Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Desnudaron sus cuerpos y su demanda para que cesen las muertes violentas contra las mujeres. Este jueves la plataforma “Todas contra los Femicidios”,

llegaron a las afueras de Casa Presidencial para demandar del Estado hondureño que garantice la vida y los derechos de las mujeres.

En la entrada principal de la sede del Poder Ejecutivo, un grupo de mujeres denunció la poca respuesta de la institucionalidad del Estado para frenar los femicidios, que este año están a punto de llegar a 200 casos.

"Reclamamos el derecho a recuperar las calles y nuestras vidas. Reclamos el derecho a recuperar la seguridad en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestras madres, con nuestras hijas e hijos, con la gente que amamos. Reclamamos el derecho a expresarnos libremente, sin temor, sin angustias", puntualizó la Plataforma de Mujeres.

Cristina Alvarado, de la coordinación nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, sostuvo que esta acción está cargada de simbolismo en donde mostraron que “estamos siendo asesinadas, la matria está derramando sangre inocente y no estamos dispuestas a soportar tanta violencia, tanta tortura”.

Puntualizó que estos niveles de violencia contra las mujeres, las mantienen en “alerta roja”.

Además evidenciaron las integrantes de la Plataforma feminista, el rechazo hacia los mensajes sexistas y misóginos en los que se pretende creer que las mujeres son responsables de sus propios asesinatos.

En el comunicado citaron ejemplos donde se hace ver que algunos asesinatos contra mujeres se dan porque “forman parte de estructuras del crimen organizado” o por “crímenes pasionales”, esto último para encubrir a una sociedad machista que trata como objeto, agregó el escrito.

En ese sentido apuntó la defensora de las mujeres, que continúan a la espera de respuestas de parte de instituciones como el Ministerio Público (MP), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) entre otras y el único que se pronunció ha sido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

“Es una burla ya que en Ginebra se presentan sendos informes y nosotras estamos viviendo situaciones de violencia extremas”, habló la defensora de los derechos de las mujeres.

Esperamos respuestas prontas de la Institucionalidad que parece que está ciega, sorda y que se niega a reconocer realmente esta situación de violencia que vivimos las mujeres. La política de seguridad de este gobierno, no tiene contemplado garantizar la vida a las mujeres planteó Alvarado.

Ataque desde el nuevo Código Penal

Otro de los puntos que denunció la Plataforma “Todas contra los Femicidios” fue la discusión (y aprobación avanzada) del nuevo Código Penal, lo que consideran como un retroceso en los derechos de las mujeres.

“Es absolutamente lesivo a los derechos de las mujeres y lo que hacen es criminalizar, estigmatizar y justificar los femicidios y demás muestras de violencia contra las mujeres hondureñas”, comentó Cristina Alvarado.

En el pasado mes de mayo, el Congreso Nacional, por medio de 75 diputados y diputadas, ratificó la penalización del aborto en todas sus causales en el nuevo Código Penal, con ello desestimando una de las principales demandas del movimiento feminista, por lo menos de despenalizarlo bajo tres causales.

Alvarado agregó que este nuevo Código quiere desconocer el femicidio como un delito y colocarlo bajo otras figuras penales de menor categoría. Por lo que consideró “fundamental” usarlo legal y políticamente.

“El femicidio es un concepto político que lo hemos rescatado desde los años 90 cuando empezamos a denunciar esta violencia contra las mujeres y la violencia extrema que se expresaba en ellos”, argumentó.

Sus demandas

-La atención urgente del Estado en priorizar y dar respuesta integral a la problemática de los femicidios a través de los entes competentes: Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía de la Mujer, Fiscalía de Delitos contra la Vida, Instituto Nacional de la Mujer, entre otros.

-Una estrategia integral para el abordaje no solo de los femicidios, si no, de la prevención y erradicación de los mismos, con un planteamiento orientado hacia la atención de las familias que sobreviven a las víctimas.

-Una investigación criminal seria y competente que pueda identificar y condenar a los femicidas, además de la exigencia en la devolución del presupuesto etiquetado de 30 millones asignado en el año 2016 para la investigación de los delitos contra la vida de las mujeres.