Colón, Honduras (Conexihon).- Tras ser detenidas once personas en una acción de recuperación de tierras en la finca “El Tumbador”, se les otorgó medidas contrarias a la prisión el miércoles por ser acusados

y acusada de hurto de semilla de palma africana, informó el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA).

Los nueve criminalizados y dos criminalizadas, habitan en la comunidad de Guadalupe Carney, cercana a la finca “El Tumbador”, en el municipio de Trujillo, Colón, en la costa norte de Honduras, y fueron remitidos a los tribunales de justicia el martes 05 de septiembre. 

Los nombres de los y las campesinas son: Wilmer Javier Ortiz García (33 años), Luis Felipe Rubio Bardales (24 años), Marlon Marcelo Hernández Hernández (21 años), Sergio Reynelli Hernández López (25 años), Allan Josué Soto Hernández (23 años), Elder Ábrego (30 años), Juan Jesús Díaz Canán (25 años), Edwin Javier Méndez Suchite (19 años), Alexis Omar Hernández Morales (36 años de edad), Suany Iveth Sánchez Argueta (20 años) y Dinia Jazmín Sarmiento Suárez (29 años).

Un informe policial los exhibió como una banda dedicada al hurto de palma africana, principal cosecha en la zona, exponiéndoles como ladrones y desconociendo el derecho al acceso a la tierra, principal reclamo en la zona.

Desde el 27 de agosto reciente, unos 800 campesinos y campesinas comenzaron los procesos de recuperaciones de tierra en ocho fincas del Bajo Aguán, que están en poder de la empresa DINANT, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) e Inversiones Ceibeñas. En estos días ha habido desalojos violentos, capturados, heridos.

En la Finca El Tumbador, se regsitró una de las primeras masacres campesinas en este conflicto por la tierra en el Bajo Aguán. Después de varias horas de disparos de parte  guardias de seguridad, se encontró los cuerpos de cinco campesinos, cuyas familias quedaron desprotegidas. Las víctimas mortales fueron Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25).

Desde el año 2010, más de 120 personas han sido asesinados y asesinadas en el Bajo Aguán.

Producto de esta situación de violencia, más de un centenar de personas gozan de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cabe señalas que algunos de estos beneficiarios han sido asesinados.

Con referencia a la Medida Cautelar 54-2013, fueron asesinados el 19 de octubre del año pasado, Silmer Dionisio Geroge y José Ángel Flores, ambos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). En el caso de Flores fungía como el presidente de dicha organización, y meses antes había sido víctima de allanamiento, arresto y exhibición publica a bordo de una patrulla en Tocoa, Colón.

En el informe “El Papel de los operadores de Justicia en la violación de derechos humanos en el Bajo Aguán”, elaborado por FIAN Honduras, en sus conclusiones, se contextualiza del papel del Ministerio Público (MP) en la penalización contra campesinos y campesinas. Además, habla de cómo la figura del despojo se convierte en la antesala de estos procesos de criminalización.

Íntegramente, reproducimos las conclusiones del informe.

  • La figura del desalojo en la práctica se convierte en una pena anticipada que vulnera los derechos de defensa, del debido proceso y del estado constitucional de inocencia.
  • El Ministerio Público (MP), se ha instrumentalizado para parcializar las reivindicaciones sociales que, siendo legítimas, se penalizan.

Foto: Defensores en linea.