Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, junto con un grupo de abogados, denunció este martes 26 de enero, a fiscales del Ministerio Público (MP), agentes de la Policía Nacional (PN), Jueces y Magistrados por actos arbitrarios en contra del derecho a defender la naturaleza.

Los defensores y las defensoras junto a su equipo legal denunciaron por acusación falsa, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y omisión de los deberes de los funcionarios a los fiscales Suyapa Aguilera, Héctor Daniel Velásquez, Martínez, Franklin Josué Rodríguez, Wilberto Isael Sánchez y Sayda Jackeline Vallecillo, todos asignados al MP en el municipio de Tocoa.

La acción legal fue presentada en conjunto con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Bufete Justicia para los Pueblos y la Convergencia Contra el Continuismo.

Además, denunciaron a los agentes policiales Óscar Álvarez y Wilmer Márquez por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato judicial; y a los Magistrados de la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional por los mismos delitos.

Justicia tardía

Ocho defensores del río Guapinol, hace más de un año están privados de su libertad, ellos son: Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez.

El Bufete “Justicia por los Pueblos”, expuso que las autoridades judiciales tienen obligación de cumplir con la constitución, CPP y tratados internacionales en su fallo. Además, “deben considerar la fianza que fue ofrecida, un derecho constitucional”.

El Bufete Juridico añadió que “en diciembre del año 2020, después de más de año de espera para la audiencia de revisión de medidas la Jueza Zoé Guifarro en Tocoa denegó sustituir la medida de prisión preventiva para los defensores de Guapinol y que el fallo no tenía fundamento jurídico y por lo tanto apelamos”.

La semana pasada, después de un retraso injustificada en Tocoa, la apelación fue trasladada a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, integrada por las magistradas Irasema Guillén, Rubenia Galeano así como los magistrados Jimmy Chirinos y Garín Enoc Urquía.

Mientras pasa el tiempo para pronunciarse, familiares de los defensores privados de libertad junto al Comité Municipal y organizaciones aliadas se pronunciaron en las calles de Tocoa, en el Palacio de Justicia de La Ceiba y frente del MP de Tegucigalpa, exigiendo su libertad.

El abogado Carlo Jiménez, explicó que existe preocupación en los familiares, las comunidades y el equipo legal, sobre la situación de los privados de libertad por defender el río Guapinol y río San Pedro.

La Corte de Apelaciones de La Ceiba, debe tomar en cuenta la caución ofrecida, lo cual en base a la Constitución de la República de Honduras los habilita para poder ser puestos en libertad inmediata.

Se debe considerar que, cuando el caso se elevó a la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, ellos retuvieron el expediente durante casi un año impidiendo así buscar las causales judiciales para que los defensores recobrarán su libertad antes, añadió el abogado.

 

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