Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). - En 15 minutos se supo cuál podría ser el futuro de los tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), condenados por el delito de usurpación,

en la Sala IV del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa. Se escuchó “tres años de prisión, más las penas accesorias”.

Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, egresados de las carreras de Periodismo, Trabajo Social y Sociología, respectivamente, fueron condenados el pasado 07 de junio por este Tribunal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que se les vinculara a las protestas en la máxima casa de estudios durante julio del año 2015. De acuerdo a sus testimonios, ellos ejercían su papel como defensores de derechos humanos.

Para la mañana de este lunes, luego de dos reprogramaciones para celebrarse esta audiencia, la parte acusadora, conformada por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la oficina del abogado general de la UNAH, instaron al tribunal para condenar a Padilla, Ulloa y Cáceres a tres años de prisión, más las penas accesorias que establece el artículo 61 del Código Penal.

“No quiero despertar de los sueños que yo mismo he construido”, dice un fragmento de una canción del grupo Pez Luna. Ese sueño de tener representación en los órganos de gobierno universitario y legítima participación estudiantil, motivó al estudiantado a reclamar, bajo el ejercicio de la protesta, estos espacios.

Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, han mostrado su rechazo a esta acción judicial, desde que se fijó la culpabilidad -hace dos meses- de los ahora egresados de la UNAH.

Sobre esta condena, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país (OACNUDH), expresó un día después de la sentencia, su preocupación por la utilización de este tipo penal (Usurpación), en contextos de criminalización de la protesta social. “Lo que presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”.

Actualmente desde el Alma Mater, se promueven 45 procesos penales contra igual número de universitarios y universitarias en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. De acuerdo a denuncias hechas por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), los requerimientos podrían abarcar hasta Comayagua, donde el estudiantado del Centro Universitario Regional del Centro (CURC), mantiene una toma de las instalaciones desde hace mas de 10 días.