Desde distintos territorios de Honduras, varias organizaciones de pobladores de grupos indígenas manifestaron su preocupación, respecto a los conflictos socioambientales y el grado de vulneración a los Derechos Humanos de los y las defensoras.

Tegucigalpa, Honduras.( Conexihon)-. Así se encuentran las organizaciones que integran la Red Hondureña por Escazú (RHE), según los expresaron en conferencia de prensa.  “Manifestamos nuestra preocupación y rechazo al uso indiscriminado de la fuerza y el abuso de poder por parte de elementos de Seguridad y Defensa, los que, respaldados en las reformas del Código Procesal Penal, continúan con una política de despojo territorial, criminalización y judicialización contra los defensores y defensoras de los bienes comunes” cita la comunicación institucional de la RHE.

En declaraciones de Mary Manchamé, a CONEXIHON.COM, expresó su exigencia al gobierno de la República que preside Iris Xiomara Castro “Se adhiera al Acuerde de Escazú”; que comprende la protección de todos los bienes que confirman el territorio nacional de Honduras.

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En el marco de la conferencia de prensa, los representantes que integran la Red Hondureña por Escazú, hicieron pública su preocupación y rechazo al uso desproporcional de la fuerza y el abuso de poder por parte de elementos de Seguridad y Defensa, quienes argumentando las reformas del Código Procesal Penal, ejecutan una política de despojo territorial, criminalización y judicialización contra toda persona defensora o defensor de los bienes comunes, que entre algunos casos se destaca:

El caso de Punta Gorda,comunidad en donde elementos de la Policía Nacional han hecho uso indiscriminado de la fuerza, violentando la integridad y la vida de los defensores y defensoras, así como el derecho ancestral que les confiere el habitar por más de 200 años la zona.

La criminalización contra Reynaldo Barahona por la defensa de los bienes comunes del pueblo Tolupán; y Christopher Castillo, por su lucha permanente contra la instalación del proyecto ZEDE; ambos defensores están siendo intimidados y estigmatizados por grupos de poder económicos y políticos que pretenden continuar con el despojo de los bienes comunes de la naturaleza.

El caso de Tierras del Padre, zona en donde existe la amenaza latente a desalojos y despojos de tierra, vulnerando a más de 100 familias que habitan el territorio indígena Lenca.

“todos estos casos han sucedido en menos de un mes y tienen que ver con una conflictividad de la tierra y territorio en el país”, declaró Lucia Vigil; integrante del Acuerdo de Escazú.

Respecto a casos de conflictividad de la tierra en el país, destaca uno que desde el Comité por la Libre Expresión se le da una amplia cobertura desde hace algunos años. Aquí se ven involucradas cerca 200 familias aproximadamente, y quienes viven en zozobra desde el momento que el empresario y conocido terrateniente del país, Mario Facusse, mediante sus apoderados legales amenaza con desalojarles, el próximo 23 de noviembre del presente año, aduciendo ser el dueño del terreno en que habitan.

Helin Moncada, madre de familia y parte de la comunidad Lenca en TIERRAS DEL PADRE, del Kilómetro 13, carretera al Sur de Honduras dice que este desalojo va tirar al suelo todo los cultivos de las familias que viven de la producción de la tierra, y que además es un acción fuera de ley.

Hemos tratado que las autoridades judiciales puedan ver que el desalojo es algo que no debería de proceder, pero las autoridades judiciales no aceptan, por ser racistas, comentó Pedro Celestino Lagos, Presidente de la Comunidad Indigena Lenca Tierras del Padre.

En el caso que la presidenta Iris Xiomara Castro acceda a integrar el grupo de naciones que integran el Acuerdo de Escazú, permitiría una apertura de las puertas para que Honduras avance en un verdadero reconocimiento de la labor de defensoría territorial, justicia ambiental y acceso a la información.

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