Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Muera la inteligencia, ¡viva la muerte!”. Con esta frase proferida en la Universidad de Salamanca, durante la guerra civil española, se puede resumir una jornada

de violencia contra el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la semana pasada, específicamente el viernes 16 de junio.

Mientras 20 estudiantes criminalizados penalmente por las autoridades de la Máxima Casa de Estudios, eran sometidos a un proceso de audiencias de descargo por los hechos del 24 de mayo pasado, en otro sector de Ciudad Universitaria, elementos de la Policía Nacional y del Batallón especial COBRAS, ingresaron al edificio de Química y Farmacia, reteniendo a seis estudiantes.

Por espacio de una hora, la fuerza armada ingresó al edificio y permaneció en el lugar ante una supuesta acción de toma del edificio. Al conocer la situación, un grupo de defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), se trasladaron para conocer la situación de los retenidos y retenidas. 

También se hizo presente un nutrido grupo de estudiantes condenando este hecho.

Al conocer los nombres de los universitarios y universitarias, el estudiantado que estaba alrededor del edificio, dio un plazo de 15 minutos para que sus compañeros y compañeras fueran puestos en libertad, lo que no ocurrió.

Por una de las entradas del campus universitario de Tegucigalpa, ingresaron más efectivos policiales y comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y los que permanecían dentro del edificio de química y farmacia, rompieron los vidrios de las puertas principales e hicieron gala de un nuevo escenario de represión esta vez dentro de la UNAH. Los seis estudiantes, fueron detenidos y trasladados a la jefatura Metropolitana número uno (Core 7), en el centro de Tegucigalpa.

Mientras que en las instalaciones del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), los 20 jóvenes desde las ocho de la mañana enfrentaban a un tribunal inquisidor de autoridades universitarias y de personal de la oficina del abogado general de la UNAH.

El nombre de esta veintena de estudiantes son: Norberto Cardona, Henry Orlando Rodríguez de Vicente, Josué Armando Velásquez, Jorge Elías Velásquez Contreras, Carlos Moisés Torres, Mario Miguel Valladares Guevara, Nery Yancarlos Gómez Cruz, Juan Carlos Hernández Lanza, Oscar René

20 estudiantes
Parte de los 20 estudiantes criminalizados desde el 25 de mayo, mientras daban una conferencia de prensa un día antes de su audiencias de descargo.

Barahona, Nancy Paola Cruz García, Jessy Nataly Sánchez Santos, Emmy Nohemy Jiménez Zelaya, Joseph Emmanuel Miranda Hernández, Marcio Noe Silva, Kevhin Ricardo Espinal Ramos, Reveca Elvir Mayorquin, André Johan Gómez Jeronimo, José Manuel Seren, Ronnie Huete Salgado (Periodista) y Allan Moisés Alcerro Martínez.

Esta serie de audiencias de descargo terminaron hasta en horas de la tarde, sin importar la represión que se desarrollaba en otro punto del campus.

Un equipo de C-Libre que estuvo durante estas acciones, constató la forma en la que los miembros de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), sostuvieron una actitud intimidante contra los y las estudiantes. Al punto de tomarles fotografías y registrarlos como si portaran arma alguna que pudiera engendrar violencia.

La estrategia

En conferencia de prensa, posterior a una acción de protesta realizada por las carreras de Ingeniería y Sociología en Tegucigalpa, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos expuso que continuarán ejerciendo acciones legales contra estudiantes que realicen acciones de protesta en los predios universitarios.

Un reporte del periódico institucional de la UNAH “Presencia Universitaria” replica las declaraciones de Castellanos y en una nota sobre el tema dice:

“Luego de conversaciones sostenidas entre autoridades de la Máxima Casa de Estudios el 13 de junio del presente año, con representantes de operadores de justicia se acordó agilizar el proceso legal para desalojar en el menor tiempo posible a las personas que se toman los portones y edificios en donde se imparten clases o se desarrollan actividades académicas o administrativas”. 

Lo que llamaron “Agilizar”, es el resultado de lo ocurrido tanto en las instalaciones de la Universidad en el Valle de Sula (UNAH- VS), como en Ciudad Universitaria. En Valle de Sula, el jueves en la noche, un grupo de universitarios y universitarias sostuvo una toma de las instalaciones. En horas de la madrugada del viernes, una jueza junto a elementos policiales instigó a los y las jóvenes a suspender la protesta o podrían ser desalojados y capturados.

Suman los procesos penales

Con las acciones realizadas contra un total de siete estudiantes de la UNAH, las autoridades cumplen con lo dicho en la conferencia de prensa.

Daniel Morales UNAH VS
Daniel Morales. Estudiante de UNAH-VS criminalizado recientemente. Foto: MADJ

En el caso de UNAH-VS, Daniel Morales, fue detenido en la mañana del viernes mientras fuerzas policiales en el campus ingresaron con el objetivo de capturas a quienes mantenían la acción de protesta. Morales fue llevado a una posta policial siendo objeto de golpes y otros tratos humillantes por parte de la Policía.

En horas de la madrugada del sábado, se le realizó la audiencia de declaración de imputado, en la que Morales fue representado por el abogado Ariel Madrid, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

El universitario recibió medidas sustitutivas contrarias a la prisión, luego de permanecer 20 horas en calidad de detenido en una celda en condiciones inhumanas donde predominaba los malos olores (heces fecales y orines), denunció el MADJ en su página oficial en la red social Facebook.

Mientras que en Tegucigalpa, Génesis Aracely Andino, Karen Giselle Reyes Pineda, Tiffany Nicole Zúñiga, Gloria Sarahí Mejía, Any Raquel Blanco Navarro y Tony Jossel Barahona Cruz; capturados el viernes, recibieron iguales medidas que el caso de UNAH VS, en audiencia celebrada la mañana de del sábado.

El Ministerio Público los acusa por los delitos de usurpación y privación injusta de la libertad, igual que el caso que se les sigue a las 20 capturados y capturadas en la madrugada del 25 de mayo, bajo el mismo escenario, desde el año 2014 con expulsiones de 16 estudiantes y en el 2015 con la criminalización de Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, dentro del campus universitario. 

La apoderada legal de ellas y él, Kenia Oliva detalló que las medidas impuesta fueron“…es que quedan bajo al cuidado de sus padres y vamos a recibir informes de organizaciones de derechos humanos y les está prohíbo comparecer en manifestaciones que sean dentro de la universidad”.

En cuanto a la figura que se les imputa a los seis jóvenes de privación ilegal de la libertad, Oliva cuestionó el hecho de que las supuestas víctimas, que serían trabajadores universitarios del edificio de Química y Farmacia o conocido como I1, no presentaron la denuncia y sin embargo fueron acusados por este delito.

Este próximo jueves, los Juzgados de Tegucigalpa decidirán en audiencia inicial si envía a prisión a 20 defensores y defensoras de la educación pública, o les otorga una libertad, ya sea definitiva o condicional para seguir con el proceso penal en su contra. Para Julio, se espera una audiencia inicial contra los últimos capturados y capturadas así como la individualización de la pena contra Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, si antes no ocurre el milagro del respeto a los derechos humanos en la máxima casa de estudios.

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