Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Al menos 127 organizaciones de derechos humanos denunciaron que el titular del poder ejecutivo, Juan Orlando Hernández (JOH) y Max González, ministro de  la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), son los responsables directos de las pérdidas humanas y las condiciones indignas en las que se encuentran miles de damnificados durante las emergencias de las tormentas tropicales Eta y Iota en Honduras.

“El análisis del impacto de estos fenómenos naturales no puede reducirse a lo fenomenológico ya que sus efectos pudieron mitigarse en términos de pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales con una gestión institucional con mayor sentido de responsabilidad y prevención”, denunciaron en un comunicado de prensa, la Coalición contra la Impunidad Honduras, la Coalición Anticorrupción, la Convergencia contra el Continuismo, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, la Mesa de Derechos Humanos, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Al respecto, el defensor de los DDHH, Donny Reyes, de la Coalición Contra la Impunidad Honduras, anunció, “este recurso de Amparo es por la inacción del gobierno de Juan Orlando Hernández y el ministro González por haber puesto las condiciones de inoperancia de la calamidad y precariedad en que nos encontramos los y las hondureñas este día, es importante que la sociedad estén vigilantes, presta para movilizarnos y salir a las calles para no seguir manteniendo un Estado de inacción y que violenta los Derechos Humanos”.

Mal manejo de la emergencia

“Nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar esta acción que está dirigida fundamentalmente a consignar la responsabilidad del señor que está usurpando ilegalmente la presidencia del país, JOH del que dirige COPECO, como responsable del mal manejo y la ninguna atención que proporcionaron a la población afectada por ambos huracanes, los funcionarios públicos tienen la alta responsabilidad en el sentido de garantizar los derechos humanos de la población especialmente en estos contextos de emergencia”, sostuvo Hilda Rivera de la Coalición Contra la Impunidad Honduras.

Además, agregó “los funcionarios ya tenían información previa sobre el huracán ETA que debió ser tomado en cuenta para evacuar a la población y asegurarles su vida por lo menos, sin embargo hicieron caso omiso y su acción fundamental fue a promover las vacaciones de la semana morazanica y además el señor Max que dirige COPECO, es un irresponsable porque no tienen ni las capacidades para atender una emergencia como las que hemos estado viviendo en estos días”.

Según datos oficiales de COPECO indican que los huracanes dejaron casi cuatro millones de afectados, sin embargo, hasta la noche del 22 de noviembre las autoridades solo habían habilitado albergues para 89,000 personas, reportaron 26,828 viviendas afectas, 1,370 dañadas y 353 destruidas, 32 puentes destruidos y 45 dañados, 69 comunidades incomunicadas, 173 carreteras afectadas.

Respecto a la situación epidemiológica del COVID-19, según información actualizada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) al 30 de noviembre 2020, se reportan 108,253 casos confirmados y 2,918 fallecidos. La tasa de incidencia nacional aumentó a 1,110 casos confirmados por 100,000 habitantes.

Ineficiente atención de damnificados 

“Existe responsabilidad por la ineficacia e insuficiencia en la atención de las personas afectadas, alojadas en condiciones indignas en albergues en todo el territorio nacional, expuestas a peligros, como los casos de violencia sexual en contra de niñas y niños, mismas que han sido reconocidas por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)”, sostuvieron las organizaciones en un comunicado público frente a la CSJ.

“Este amparo tiene la finalidad que se le restituya sus derechos a la vida, salud, alimentación y particularmente en relación al riesgo al que está expuesta la población damnificada de contagio por COVID-19, debido a las condiciones indignas de los albergues en todo el territorio nacional, la falta de insumos de bioseguridad, la imposibilidad de distanciamiento social por el hacinamiento y luego también en relación a su derecho a la alimentación ya que informes indican que en estos albergues hay personas recibiendo menos de dos tiempos de comida diario”, explicó la abogada Heydi Alachán.

De igual forma, explicó que en el recurso es en contra de las omisiones o producto de las funciones del presidente de la república, la Secretaría de Salud a través de su titular Alba Consuelo y también contra el ministro de COPECO.

Los organismos de DDHH, exigieron que se inicien procesos de investigación a las instituciones estatales, las organizaciones, y las empresas privadas relacionadas con el gobierno ligadas a las crisis por COVID-19. Con respecto a la responsabilidad en los actos de corrupción vinculados a la gestión de la pandemia que profundizó las condiciones de un acelerado agravamiento de la situación del país con el paso de los fenómenos meteorológicos, lo que ha dado lugar a la supresión de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la propiedad, al trabajo, a la protesta, y la falta de acceso a la justicia.

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