma agraria es el Instituto Nacional Agrícola (INA) y, por tanto, las FFAA, no pueden sustituir la labor rectora del INA porque sus funciones son la defensa de la soberanía territorial y no la de promover el desarrollo agrícola.

Militarización de los territorios

La CCI de forma reiterativa ha hecho un llamado a cumplir la Constitución de la República y las leyes secundarias que regulan la política agraria del país, con una postura firme de declarar inconstitucional el PCM-052-2019, que da vida al PDAH con una partida presupuestaria de 4 mil millones de lempiras que actualmente son ejecutados por las FFAA.

“Reiteramos que el objetivo detrás de la aprobación del PCM-052-2019 es una intencionalidad política y estratégica del régimen de Hernández, que ante la crisis de legitimidad de su administración promueve la presencia de los militares en áreas importantes para el desarrollo del país, como lo es el sector agrícola, acrecentado la presencia de los militares en comunidades y territorios que luchan por el acceso a la tierra y la defensa de los bienes comunes naturales”, denunció la CCI.

De igual forma, demandaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare Inconstitucional el PCM 052-19, por no cumplir una finalidad razonable y admisible desde la perspectiva de preceptos, valores y principios constitucionales, ya que existen instituciones como el INA y la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) para que realicen labores agrícolas.

“Las Fuerzas Armadas no pueden realizar labores agrícolas, ya que su función principal y formación profesional no resultan equiparables a las labores agrícolas”, subrayó la Coalición en un comunicado público, emitido este jueves 15 de octubre.

Decreto excluye organizaciones campesinas e indígenas

Además, recordaron que el PCM en mención no está avalado por las verdaderas organizaciones campesinas legalmente reconocidas y que su construcción se dio en el marco de una exclusión de distintas organizaciones campesinas, indígenas y garífunas que se ven directamente afectadas y vulnerado sus derechos ante la ausencia de políticas públicas agrarias incluyentes que promuevan la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria.

Por lo tanto, exhortaron, “al régimen Hernández, aprobar la Ley de Emergencia para la Reactivación para el Combate a la Pobreza”, elaborada desde distintas organizaciones campesinas y socializada con distintas bancadas del Congreso Nacional, instrumento político y estratégico que busca darle respuestas a los problemas históricos y estructurales que determinan la crisis agraria y alimentaria del país.

Concluyeron el comunicado, exigiendo al gobierno tomar medidas democráticas hacia el agro, redefiniendo la política agraria mediante la derogación de otros PCMs 030-2020 y 041-2020, aprobados en el marco de la pandemia.

“Ya que son instrumentos que profundizan la crisis agraria, la inseguridad alimentaria de las familias hondureñas y que abre nuevos ciclos de despojo y criminalización de personas defensoras en los territorios del país”.

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