Por: Roxana Vásquez.

Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON). – El vaciado telefónico y otras pruebas relacionadas con las intervenciones, escuchas y la vinculación telefónica son consideradas como puntos “cruciales” para determinar el grado de participación de los acusados del asesinato de Berta Cáceres.

Este 11 de mayo de 2021, concluyó una de las etapas más importantes del proceso con la evacuación de la mayoría de las pericias del Ministerio Público y la acusación privada que representa al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la familia Cáceres. Después de dos semanas de iniciado el juicio en contra de David Castillo Mejía acusado de ser coautor del asesinato de la lideresa indígena ambientalista, Berta Isabel Cáceres.

“Hoy, después de más de una semana, se ha terminado la evacuación de un bloque crucial de medios de prueba: peritajes de extracciones telefónicas de las personas que participaron en la estructura criminal detrás del asesinato de Berta Cáceres, las cuales implicaron a altos funcionarios, la elite hondureña, seguridad del Estado y el Poder Judicial en una larga campaña de desprestigio, difamación, criminalización contra Berta y el COPINH y que culminó en el feminicidio de Berta Cáceres”, leía uno de los mensajes en el canal de transmisión oficial de noticias de Telegram del COPINH.

El proceso en contra de Castillo Mejía ha transcurrido una serie retrasos provocados por su equipo de defensa sin preocupaciones de los órganos administradores de justicia, el 10 de mayo, del presente año, el pleno de la sala número 22, de la Corte Suprema de Justicia  declaró sin lugar el último de una serie de recursos legales que Castillo Mejía, ha interpuesto para “dilatar el proceso”, señaló el COPINH.

En un boletín informativo del Poder Judicial se informaba que los magistrados y magistradas denegaron “el Recurso de Amparo interpuesto por la defensa del señor David Castillo Mejía, presentado contra la resolución de la Corte de Apelaciones Penal, que declaró sin lugar en septiembre de 2020 la recusación interpuesta contra el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, que conoce del delito de asesinato contra la ambientalista Berta Cáceres”. 

El proceso en contra de Castillo Mejía mantiene a muchos sectores de la sociedad a la expectativa del resultado de este proceso. Según el reconocido miembro de la sociedad civil, el padre Ismael Moreno Coto, conocido como el padre “Melo”, el asesinato de la coordinadora del COPINH “fue complot de estructuras criminales bajo apariencia de empresas legales, financiadas por altos empresarios en asociación con políticos y funcionarios públicos”.

Se espera que con los medios de prueba evacuados durante este juicio se pueda proceder en un futuro a acusar a los autores intelectuales del crimen, que según ha reiterado en muchas ocasiones el COPINH son algunos integrantes de la familia Atala Zablah, quienes eran socios y accionistas de la empresa “Desarrollos Energéticos, S.A.” también conocido como DESA.

Hasta la fecha, por el asesinato de la lideresa indígena han sido sentenciados: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, condenados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

De acuerdo con un reporte de la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso de América Latina para ser defensor/a del medioambiente. Según el informe publicado en enero de 2017 bajo el título “Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet” (Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta), más de 120 personas han sido asesinado por grupos militares o paramilitares cuando ejercían su derecho a la defensa del territorio y del medioambiente. 

Uno de los factores que destaca este informe, lo que contribuyen con una atmósfera tan violenta es la impunidad en contra de los perpetradores de estos crímenes. El informe se encuentra disponible en: https://tinyurl.com/GlobalWitnessHN

Berta Cáceres, la ex coordinadora del COPINH, fue asesinada la medianoche del 2 de marzo del 2016 en su casa de habitación de la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá. La organización indígena lideraba una batalla por los derechos colectivos sobre el río Gualcarque, río sagrado para el pueblo lenca, uno de los afluentes del río Otoro, que forma parte de la cuenca del río Ulua. El río nace en un área montañosa de la reserva biológica Opalaca.

Desde el año 2006 la empresa Sinohydro, el Banco Mundial y la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) han hecho preparaciones para construir cuatro represas sin consultar a los pueblos que habitan estas localidades, entre ellos, el proyecto Agua Zarca, construcción que empezó en 2012.

 

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