Tegucigalpa (Conexihon) La Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desafió al Consejo Nacional de Protección para los y las Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia, que le había citado para que compareciera a un informe de avance de cumplimiento del acuerdo con los estudiantes y el protocolo de actuación de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA).
Julieta Gonzalina Castellanos se negó asistir a la cita, aduciendo en una comunicación enviada a la directora del Consejo Nora Urbina, que esta instancia “no tiene jurisdicción” para tratar los temas para los que se le estaba convocando.
La Ley de Protección, “reconoce el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a promover y procurar la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Erigiéndose en juzgadora del Consejo, la rectora lo acusó de “abrogarse funciones”, para las cuales no tienen potestad, ni del tema, ni de los protagonistas, en referencia a los acuerdos firmados con estudiantes.
Quienes sí comparecieron fueron los tres representantes de los estudiantes universitarios, las dos organizaciones de la sociedad civil. Los representantes de diferentes instituciones del Estado como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Conadeh, Fiscalía de Derechos Humanos y la Policía Nacional, están pendientes de presentar sus informes.
El Consejo por su parte giró una nueva citación, para que las autoridades universitarias comparezcan el próximo lunes a las diez de la mañana, en un nuevo intento por conocer la situación que se vive en la UNAH, tomando en cuenta que varios estudiantes se encuentran bajo la protección del Consejo.
La nueva invitación a las autoridades de la UNAH, fue girada en base al artículo 07 y el 53 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Para el caso el artículo siete dice: Toda autoridad civil, policial o militar, así como los particulares, están obligados a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la presente Ley para la consecución de sus fines”.
La rectora fue más allá al afirmar en su misiva, que el Consejo no tiene jurisdicción sobre los estudiantes ni sobre ellos como autoridades, todo esto a pesar que muchos estudiantes han pedido la protección del Estado como defensores del derecho a la educación.
El Consejo esta integrado por diferentes instituciones estatales y representantes de la sociedad civil y organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad (OCANUDH) y el Conadeh participan como observadores.
