Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-El derecho de acceder a la tierra en Honduras es negado. Alrededor del 80 por ciento de las mujeres no tienen acceso a la misma, para cultivarla, según informes de la Vía Campesina de Mujeres.

“Nosotras hicimos un sondeo de políticas públicas de los derechos de la mujer campesina pero lamentablemente ni siquiera aparecemos en los planes de gobierno de ningún partido político ni de la municipalidad y mucho menos en inversión y para incentivar el  agro del presupuesto nacional”, denunció Wendy Cruz, representante de la Vía Campesina de Mujeres.

Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas, señala el artículo 346 de la Ley de Reforma Agraria.

 “Los políticos condenan a la pobreza y discriminación de las comunidades nos dejan desigualdad con esas actividades que no nos favorecen en nada”, sostuvo, Cruz.

Mujeres mayores productoras de alimentos

Las mujeres son las que producen el 70 por ciento de los alimentos en el mundo, sin poder acceder al crédito y a la tierra, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

Acceder a la tierra es una problemática para las mujeres de los pueblos originarios. Ellas demandan que se respete la cultura y los derechos como el de acceder a la tierra para poder cultivarla.

“Las mujeres indígenas no tenemos tierras donde trabajar y es difícil también encontrar donde sembrar aunque sea alquilada o prestada para cultivar una parra de chile o tomate, nuestras tierras están siendo concesionadas sin consultarnos” denunció Gloria Márquez, mujer lenca integrante del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer (Codinca).

Además, agregó que la lengua lenca ya no se habla por que se extinguió a causa de que las políticas de gobierno excluyen la cultura, “los pueblos originarios son discriminados y nos dejan de fuera en los proyectos de gobiernos a las mujeres nos están violentando nuestros derechos y nosotras exigimos justicia y que nos tomen en cuenta”, confirmó, Marques.

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y ancestrales, estipula que se debe hacer una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre los proyectos extractivos en los territorios.

Calixta Martínez es una mujer garífuna y exige que se respeten los derechos y el convenio 169 de la OIT puesto que les prohíben ir a la playa y a la pesca por los proyectos extractivos y turísticos que hacen en sus territorios.

Martínez, pertenece al Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), explicó que ser una mujer garífuna en Honduras “no es fácil, somos discriminadas, por ser mamá no podes acceder a un trabajo, la ola de violencia que nos azota están entre ellas la migración y vemos como las mujeres huyen hasta con algunos de sus hijos de la violencia”.

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