Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En el marco de la discusión y aprobación de un nuevo Código Penal en esta semana, la Articulación 611 y la Coalición Contra la Impunidad, denunció este martes que

el mismo carece de transparencia dentro y fuera del Congreso Nacional (CN), y que no cambia su línea encaminada a criminalizar sectores sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos en el país.

En conferencia de prensa realizada en las cercanías de la sede del legislativo, las más de 50 organizaciones sociales que conforman la Articulación 611 y la Coalición Contra la Impunidad, afirmaron que desde el año anterior y lo que va del presente, trabajaron en la consolidación de un documento que fue presentado a la Comisión de Dictamen en el Congreso, así como al grupo de consultores internacionales que asesoran el Código, sin embargo el mismo no ha sido atendido para su próxima aprobación.

“A pesar de haber tenido reuniones consecutivas, nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta en la redacción del documento final del Código, específicamente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, criminalización de la protesta y despenalización del aborto por tres causales, entre otros”, sostuvieron las organizaciones de Sociedad Civil a través de un comunicado entregado a los medios de comunicación este día.

En relación a la falta de transparencia, varios diputados y diputadas han manifestado de manera pública que “desconocen el contenido total de este nuevo Código Penal, así como del dictamen y los artículos de discusión de este texto”, expresa el documento.

El desconocimiento de la población en general del contenido de este nuevo Código Penal es casi total, lo que resulta incompatible con el carácter público que debería concedérsele a la aprobación de una ley penal que tiene como finalidad regular las relaciones en la sociedad para evitar agresiones, y en caso de que se produzcan sancionarlas conforme a sus disposiciones.

En camino instauración de un régimen de control social

La aprobación de leyes y reformas en materia penal en los últimos tres años, confirma que el guion de control social no ha variado en el país, lo que conlleva a una instauración de un régimen de control social de la ciudadanía, opinó el abogado Guillermo López Lone, de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), adherida a la articulación 611 y a la Coalición Contra la Impunidad.

“Lo que se está instaurando es un régimen de control social de la ciudadanía, de los movimientos sociales lo que nos está llevando a un régimen policiaco, estamos degradando el Estado de Derecho como sucedió con el golpe de Estado (2009) dónde colapsaron las instituciones de seguridad; y la mayor parte de las conductas dirigidas a protestar, a reaccionar, a oponerse tendrán como consecuencia la criminalización y penalización, con el riesgo y sufrimiento de caer en prisión”, describió López Lone.

Temas esenciales como la protesta social y la despenalización del aborto por al menos tres causales, cruzan todo el Código Penal pero los diputados y diputadas no tienen respuestas a éstos, lamentó.

Lo anterior, a criterio del profesional del derecho, es la evidencia que tanto en el Congreso Nacional y bajo la línea del régimen de Juan Orlando Hernández (presidente de Honduras), no les interesa garantizar el respeto por los derechos humanos y desconocen los protocolos y tratados internacionales en esta materia.

Mientras en el palacio legislativo se discute y posiblemente se apruebe un nuevo Código Penal encaminado a no garantizar los derechos de la ciudadanía hondureña, es un momento oportuno para sentar nuestra posición al respecto, planteó el abogado López Lone.

Además, cuestionó el papel de la comunidad internacional en el país, específicamente la Cooperación Española a quien la señaló de respaldar la iniciativa que se discute del nuevo Código sin tomar en cuenta las consideraciones hechas desde las organizaciones de derechos humanos.

Las demandas de la Articulación 611

Que se abra un proceso de socialización de este nuevo Código Penal con la participación de la ciudadanía generando un proceso de validación que cuente con el aval de las distintas regiones y municipios del país.

Que la Comisión de Dictamen incorpore las propuestas realizadas por nuestra articulación al documento de Nuevo Código Penal, pasando estas propuestas a la gran mayoría de diputados/as del Congreso Nacional, sus diferentes bancadas y de forma específica a la Comisión de Dictamen.

Que las propuestas de sociedad civil al Nuevo Código Penal sean discutidas y socializadas en el pleno del Congreso Nacional.

Que en caso de no incorporarse las demandas planteadas por organizaciones de sociedad civil estaríamos expresando nuestro total repudio a un proceso que no ha sido ampliamente socializado, analizado y compartido con el pueblo hondureño, que es a quien nos debemos.

Para la tarde de este día, se tiene contemplado la discusión de un nuevo Código Penal,  que dentro de los 611 artículos que lo componen, existe criminalización a la protesta, penalización del derecho a decidir de las mujeres y a quienes defienden el territorio y los bienes comunes de la naturaleza. En manos de los diputados y diputadas está orientar el rumbo de garantizar que esto no suceda.